El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sufrió ayer una derrota política luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culpó a los cuerpos de seguridad del Estado y de “terceros armados” o agentes parapoliciales de “uso excesivo de la fuerza” y de ejecutar una represión indiscriminada contra los participantes de las manifestaciones antigubernamentales, que estallaron el pasado 18 de abril y causaron 76 muertos.
En un informe que emitió en Managua tras una visita que inició el jueves y concluyó ayer, una misión de la CIDH denunció que en las protestas la seguridad estatal aplicó “un patrón” de detenciones masivas, ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques a la prensa y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución para disolver a los opositores e inhibir la participación.
La comisión, que se entrevistó con oficialismo, oposición y otros sectores nicaragüenses, pidió a Ortega desmantelar los grupos parapoliciales, respetar la libertad de expresión y cesar la represión.
“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores” del oficialismo en distintos lugares, por lo que “estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, alertó.
El número de 76 muertos de la CIDH contrastó con los 13 que notificó el gobierno por una crisis que surgió por el repudio a una reforma de Ortega a la seguridad social y que debió derogar, en un movimiento popular que derivó en reclamos por una verdadera democracia en Nicaragua.
En las protestas hubo “al menos” 76 muertos, 868 heridos, cinco graves en hospitales y 438 detenidos, entre estudiantes, civiles, activistas de derechos humanos y periodistas, precisó la comisión.
Tras condenar esos hechos, las muertes de dos policías y las agresiones a funcionarios públicos, la CIDH urgió al “Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social”, garantice el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política, indague, juzgue y sancione a sus responsables y repare a las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por la noche, el gobierno respondió que analizará las conclusiones de la CIDH.
Reanudan proceso. Con mediación de la jerarquía católica local, ayer se realizó en Managua la tercera jornada de un diálogo que se inició el miércoles 16 de mayo entre el gobierno y estudiantes, empresarios, obreros y otros sectores de la sociedad civil.
El bloque opositor volvió a exigir la democratización de Nicaragua y la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El canciller nicaragüense Denis Moncada, jefe de la comitiva oficialista, rechazó un cambio de gobierno porque sería una ruptura del orden constitucional.
