Más Información
Managua.— La Policía Nacional se comprometió ayer a detener los ataques en Masaya, la ciudad que se declaró el pasado día 18 “territorio libre del dictador”, en referencia al presidente del país, Daniel Ortega, informó el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
“Hemos hablado por más de una hora con el comisionado [Ramón] Avellán [jefe de la Policía de Masaya] y se ha comprometido a detener los ataques”, afirmó a los periodistas Brenes, también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Brenes, acompañado con el nuevo nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, se reunió con el jefe policial tras un ataque, el segundo en menos de 48 horas, que fuerzas combinadas del gobierno realizaban en esa ciudad.
“El señor nuncio y yo igual hemos pedido la liberación de todos los detenidos de [las ciudades de] Masatepe, Masaya, Nindirí y en otros lugares. Hemos presentado las listas de los detenidos”, indicó el líder religioso.
En total, son 64 detenidos que, según dijo Brenes, el jefe policial se comprometió a liberar hoy. La Iglesia delegó en los sacerdotes locales Bismarck Conde y Edwin Román, y el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, el seguimientos a esos acuerdos.
Las llamadas fuerzas combinadas del gobierno iniciaron el jueves una ofensiva armada en el barrio indígena de Monimbó, en Masaya, lo que motivó la presencia de los obispos para “evitar otra masacre”. Caminaron por las calles, entre barricadas, llevando en alto la Eucaristía.
Agitando banderas nicaragüenses, los pobladores se volcaron a las calles para recibirlos: “¡Queremos la paz!”, “¡Justicia!”, coreaban. Unos lloraban y pedían de rodillas que cesara la violencia, que en dos meses de protestas antigubernamentales ha dejado más de 200 muertos, según activistas.
En el barrio Monimbó, foco de la resistencia en Masaya, hubo intercambios de disparos de armas de fuego y morteros artesanales, constató un equipo de AFP. Vecinos denunciaron que antimotines y paramilitares prendieron fuego a algunas casas. A pocas cuadras de los ataques, en la plaza de Monimbó, en las afueras de la iglesia, los obispos exigían a Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo: “Ni un muerto más”.
Las fuerzas combinadas —policías, “parapolicías”, paramilitares y grupos de choque— se retiraron ante la presencia de los jerarcas católicos que celebraron su “Jornada de Oración”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
La iglesia ha llamado al presidente a permitir elecciones generales anticipadas en marzo de 2019 para aliviar la tensión. Pero hasta el momento, el gobierno no ha respondido a esta demanda en el diálogo con la oposición, mediado por los obispos.
“El dolor en Nicaragua es grande, un pueblo desarmado está siendo masacrado. Las ciudades están en manos de bandoleros”, lamentó el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez ante la multitud en Masaya que respondió con aplausos.
De acuerdo con el cardenal Brenes, el diálogo nacional para resolver la crisis se reanudará después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente un informe sobre la situación que atraviesa Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Este Consejo celebra hoy una sesión extraordinaria para abordar el tema y allí la CIDH presentará un informe sobre la visita que hizo en mayo a Nicaragua. En el documento preliminar, la CIDH dijo haber encontrado evidencias de “graves violaciones de derechos humanos” con “al menos 76 personas muertas” en ese momento. La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar 15 recomendaciones, incluyendo el cese inmediato de la represión, el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia o la garantía de la vida, integridad y seguridad de todas las personas.
