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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México analizará tipificar el delito de pornovenganza, mejor conocida como revenge porn y que consiste en la difusión de imágenes de contenido sexual de alguna persona en redes sociales para exhibirla públicamente y afectarla en su integridad.
Esto, luego de que la diputada local Abril Trujillo Vázquez presentara ayer ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 188-Bis al Código Penal de la Ciudad de México e imponer una sanción de tres a cinco años de prisión y una multa que oscila entre los 75 mil pesos y 200 mil pesos.
Desde tribuna, la asambleísta del Partido Encuentro Social (PES) argumentó que esta conducta de querer causar un daño a la persona con quien sostuvo alguna relación de carácter sentimental al difundir imágenes con contenido sexual, sin autorización, tiene que ser castigada.
En varios países, este acto es perseguido y sancionado hasta con dos años de prisión.
La iniciativa, explicó, contempla la obligatoriedad de las empresas de redes sociales a bloquear y proporcionar a las autoridades competentes la información relacionada con la comisión del delito de pornovenganza.
Además, se contempla que la sanción se incrementará hasta en un tercio cuando el sujeto pasivo sea mujer, menor de edad o persona con discapacidad.
En el país, hace unas semanas, el Congreso de Jalisco aprobó sancionar, perseguir y castigar la pornovenganza y otras conductas relacionadas con ésta. De la misma manera, senadores de la República presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para castigar este acto.
El fenómeno de la pornovenganza, refirió la diputada, se extiende a partir del uso de las redes sociales, provocando daños graves en la intimidad y a la imagen personal de miles de individuos alrededor del mundo, principalmente de las mujeres.
“Este tipo de actos no se pueden dejar a la autorregulación de las empresas de redes sociales ni mucho menos reducirse al retiro de las imágenes y videos que afectan la privacidad de las personas.
Es indispensable, como ha ocurrido en otras latitudes, que el Estado indague, persiga y sancione este tipo de conductas antisociales”, recalcó Trujillo.
