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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
La falta de expedientes de cada uno de los inmuebles que colapsaron a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, y que deberían estar en poder de las delegaciones, ha retrasado los trabajos de investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador capitalino, Edmundo Garrido, también informó que están próximos a fincar responsabilidades en cuatro inmuebles que se construyeron hace cuatro o cinco años y que se vinieron abajo.
Entre los edificios que se desplomaron en el sismo magnitud 7.1 están los ubicados en Zapata 56, colonia Portales, que edificó la empresa Canada Building, y Bretaña 90, en Zacahuitzco, los dos en la delegación Benito Juárez.
Garrido Osorio aseguró que “no va a pasar un año ni van a pasar meses, los resultados tienen que ser de inmediato”. Precisó que en todos los casos se tienen tres niveles de investigación: desarrolladores inmobiliarios, directores responsables de obra y funcionarios públicos.
“En un mes se ha progresado y estoy dando cuenta de los avances. Llevamos 171 carpetas abiertas, 639 dictámenes periciales, 875 diligencias realizadas, la institución está trabajando, es un tema técnico, es un tema que nosotros vamos a sacar adelante. No te puedo dar tiempos, el único que hay es la prescripción y eso no va a pasar (…). Hay garantía de que habrá responsables, de eso ten la certeza”, sentenció.
Al hablar de la documentación que se requiere para el avance de las investigaciones, explicó que de manera particular lo que se requiere son los planos estructurales de cada uno de los 156 inmuebles, sobre los cuales se mantiene abierta una carpeta de investigación. Dichos planos contienen detalles como las dimensiones del edificio, materiales que debieron utilizarse para su construcción y boleta de uso predial.
“Todo eso debe constar en el expediente que normalmente lo tienen las delegaciones, porque son las que dan facilidades para la construcción, es lo que le va a determinar al perito si el plano estructural, en la cuestión técnica, es coincidente con el material que rescataron en el lugar del inmueble derrumbado.
“¿Qué es lo que nos ha ocasionado problemas para la celeridad de la integración? Que hemos estado pidiendo expedientes y, por ejemplo, los que nos han dado delegaciones no están completos; lo importante es el plano estructural, eso es la base para que se pueda dictaminar y lo que nos han acercado no ha venido completo. Hay otras dependencias donde también lo hemos requerido, pero tuvieron daños en sus inmuebles y no han podido rescatar la documentación solicitada”, afirmó.
Garrido explicó que por el momento las investigaciones se concentran en los 40 inmuebles donde fueron rescatados cuerpos sin vida, en los cuales ya fueron recuperadas muestras de materiales de construcción para ser analizadas y obtener un dictamen en ingeniería forense. Para estas labores la procuraduría contrató a la firma Nava Díaz y Asociados, encargada de los peritajes, y al laboratorio Resistencias San Marino.
Además de los resultados de laboratorio, el peritaje considerará el año en que fue construido el inmueble y si se respetó la normatividad vigente: “Eso al Ministerio Público le da la posibilidad de determinar el grado de responsabilidad o si se trata de un hecho de la naturaleza que el edificio se haya derrumbado, porque era un edificio antiguo, si cumplió con la normatividad del periodo antes de 1985, entonces hasta ahí es un tema de resistencia de los materiales y el desgaste de los mismos”.
Precisó que sólo un par de delegaciones entregaron los documentos, por lo que han recurrido a la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y al Archivo General de Notarías: “La clave son los planos estructurales, lo demás lo puedes recabar en otras instancias”.
