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El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que el balance en esta materia a lo largo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto “no es favorable”, pues México, afirmó, no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de las garantías fundamentales.
Ante el Presidente de la República, afirmó que en este sexenio hubo violaciones graves a los derechos humanos y que los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán “marcaron” a esta administración.
“Un dato que resulta relevante señalar es que durante la administración a su cargo [dijo a Peña Nieto], México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos, ni retirado aún algunas reservas que forman parte de nuestro sistema jurídico mexicano”, señaló.
Además, lamentó que no haya una voluntad real para atender en su totalidad las recomendaciones de la comisión en casos como el de Iguala y que, más allá de lo que se sostenga en el ámbito discursivo, en México las estrategias de seguridad continúan teniendo un carácter eminentemente reactivo, dejando de lado la prevención.
González Pérez advirtió que en el periodo 2012-2018 tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente el Estado de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició este gobierno, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad-violencia, impunidad-corrupción, desigualdad-pobreza.
Al entregar al Ejecutivo el Informe Anual de Actividades 2017 de la CNDH, dijo que el dolor y el sufrimiento derivado de las miles de personas que han sido privadas de la vida, lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito, es algo que no se puede cuantificar ni reparar.
“Son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante este periodo. El miedo a los alcances de la violencia subsiste y ha generado desesperanza entre la sociedad, distanciamiento hacia las instituciones y desconfianza en las autoridades”, dijo ante representantes de organismos internacionales, legisladores y defensores de derechos humanos.
En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, afirmó que la sociedad clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca, así como para que la corrupción se sancione y prevenga. “Reclama [la sociedad] que se reduzca la desigualdad mediante políticas económicas que propicien el desarrollo y logren una reducción real de la pobreza”, dijo.
Señaló que en la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la CNDH y la UNAM, se puso en evidencia la urgencia de realizar una revisión y replanteamiento de las políticas públicas en el área de seguridad y justicia.
“México tiene una institucionalidad débil. Es preciso desvincular la integración y operatividad en nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole. Requerimos estructuras políticas profesionales de administración (...) con independencia de quien asuma la titularidad de una dependencia del Poder Ejecutivo”, dijo.
Enfatizó que es necesario abatir los cotos de poder dentro del servicio público y tener una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y esquemas a rendición de cuentas que, sin inhibir el ejercicio de sus funciones, dé certidumbre a la sociedad.
