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Las modificaciones legales que propuso el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, al Decreto de Presupuesto de Egresos 2018 no sólo busca limitar la intervención de los diputados locales en la definición del dinero para la reconstrucción, sino frenar el uso discrecional de una bolsa de 7 mil millones de pesos que no está etiquetada.
Esa cantidad, establecida en el artículo 13 del decreto, sólo precisa rubros pero no los proyectos a los que se destinarán. Como ejemplo está el caso de las 16 delegaciones a las cuales los asambleístas asignaron 5 mil 301 millones de pesos.
De acuerdo con el texto del decreto que está vigente, la redacción indica que las Unidades Ejecutoras de Gasto (secretarías, delegaciones y entidades) deberán contar con la “aprobación a detalle de dichas acciones de la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea. Incluso, que a más tardar el 15 de enero debieron entregar el detalle de las acciones a realizar con ese dinero.
El cambio de redacción que propone Mancera es que sea la Secretaría de Finanzas la encargada de aprobar los proyectos que entreguen las Unidades Ejecutoras de Gasto.
Según el documento vigente, en el artículo 13 se indica que los 7 mil millones de pesos —divididos en las fracciones uno, dos y tres— debían contar con la aprobación de los diputados locales y a su vez remitir una copia de ese aval a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Los rubros a los que pretendían asignar el dinero los diputados eran dependencias, órganos desconcentrados y autoridades, como son las secretarías del Gobierno capitalino con mil 392 millones 500 mil pesos; para entidades, 306 millones 500 mil pesos y para las delegaciones, 5 mil 301 millones de pesos.
En este último rubro, según el anexo, el dinero se repartió entre las 16 delegaciones de la siguiente forma: Álvaro Obregón, 495 millones de pesos; Benito Juárez, 410 millones; Coyoacán, 495 millones; Cuajimalpa, 495 millones, Gustavo A. Madero, 500 millones, e Iztapalapa, 606 millones.
Para Iztacalco, 300 millones; Venustiano Carranza, 450 millones; Milpa Alta, 155 millones, y Magdalena Contreras, 495 millones.
Tláhuac, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan y Azcapotzalco recibirán cada una 140 millones. En cada uno no hay proyectos definidos.
Con las reformas que envió Mancera se elimina la palabra “aprobar” los recursos, igual que con lo que ocurrió en el artículo 14 del decreto donde también los diputados aprobaban.
Los asambleístas del PRI y Verde Ecologista Dunia Ludlow y Fernando Zárate, respectivamente, propusieron la reestructuración de la Comisión de Gobierno en la Asamblea ante la desconfianza que ha generado la actuación de Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, en el manejo del Fondo de Reconstrucción.
“Lo correcto sería que ellos [Leonel Luna Estrada, Mauricio Toledo Gutiérrez y Jorge Romero] se bajen solos de su encargo para que la Asamblea se reorganice, pero si no lo hacen de manera voluntaria empezaremos una discusión político-legislativa sobre la dirección de los órganos de la Asamblea”, amagó Zárate.
