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Hoy se cumplen seis años del ataque al Casino Royale, que dejó 52 civiles muertos; un mes ante de la fatídica fecha, autoridades federales —a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)— volvieron a poner atención a los deudos.
A petición de familiares y por intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), accedieron a reunirse para integrar un padrón de víctimas, además de dialogar sobre acciones de justicia y posible indemnización, bajo el rubro de “reposición de proyecto de vida”. El acercamiento se dio porque hace unos meses recurrieron a Marcelo Vega, director de Cierre de Recomendaciones de la CNDH, para pedirle apoyo; el funcionario accedió a promover ante la CEAV y la Secretaría de Gobernación, que se diera seguimiento al asunto y no quedara en el olvido.
Edmundo Jiménez, quien perdió en los hechos a su esposa Rosa María Ramírez, y asesora legalmente a los familiares, explica que con estas reuniones se busca castigo a los culpables, así como la indemnización por “reparación del proyecto de vida”, pues cerca de una tercera parte de los deudos no aceptaron el dinero que ofrecía el propietario del casino, a través de Axa Seguros, o se les negó por no acreditar interés jurídico.
Samara Pérez Muñiz, representante de los afectados y quien perdió a su hijo Brad Xavier Muraira, señala que 35 familias cobraron una indemnización de 95 mil pesos, pero algunos rechazaron el pago por parecerles ridículo, ya que el negocio tenía asegurados a los clientes por cinco millones de pesos ante posibles daños, mientras que a los muebles, máquinas y dinero en efectivo, los aseguró por cinco millones de dólares.
Algunos no han podido acreditar interés jurídico para cobrar el seguro, como es el caso de una mujer que recogió el cadáver de un varón, al acreditar que era su primo y que era su única sobreviviente, pero ahora no le admiten la misma documentación. Lo mismo sucede a los familiares de Rubén Morales Castillo, un joven de 19 años, que había iniciado en ese empleo una hora antes de morir.
Falta de respaldo estatal. Sin embargo, dichas acciones son exclusivas del gobierno federal, pues la administración estatal, desde que llegó a la gubernatura Jaime Rodríguez Calderón (4 de octubre de 2015), retiró todos los apoyos para los huérfanos, como becas, despensas y otros artículos, afirma Pérez Muñiz.
Uno de estos casos es el de Petra Sáenz, quien tiene un hijo con síndrome de Wedrnig-Hoffman y permanece en cama desde su nacimiento hace 19 años. El joven debe utilizar una sonda nasogástrica para nutrirse de jugos, licuados y papillas, además de usar de forma permanente otra sonda para recibir oxígeno.
Su preocupación radica en que precisamente este 25 de agosto vence el seguro de gastos médicos mayores de su hijo, que contrató su esposo Eduardo Martínez, una de las 52 víctimas del ataque armado e incendio perpetrado por Los Zetas en represalia porque al parecer el dueño no accedió a pagar una “cuota de protección”.
El desamparo de la familia Martínez Sáenz también es resultado del incumplimiento de la ex primera dama, Margarita Zavala, quien a pocas horas de la tragedia llegó a Monterrey para solidarizarse con las familias y prometió la creación de un fideicomiso que garantizaría de por vida la atención médica del menor, hecho que no se concretó.
La desatención de las autoridades locales es tal que hace un año, familiares solicitaron una audiencia con el mandatario Jaime Rodríguez para plantearle sus inquietudes y exigencias de justicia, ya que nadie les informa sobre el estatus jurídico de los procesados por el ataque.
También reclaman que no está procesado ningún funcionario estatal, federal o municipal implicados en las anomalías sobre permisos otorgados al establecimiento, o en la falta de seguimiento a las normas de seguridad.
Jaqueline Palacios, responsable de audiencias del Ejecutivo estatal, expresó que no era posible fijarles una cita, porque la agenda de El Bronco “estaba muy apretada”, y que su caso era “tan importante” como cualquier otro, es decir, no tenía prioridad, dice Pérez Muñiz.
El propio mandatario esbozó, el pasado 9 de agosto, su concepción de los casinos. Declaró que no iría en contra de nuevos centros de apuestas, si es lo que la sociedad quiere. “El estado no puede estar diciendo no a todo, tiene que permitir que la sociedad esté contenta, tranquila, satisfecha”, expresó.
Señaló que hoy en Nuevo León no existe el clima de inseguridad que había cuando ocurrió la masacre, “pues hoy hay miles y miles de personas que acuden a esos lugares. Y descartó que vuelva a registrarse una tragedia.
Como representación gráfica de que la justicia que aún no llega, el edificio que albergó al Casino Royale sigue en pie, pero casi derruido; las cruces colocadas para recordar a los fallecidos están desteñidas; el pequeño memorial instalado en el camellón central de la avenida San Jerónimo también luce descuidado, ni siquiera sirve la fuente de 52 chorros de agua que representarían las vidas que se apagaron aquel 2011.
Los implicados. Las autoridades estatales y federales dieron a conocer que en los hechos participaron 38 integrantes de Los Zetas, 18 de manera directa y otros en labores de halconeo o como autores intelectuales.
Por la autoría intelectual del caso, se giró orden de aprehensión en contra de Heriberto Lazcano, El Lazca, abatido el 7de octubre de 2012 en Progreso, Coahuila, durante un enfrentamiento con el Ejército y la Marina.
Otro de los vinculados en la matanza, Francisco Medina Mejía, El Quemado, fue asesinado en un enfrentamiento con militares sobre la carretera de Nuevo Laredo, a Piedras Negras, durante la primera semana de abril de 2012.
El 7 de abril de 2016, ya en el nuevo gobierno estatal de Jaime Rodríguez, fue capturado en un domicilio de la colonia Mirasol de Monterrey, Jesús Alejandro García González, El Gato, considerado el último implicado enel crimen y que permanecía prófugo.
Los implicados han sido sentenciados a penas que van desde 75 hasta 125 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y lesiones. Sin embargo, de acuerdo al Código Penal del Estado, sólo podrán estar privados de la libertad por un máximo de 60 años.
