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El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció ayer que su estado, conjuntamente con Minnesota, Maryland y Maine, presentarán una demanda contra el presidente Donald Trump por su decisión de terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados, en su mayoría de origen mexicano.
De acuerdo con Becerra, la medida impulsada por la Casa Blanca viola la Constitución y varias leyes federales, por lo que espera que los tribunales eviten que Trump pueda llevar a cabo su último proyecto antiinmigrante.
California es el estado con más protegidos por el DACA —se calcula que uno de cada cuatro dreamers (soñadores) viven ahí—, lo que ha llevado a Becerra a liderar esta acción.
“En California no sólo los apoyamos y los valoramos: luchamos por ellos (…) No permitiremos que Donald Trump destruya la vida de los jóvenes migrantes que hacen a California y a nuestro país más fuertes”, sentenció el fiscal general.
El paso tomado por estos cuatro estados se une a una acción parecida que 15 estados y el Distrito de Columbia hicieron la semana pasada, también condenando la decisión de Trump y llevándola a tribunales, con el fin de evitar que pueda aplicarse.
Mientras, las voces que piden al presidente que recapacite su decisión siguen acumulándose. El lunes fue el turno del papa Francisco, quien en el viaje de regreso al Vaticano tras su visita a Colombia expresó su deseo de que Trump “reconsidere de alguna forma”, ya que lo único que hace es “robar la esperanza” a los dreamers.
Para el Pontífice, “separar a los jóvenes de la familia no es algo que dé un buen fruto”, e instó al magnate a demostrar que “si es tan ‘provida’ como se presenta, entendería que la familia es la cuna de la vida y hay que defender su unidad”.
Desde Ginebra se pronunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien pidió al Congreso de EU redactar una ley duradera para proteger a los jóvenes que actualmente gozan del DACA, que “están tan asustados de ser deportados” y que han dejado de confiar en las instituciones públicas de protección y seguridad como la policía.
“Espero que el Congreso actúe para proveer a los beneficiarios del DACA un estatus legal perdurable. Estoy inquieto por el incremento en detenciones y deportaciones de inmigrantes bien establecidos y que cumplen la ley [en EU]”, afirmó.
A pesar de todo eso, la administración Trump parece no estar dispuesta a dar marcha atrás. En declaraciones a Fox News, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, culpó al Congreso de no hacer “nada” para que exista en EU una solución para los soñadores.
Kelly, quien anteriormente fue secretario de Seguridad Nacional (encargado de migración y fronteras, entre otros), fue uno de los que aconsejó al magnate acabar con el DACA por ser una ley anticonstitucional, si bien propuso dar los seis meses de margen para intentar encontrar una salida en el Legislativo.
“Todos los abogados del estado dicen que el DACA es inconstitucional. Cualquier otro letrado, de la derecha o la izquierda, dice lo mismo. Trump no terminó con el DACA, la ley lo hizo”, argumentó.
Sin embargo, Kelly no mostró confianza en que el Congreso haga “algo” por los dreamers. De hecho, aseguró que en su tiempo como parte del gabinete urgió a los congresistas a que actuaran con celeridad para dar solución a ese tema, sin encontrar respuesta. “Se los pedí e imploré. No hicieron absolutamente nada”, dijo.
