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Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió este martes la que quizá fue la peor hora desde que llegó a la Casa Blanca cuando dos de sus más cercanos confidentes del pasado fueron declarados culpables de una serie de delitos por los que es más que probable que terminen en la cárcel y pongan dudas sobre la figura del mandatario.
Los reveses más importantes que ha recibido Trump en sus casi 20 meses de gobierno siempre han llegado desde los tribunales.
Hacía tiempo que sobrevolaba una jornada como ésta, pero sorprendió que llegara en el mismo día y casi a la misma hora.
Alrededor de las cuatro de la tarde de Washington, la ciudad casi se paralizó con la confirmación de que Michael Cohen, el ex abogado personal y hombre-para-todo de Trump, iba a declararse culpable de ocho delitos en una corte de Nueva York.
Simultáneamente, el jurado popular que juzga al ex jefe de campaña del magnate, Paul Manafort, informaba que había llegado a un consenso para declararlo culpable de ocho delitos.
Por el momento, el caso más dañino es el de Cohen, quien se presentó voluntariamente para declararse culpable de fraude bancario, evasión fiscal y, lo más importante, violación de las reglas de financiación de campaña.
El delito electoral es el más jugoso, porque salpica directamente al propio presidente Trump.
El tema coincide con el pago de sumas de centenares de miles de dólares para al menos dos mujeres en el verano de 2016. Los pagos tuvieron como objetivo frenar la difusión de dos aventuras extramaritales que tuvo el magnate neoyorquino y que, se estimaba, podrían afectar a la elección de forma clave.
“Tuve esta conducta con el propósito de influir en las elecciones”, dijo Cohen al juez, con la voz por momentos temblorosa. “Pagó dinero a dos mujeres [para silenciar lo] que creía que sería nocivo para la campaña presidencial de 2016”, resumió el fiscal Robert Khuzami.
Cohen confesó ante la corte que a finales de 2016 hizo contribuciones excesivas siguiendo directrices de un “candidato federal”.
A nadie escapa que el candidato es el propio Trump, a quien no citó por nombre. Sin embargo, la aclaración vino de su abogado, Lanny Davis, quien dijo: “Hoy [martes] se presentó y atestiguó bajo juramento que Donald Trump le ordenó cometer un delito, a través del pago a dos mujeres con el propósito principal de influir en una elección”, indicó a través de un comunicado.
De confirmarse, demostraría que el presidente sí sabía de unos pagos que siempre ha negado que existieran y dejaría en el aire un posible delito de mal uso de fondos electorales por parte de la campaña del magnate.
La sentencia final, que se estima que tras el acuerdo extrajudicial podría acarrear alrededor de cuatro años de cárcel, se pronunciará el 12 de diciembre. El acuerdo de culpabilidad, sin embargo, parece que de momento no incluye ningún tipo de colaboración con las autoridades.
En el caso de Paul Manafort, un jurado popular lo declaró culpable de ocho de los 18 delitos de los que era acusado, lo que supone un triunfo para el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, quien con su investigación lo llevó ante la justicia.
Luego de tres semanas de juicio y cuatro días de deliberación, Manafort escuchó ocho veces las palabras “culpable”, en los cargos en su contra por fraude fiscal y otros delitos.
El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los otros 10 delitos, por lo que el juez declaró una anulación parcial del juicio.
Su sentencia se estima entre siete y 10 años de cárcel, aunque lo que realmente importante será ver si la condena apremia a Manafort para colaborar con Mueller en la investigación del Rusiagate.
Trump se mostró decepcionado por el veredicto, diciendo que Manafort es un “buen hombre” y que es “muy triste lo que le ha pasado”.
Por si fuera poco, la fiscalía también acusó a Duncan Hunter, congresista republicano por California y primer funcionario que apoyó a Trump en su camino hacia la presidencia, de usar más de 250 mil dólares de fondos de campaña para gastos personales, en lo que la acusación considera la “conversión ilegal y robo” del dinero que debía destinarse a fines políticos.
Entre las transacciones irregulares hay viajes de placer o la compra de ropa u otros artículos que después eran registrados como donaciones a fundaciones. Se le imputan seis delitos como fraude fiscal, uso prohibido de contribuciones de campaña, y falsificación de registros oficiales.
