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El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará a la administración de Andrés Manuel López Obrador al menos cuatro casos emblemáticos de corrupción, que en el ámbito judicial no han sido concluidos.
El primer caso es el de la constructora brasileña Odebrecht, en el que a pesar de que la PGR ha señalado, desde 2017, que ha concluido la investigación no se ha dado a conocer su resultado, si existen altos funcionarios de Pemex o del gobierno federal implicados en la entrega de contratos para la obra pública por medio de sobornos millonarios.
El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, señaló que fue removido de su cargo para frenar las investigaciones sobre presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó a Pemex y que probablemente fueron a las campañas del PRI.
Le sigue el caso de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte Jáquez; de Quintana Roo, Roberto Borge, quienes tienen abiertas diversas investigaciones relacionadas con casos de corrupción y mal uso de recursos públicos, así como Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, investigado por probable ejercicio indebido de funciones y peculado, quien recientemente obtuvo un auto de no vinculación a proceso por falta de pruebas.
En la lista también se encuentra el caso del socavón que se abrió el pasado 12 de julio de 2017 en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde fallecieron dos personas. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a ocho servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero no ha dado a conocer si presentará denuncias penales.
También el desvío de más de 7 mil millones de pesos de recursos públicos por parte de dependencias federales como Sedesol, Banobras y Pemex, por medio de la entrega de contratos irregulares a empresas fantasma. El caso se conoció como La Estafa Maestra.
En esta administración también acaparó la atención el caso de la constructora Higa, a la que se le vinculó con la compra de una residencia para la primera dama Angélica Rivera, conocida como la Casa Blanca, pues se acusó un posible conflicto de interés.
El entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade, tras realizar una investigación, resolvió que no existió tal conflicto; sin embargo, el Presidente reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que este tema impactó negativamente en su gobierno.
El doctor Mauricio Merino Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la presente administración no debería dejar esos pendientes como herencia.
“Esperemos que no la hereden, que por lo menos haya una acusación, ojalá esto se arreglara antes de que termine el sexenio. Actualmente hay un gobierno, no ha concluido el sexenio de Peña Nieto, que debe concluir la investigación.
“El entonces procurador saliente Raúl Cervantes, frente al Senado, informó que por lo menos la investigación del caso de Odebrecht estaba prácticamente concluida. La responsabilidad no termina hasta que acaba”, comentó en entrevista telefónica.
Para Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), esos asuntos son una pincelada de los casos de corrupción que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar una vez que asuma sus funciones el próximo 1 de diciembre.
“Lo que es una realidad es que la sociedad no ha recibido una explicación de cuáles son los resultados de las investigaciones y cuáles son las consecuencias, no sólo penales, sino también cuáles han sido los resarcimientos de lo que desviaron, pero más importante, cómo evitar que los próximos gobiernos no cometan las mismas faltas, porque de nada sirve que cambien los actores si se reproducen las mismas cosas”, advirtió.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que la herencia de casos entre administraciones confirma la necesidad de transformar a la PGR en una fiscalía. Recordó que como parte de las reformas del nuevo Sistema Anticorrupción de 2015, la PGR debe actuar de oficio, puesto que no es necesario que haya una denuncia de por medio para que pueda investigar casos de corrupción.
Falta completar el SNA
Merino Huerta explicó que el nuevo gobierno tiene que completar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que carece del fiscal encargado de frenar ese flagelo y de los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar las faltas graves.
“Hay una deliberación en este momento sobre la ley que debe normar la operación de la fiscalía general de la República, de ahí saldrá el fiscal anticorrupción, no está resuelto, porque se debe entender que el traslado de la PGR a la fiscalía acarrearía una historia de problemas, falta de profesionalización y fracasos en la integración de expedientes”, detalló.
Explicó que no todo descansa en el nombramiento del fiscal, sino abajo, en la manera en que operan los ministerios públicos y los peritos. “Eso se tiene que revisar a fondo o se repetirán los vicios anteriores”.
Lourdes Morales dijo que si bien estos temas son un área de oportunidad y “todos queremos ver a delincuentes en la cárcel, acabamos de presenciar que los encarcelamientos con fines políticos hacen mucho más daño que lo que pudiera ser una investigación robusta que genere cambios en la toma de decisiones.
“Queremos saber cómo se van a evitar los Borges, los Duarte y esos personajes que actúan a través de redes de complicidades, lo más saludable es que dieran una explicación del estado que guardan esas investigaciones y los resultados”, precisó.
Coincidió con Merino en que hasta que no esté completo el SNA será difícil comenzar a ver resultados contra la corrupción. “Urge que se acabe de armar el sistema. Entiendo que hay un grupo de trabajo con representantes del equipo de transición que piensan en un diseño de la fiscalía y eso puede ser muy positivo”.
Bohórquez aseguró que en materia anticorrupción las lecciones de los últimos 10 años son muy claras: “El talón de Aquiles de nuestro sistema es la PGR y la falta de sanciones firmes en materia penal”.
Señaló que hasta que el gobierno de López Obrador asuma funciones, se podrá confirmar el compromiso de su administración para sancionar estos casos. Insistió en que “está pendiente dotar de autonomía a la PGR, algo que podría ocurrir entre septiembre y diciembre de este año. Si se nombrara el fiscal general autónomo en los próximos meses, sería el responsable de atender la vía penal en los casos que ahora lleva la PGR”.
