La propuesta migratoria del presidente Donald Trump ya está sobre la mesa. A pesar de que el mandatario prometió hace unas semanas que votaría “cualquier propuesta” que le llegara —previo consenso— desde el Congreso, la Casa Blanca presentó ayer las cláusulas que impone para el complicado acuerdo migratorio.
Según el documento, la administración Trump está dispuesta a ofrecer un camino hacia la residencia legal permanente en 10 y 12 años a 1.8 millones de jóvenes indocumentados, más del doble de los actuales dreamers y que incluye aquellos que por algún motivo no pudieron acogerse al programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Para conseguirlo tendrán que cumplir varios requisitos de empleo, educación y “buen carácter moral”, que todavía no están definidos.
A cambio, los redactores de la propuesta, capitaneados por el ultraconservador y antiinmigrante Ste-phen Miller —el principal asesor en esta materia del presidente Trump— aspira a reforzar a gran escala la seguridad fronteriza, en otras palabras, el muro en la frontera con México.
Un muro que, continua e insistentemente el gobierno de Enrique Peña Nieto se niega a pagar, algo a lo que la Casa Blanca parece hacer oídos sordos. “Obviamente hay discusiones para encontrar la forma de que México ayude a pagar el muro”, dijo una alta funcionaria en una llamada con periodistas a la que asistió EL UNIVERSAL.
En total piden al Congreso 25 mil millones de dólares, que serán destinados a la construcción de la barrera fronteriza y a la mejora de los puertos de entrada. Además, esperan un aumento de las contrataciones de personal fronterizo y jueces de migración para acelerar redadas y deportaciones.
Las contraprestaciones no terminan aquí: además, el objetivo es forzar la casi desaparición de dos de los programas de migración legal más usados: la reunificación familiar —la mal llamada “migración en cadena”— y la lotería de visados.
Según la propuesta de la Casa Blanca, sólo se considerará núcleo familiar a esposos e hijos menores de edad. En el otro caso, la idea es que desaparezca o se eliminen varios países del sorteo.
Diversos estudios señalan que estos dos programas representan más de dos tercios de la migración legal anual a EU. Modificarlos significaría un cambio radical al sistema migratorio del país, dejando de lado el vínculo familiar como factor y apostando por un sistema de méritos.
El plan, que en un principio iba a presentarse el lunes, no agradó a nadie. Para el sector más antiinmigrante, el dar la opción de legalización a casi 2 millones de indocumentados es una “amnistía” inadmisible.
Del otro lado, los activistas critican la maniobra para ocultar el recorte drástico de la migración legal.
Varios grupos condenaron el hecho de que la propuesta de la Casa Blanca ya no esconda que está utilizando a los dreamers como “rehenes” para lograr todo lo que la administración realmente quiere conseguir en migración.
“Es una nota de rescate supremacista blanca”, dijo el grupo United We Dream, y censuró que Trump use “el miedo y el dolor” de los soñadores para “desgarrar” familias. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), por su parte, calificó el plan como “odioso” y “xenófobo”.
Del otro lado, la “amnistía” de dreamers es vista como el declive del apoyo más radical al presidente, y podría suponer la pérdida electoral de los republicanos en las elecciones del próximo noviembre.
“Nos servirá de guía para trabajar hacia el acuerdo”, se limitó a decir el líder conservador en el Senado, Mitch McConnell. En 13 días tiene que conseguir un acuerdo en este aspecto con los demócratas para evitar otro cierre de gobierno humillante; el plan revelado, por el momento, no concilió el bipartidismo que necesita.
