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Managua.— Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizaron al gobierno de Nicaragua por “graves violaciones” a las garantías individuales, se informó que al menos cuatro muertos dejó un ataque de fuerzas policías y paramilitares contra Masaya.
Los organismos señalan al gobierno nicaragüense de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, maltratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, lo cual ha negado.
“Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica”, afirmó, Rupert Colville, portavoz del ACNUDH.
El representante de la ONU pidió el fin de la violencia en Nicaragua, que “ha sido abrumadoramente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales”, indicó. Según ONG, la violencia se ha cobrado ya más de 350 vidas.
Ayer, desde primera hora los grupos oficialistas empezaron a atacar a los opositores en Masaya, en una jornada que dejó al menos cuatro muertos, según organismos de derechos humanos independientes.
La Asociación Pro Derechos Humanos reportó cuatro muertos: tres civiles y un policía. Álvaro Leiva, director de la ONG, señaló que el ataque se prolongó por más de ocho horas sobre el barrio indígena de Monimbó, foco de resistencia de las protestas cívicas contra Ortega. Dos iglesias fueron atacadas, añadió.
“Usaron armas de alto calibre y una cantidad desproporcionada de fuerzas sobre un pueblo desarmado, que sólo respondía con hondas, piedras y morteros [bombas caseras]”, dijo Leiva, tras comentar que la mayoría de manifestantes tuvo que replegarse hacia refugios o escapar hacia otras comunidades vecinas.
Indicó que la ANPDH registra además más de 40 capturas ilegales y una cantidad no precisada de heridos, que no pueden ser evacuados porque el único hospital de la ciudad “está totalmente controlado por paramilitares”. “El gobierno desató otro baño de sangre en Masaya. Aquí lo que hay son maras organizadas por el gobierno y que colocan al pueblo en total indefensión”, declaró Marcos Carmona, de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), al canal 15 de televisión.
La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, esposa de Ortega, aseguró que era necesario “limpiar” Masaya porque era un centro de vejaciones y atropellos contra los ciudadanos y calificó a los manifestantes de “golpistas... malignos, siniestros, diabólicos, satánicos y terroristas”.
Tras la escalada de violencia, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la ONU condenaron los ataques. El embajador estadounidense ante la Organización de kis Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, calificó de “genodicio” lo que está ocurriendo en el país centroamericano.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, exigió “parar la violencia y poner fin al derramamiento de sangre en Nicaragua. Estados Unidos está observando y continuará haciendo rendir cuentas a los responsables de la campaña de violencia y represión”.
La OEA celebra hoy en Washing-ton un nuevo consejo permanente extraordinario para abordar la situación en Nicaragua.
