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Lima.— La VIII Cumbre de las Américas concluyó ayer en Perú con un fuerte ataque a la corrupción hemisférica, al aprobar por aclamación el Compromiso de Lima, que exigió ejecutar un estricto control de los “ingresos y gastos” de las organizaciones y partidos políticos, “principalmente de sus campañas electorales”, para garantizar el “origen lícito” de los aportes financieros y sancionar la “recepción de contribuciones ilícitas”.
Los gobernantes americanos abogaron en el compromiso por impulsar la “transparencia fiscal” y la rendición de cuentas, prevenir “la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas” y avanzar en la cooperación jurídica internacional para combatir “al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos”.
Al comprometerse a propulsar “la adopción o fortalecimiento de medidas” para “permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción”, anunciaron que adoptarán acciones “efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales”.
La cumbre, de dos días, terminó ayer a las 15:51 hora local (mismo tiempo del centro de México) en el Teatro Nacional, de Lima, con la presencia de 33 comitivas de los 35 países del continente.
En el compromiso, que planteó 57 vías de lucha anticorrupción, los mandatarios urgieron a defender el acceso a la información, proteger a los denunciantes de irregularidades y los derechos humanos, “incluyendo la libertad de expresión” y resguardar “el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción”.
Exhortaron a “considerar la adopción de instrumentos legales que podrían restringir el acceso a la función pública de personas condenadas por actos de corrupción”.
Sobre la corrupción en contratos y obras estatales, acordaron reducir la burocracia y simplificar los trámites “en todos los niveles de gobierno para la prevención de la corrupción”, asegurar la transparencia, publicidad y una “efectiva rendición de cuentas” y promover “la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado y de asociaciones público-privadas”.
La cumbre, convocada bajo el lema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, pactó fomentar “la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional”.
También resolvió fortalecer “la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales”, promocionar “códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética, probidad, integridad y transparencia” e instar a que los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de información financiera para prevenir conflictos de intereses.
Los mandatarios decidieron reforzar “la capacidad de la policía, fiscalía, Poder Judicial y órganos de control interno” para combatir los actos de corrupción, “incluyendo aquellos vinculados al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y otras armas, y el comercio ilícito de mercancías y de fauna silvestre”.
