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Bruselas.— En el proceso que inició en Stuttgart contra seis ex empleados de la casa armamentista alemana Heckler & Koch (H&K), se expuso el tipo de transferencias que habrían tenido lugar en un contexto de corrupción, en el que estaría involucrado el general de división en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, entonces director de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien supuestamente pidió entre 25 y 20 dólares “de mordida” respectivamente por cada fusil y pistola alemana.
El fabricante, con sede en Oberndorf am Neckar, habría transferido a México 9 mil 472 fusiles G-36 entre 2006 y 2009, algunos de los 4 mil 767 habrían ido a parar a Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, cuatro entidades vetadas por Berlín por corrupción y violaciones a las garantías individuales por parte de las fuerzas del Estado.
Al inicio del proceso la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México se pronunció a favor de frenar la transferencia de pistolas, ametralladoras, rifles, granadas de mano, minas terrestres y pequeños morteros a México. “No debe autorizarse la exportación de armas a México mientras exista un riesgo de que éstas puedan facilitar o ser empleadas para violar los derechos humanos”, dijo a EL UNIVERSAL Carola Hausotter, coordinadora de la red que agrupa a diversas organizaciones e instituciones alemanas.
“Alemania ha dejado de enviar armas de fuego, esperamos que otros países se sumen como resultado del proceso abierto en Stuttgart”.
El Ministerio Federal alemán de Economía y Energía, reporta que en 2016 la mayor economía de la Unión Europea transfirió a México equipo militar de paracaidismo, navegación y comunicaciones por un valor cercano a 6 millones de euros.
“Pero antes envió miles de armas teniendo conocimiento de la precaria situación de derechos humanos”, denuncia Hausotter.
Luego de ocho años de espera, el Tribual Regional de Stuttgart finalmente inició este martes el juicio contra seis funcionarios de H&K por la venta ilegal de miles de fusiles tipo G-36 a México.
Unidades de dicho arsenal llegaron a manos de la Policía de Iguala, y al menos tres de los fusiles transferidos fueron disparados la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
