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A menos de un mes de que termine el mandato del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) acusó el posible desvío de mil 500 millones de pesos del Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Águeda Galicia Jiménez, secretaria general del SUTSEM, afirmó que el dinero del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado —que se mantiene de las aportaciones patronales y descuentos directos a las nóminas— lo maneja el gobernador por medio de la Secretaría de Finanzas.
“Hacemos un cálculo del número de trabajadores que cotizamos, aumentos aplicados, intereses de la inversión, de mil 500 millones de pesos, pero no sabemos si en verdad siguen ahí. En Nayarit hay una corrupción enorme, presentamos demandas ante la fiscalía contra el gobernador y no proceden; los trabajadores están hartos del gobierno de Sandoval”, enfatizó.
Comentó que quien tendría que administrar el dinero es la Dirección General del Fondo de Pensiones, pero que de manera ilegal la Secretaría de Finanzas es la encargada unilateralmente del manejo del dinero.
“Desde que entró el gobernador en funciones a la fecha no hemos tenido información del dinero; hay una serie de irregularidades y no sabemos si aún existe ese dinero”, expresó.
Recordó que han intentado por diversos medios acceder a la información, pero que no ha sido posible. Se han realizado acciones jurídicas y protestas en las calles, sin resultados, destacó Galicia, quien insistió en que hay ilegalidad del gobierno del estado al operar unilateralmente el fondo de pensiones a través de la Secretaría de Finanzas.
Explicó que, de acuerdo con la ley, ese fondo tendrá como representante a un integrante del sindicato, así como dos funcionarios, entre ellos el gobernador que funge como presidente del Comité de Vigilancia.
“Pero ha habido una serie de irregularidades y no sabemos si hay o no dinero, porque a nuestro representante no lo llaman a las reuniones. El fondo lo maneja la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, y no la dirección del fondo de pensiones; es ilegal todo lo que han hecho con el manejo del dinero”, aseguró.
La líder sindical detalló que se dieron cuenta del posible desvío del dinero porque alguien intentó retirar 190 millones de pesos, que son parte del fondo de pensiones, que se invirtieron a 10 años.
“Hay una inversión a 10 años de 190 millones, que se hizo con parte del dinero del fondo que han tratado de sacarlos, pero como está a plazo no lo pueden tocar, esto nos lleva a pensar que ya no existe más dinero. Necesitan la firma del sindicato para retirar la inversión”, subrayó.
Águeda Galicia agregó que esperarán a que entre la próxima administración para hacer los cálculos y buscar si el dinero sigue en una cuenta, de la que ellos no saben cuál es, y de no ser así proceder a una denuncia.
De acuerdo con la Ley de Pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, en su artículo cuarto menciona que la administración del Fondo de Pensiones estará a cargo de un Comité de Vigilancia y de una Dirección General.
Que el Comité de Vigilancia estará presidido por el gobernador o la persona que designe, y se integrará con un representante de la Secretaría de Finanzas; Secretaría de la Contraloría General y un representante del SUTSEM.
Por otra parte, las atribuciones del director del fondo serán presentar al comité los proyectos de presupuestos anuales de ingresos y egresos, del plan de inversiones y del calendario de labores del fondo.
Presentar los estados mensuales de contabilidad, balances anuales y cortes de caja del patrimonio, organizar y administrar al fondo; convocar a sesiones ordinarias y las que fueren necesarias para el desahogo de los asuntos del comité, entre otras.
Mientas que el Comité de Vigilancia elaborará y aprobará su presupuesto, revisar los estados contables mensuales y los balances anuales del patrimonio, así como rendir los informes para la presentación de la cuenta pública.
Así como dictar medidas tendientes a la administración del patrimonio y autorizar sus inversiones, entre sus principales funciones que detalla la ley de pensiones para los trabajadores al servicio del estado.
