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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a la Cámara de Diputados hacer modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, a fin de no violentar el derecho a la libertad de expresión de las radios comunitarias.
Por lo anterior, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara Baja aprobó una propuesta de modificación al dictamen, a fin de inhabilitar de tres a cinco años a titulares de alguna concesión o autorización que, habiendo sido revocados, pretendan obtener nuevas concesiones.
La presidenta del órgano legislativo, Lia Limón García (PVEM), explicó que la adenda busca gradualidad en la sanción, ya que el dictamen original, aprobado por la comisión el pasado 4 de octubre, establece un plazo por cinco años, es decir, considera una pena única.
“Con esta modificación, la autoridad podrá ponderar y tomar una decisión si el hecho amerita una sanción de tres o de cinco años”, específico.
La modificación al dictamen atiende recomendaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien por medio de una carta expuso su preocupación respecto a que la reforma pudiera inhibir la libertad de expresión.
Solicitó atender un criterio de derechos humanos en el que la pena privativa de la libertad "debe ser la última razón".
La adenda aprobada al Código Penal Federal, en su artículo 172 Ter, agrega un párrafo para que el juzgador considere si hubo la existencia de fines de lucro esto, atendiendo a Naciones Unidas respecto a la posible afectación a las radios comunitarias o sociales.
La diputada Limón García recalcó que atendiendo a aquellas que aún no hubieran obtenido su permiso “si se trata de una radio sin fines de lucro, no ameritará sanción penal porque no puso en riesgo la vida de nadie”.
Destacó que la reforma no va dirigida a afectar o sancionar a estas radios, sino a quienes operan de manera ilegal.
Dijo que la libertad de expresión, de acuerdo a documentos de relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se inhibe cuando se va contra la línea editorial, pero “este no es el caso".
“No hay una intención de inhibir la libertad de expresión, cualquier periodista tiene absoluta libertad de decir lo que considere pertinente y de ninguna manera se está revisando el contenido cuando se sanciona a alguien”, afirmó.
La reforma, detalló, busca un bien jurídico que es el espectro radioeléctrico y la vida de las personas, ya que el IFT refiere que el uso ilegal del espectro puede causar interferencia en los vuelos y poner en riesgo la vida de las personas al no tener detectada esa frecuencia.
