Managua.— Tres días consecutivos de protestas en Nicaragua tras el anuncio de controversiales reformas al Seguro Social sumaron ayer un quinto muerto y decenas de heridos y detenidos en un ambiente caótico frente al que organismos internacionales han mostrado preocupación y han llamado al gobierno de Daniel Ortega a respetar las voces de la población.
Durante la jornada murieron al menos dos universitarios por balas disparadas por fuerzas antimotines en el Centro de Managua. Las imágenes fueron divulgadas por algunos medios de comunicación y redes sociales. Estos fallecidos se suman a otros tres que se registraron el jueves, entre ellos un oficial de policía.
Los disturbios causan conmoción porque se dan tras varios años en los que la población ha sido testigo de acusaciones de fraude electoral y violaciones de la ley de parte del gobierno, pero no se habían desatado muestras de descontento tan violentas.
Las protestas las protagonizan mayoritariamente jóvenes que se oponen a la reforma al sistema de pensiones decretada por el gobierno para cubrir un déficit de 75 millones de dólares en el Seguro Social. La reforma aumentará hasta en 22.5% las cuotas mensuales de más de 700 mil empleados formales y en 5% las de los jubilados.
La tensión es mayor en torno a tres universidades de Managua, que permanecen rodeadas por efectivos antidisturbios y con cientos de alumnos en su interior.
La violencia en las calles de Managua, León, Matagalpa, Estelí, Masaya, Granada y Carazo provocó que la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitiera ayer un comunicado diciendo que “el Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación”. La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que “reconoce el legítimo derecho a la protesta pacífica, así como la libertad de expresión”.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la “violencia desatada” y la “dura represión” del gobierno contra la sociedad civil.
