Más Información
Hermosillo, Sonora
Temerosos de que en un futuro cercano su organismo registre un cáncer, viven pobladores de 38 localidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos sobre los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014.
A cuatro años de la tragedia que ocasionó la rotura en una de las piletas de almacenamiento de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, especialistas coinciden en que “se puede inferir que en un tiempo cercano se verán afectaciones en la salud de todos los habitantes que consuman agua contaminada”.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora: atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la presa El Molinito, ubicada en la zona rural de Hermosillo.
Luego del derrame de tóxicos, habitantes de esa zona afectada comenzaron a padecer afecciones cardiovasculares, renales, oculares, respiratorias, digestivas y de la piel. La empresa creó el Fideicomiso Río Sonora para atender la emergencia, pero los proyectos quedaron, algunos en obra negra, otros en promesas.
Alertan por agua contaminada
Antonio Romo Paz, catedrático del Departamento de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora, asegura que “el riesgo es real”. Los metales no se destruyen, duran miles de años: la contaminación se encuentra en los sedimentos y no hay remediación, incluso metales pesados ya migraron a aguas subterráneas.
A largo plazo es cuando se dan los efectos más graves en la salud, ya que la exposición continua y prolongada puede provocar cáncer.
Reina Castro Longoria, catedrática universitaria en Biología Celular en la Universidad de Sonora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, con respaldo de un grupo de personas sufragó los costos de decenas de análisis de personas y constató que tienen metales en la sangre.
A través de muestreos, en 2015 comprobó a las autoridades federales que los pozos de abastecimiento de agua potable a Hermosillo, ubicados en el ejido La Victoria, tienen arsénico y que rebasan 2.4 veces los niveles permitidos (10 miligramos por litro) que recomienda como máximo la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el consumo humano.
Los daños a la salud de los habitantes de las cuencas del río Sonora hasta Hermosillo, en un futuro son impredecibles, alertó la especialista en Ecología Marina.
Una muerte lenta: pobladores
Héctor Canizales, habitante de la zona, comentó que a la fecha no se ha podido recobrar la marca Río Sonora, el desplome en todas las ramas de la economía es de hasta 60%.
Las ventas se tornaron lentas para los comerciantes de alimentos elaborados de manera artesanal como ates, conservas, obleas y otras.
Crean y extinguen fideicomiso
Grupo México creó el 11 de septiembre de 2014, un fideicomiso inicial por 2 mil millones de pesos con el objetivo de remediar los daños ambientales y la salud a los afectados.
El 15 de septiembre se creó el Comité para el manejo del Fideicomiso Río Sonora, a cargo de Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental. Se extinguió en agosto de 2017 sin cumplir en lo mínimo el resarcimiento de daños.
Benjamín Cokelet, codirector de la agrupación Poder, acusó a Germán Larrea, propietario de Grupo México, y a Rodolfo Lacy Tamayo de gastarse recursos del fideicomiso en sus propias empresas, para simular la compensación a los afectados. Sólo revolvieron el dinero, señaló.
De acuerdo con el delegado de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, se gastaron un millón 250 mil pesos en la atención a la contingencia y a los afectados y el remanente se aplicaría a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS), para atender a las personas enfermas. Está en obra negra y vandalizada.
Al inicio de la emergencia se prometieron 36 potabilizadoras de agua y sólo se instalaron cinco (en Arizpe, Baviácora y Ures, más dos móviles). Prometieron reubicar los pozos que abastecen agua potable y tampoco lo cumplieron.
Se realizaron pagos únicos a los afectados por tomas de agua potable y actividades productivas; fue un resarcimiento inequitativo, ya que se benefició a prominentes productores y políticos por estar inscritos dentro del programa Progan. Se entregaron tinacos con mala estructura y fueron abastecidos con agua contaminada, aseveró Castro Longoria.
Hasta el momento, la Cofepris no ha informado los resultados de los monitoreos del agua, reclamó Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la Sección 65 del Sindicato Minero.
