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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibió ayer el respaldo del Congreso, que rechazó un antejuicio (para quitarle la inmunidad) en su contra por financiación electoral ilícita que era promovido, entre otros, por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Solo 25 de los 129 diputados que asistieron a la sesión del Organismo Legislativo apoyaron la recomendación de una comisión legislativa, compuesta por cinco diputados, que había concluido la noche del domingo que se debía retirar la inmunidad del presidente para que la justicia penal determinara si ocultó o no información financiera de su partido.
“Por mayoría calificada se declara sin lugar el antejuicio”, fue la resolución del Parlamento, que tras la exigencia de varios diputados tuvo que convocar a otra votación para establecer si se le formaba una causa penal al mandatario.
Esta votación tampoco alcanzó los 105 votos que eran necesarios. De los 127 legisladores que se quedaron en la sesión, 28 votaron a favor de que se declarara con lugar la formación de una causa penal, por lo que el Congreso resolvió “archivar el expediente” en Dirección Legislativa.
Antes de la votación varios diputados advirtieron de la escasa posibilidad de que el Morales perdiera su inmunidad para ser investigado por financiación electoral ilícita.
El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyo jefe de bloque, Orlando Blando, enfrenta un proceso de antejuicio por el mismo delito que se le imputó al presidente, dejó en libertad a sus 32 diputados de votar según sus convicciones, y esta fue una de las claves para que Morales saliera victorioso del proceso.
El diputado Walter Félix, del partido de la ex guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y uno de los que votó a favor de quitar la inmunidad al presidente, dijo que al rechazar el desafuero “se le dio una puñalada al pueblo” y aseguró que la votación “fue viciada”.
Tras conocerse la resolución, el presidente Morales, dijo que como representante de la unidad nacional, reitera “su respeto al Estado de derecho, al ordenamiento jurídico y a la independencia de poderes como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.
Indicó que con la decisión asumida por el Congreso se “demuestra la madurez democrática con la que las instituciones y los organismos de Estado actúan, en representación del pueblo de Guatemala”.
En su opinión, los diputados resolvieron “jurídica y políticamente” el antejuicio promovido en su contra en las circunstancias que se planteó.
Morales fue denunciado por el Ministerio Público y la CICIG por ocultar información sobre los fondos que recibió su partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para financiar la campaña de 2015, cuando fue secretario general de ese colectivo.
El FCN-Nación, con 37 escaños, es el partido con más diputados en el Organismo Legislativo. El diputado Amilcar Pop, del partido opositor Winaq, manifestó tras el rechazo del antejuicio que “era imperativo darle a la sociedad certeza”, pero “se bloqueó la verdad y la consolidación de la duda de la institucionalidad”. Denunció: “Nos ganó la negociación espuria por beneficios personales”.
El diputado Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), había advertido que el antejuicio promovido en contra del presidente había sido por “motivos políticos”.
Las sospechas de motivaciones políticas de la denuncia se deben a que fue presentada, según Linares, el mismo día (25 de agosto) que el presidente se encontraba de visita en la sede de la ONU para hablar sobre el trabajo y el futuro de la CICIG, un organismo del sistema de la ONU dedicado en años recientes a desmontar casos de corrupción de alto perfil.
Ese día circularon rumores de que el mandatario había pedido la destitución del comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
Dos días después de que el MP y la CICIG pidieron el antejuicio ante la Corte Suprema, el presidente declaró non grato a Velásquez y ordenó su inmediata expulsión de Guatemala por su “injerencia en asuntos internos”, una medida que fue frenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), por considerarla “ilegal”.
Según la comisión legislativa que integró el Congreso para investigar el caso, en el expediente no se encontraron evidencias de que Morales haya recibido directa y personalmente fondos para financiar su campaña electoral en 2015. Sin embargo, mencionaron que FCN-Nación pudo haber recibido contribuciones. Según la denuncia, Morales habría ocultado información sobre 6.7 millones de quetzales (unos 919 mil dólares) que recibió el partido para financiar su campaña electoral.
