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La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “ difusión ” a decenas de empresas ajenas a ese sector, con domicilios fiscales falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como “ inexistentes ”.
Durante las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio fiscal del 2016, el último de Duarte de Ochoa, detectó
anomalías administrativas o un posible desvío de recursos públicos
por dos mil 284 millones de pesos, una cantidad que representa casi el presupuesto total de un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos, con empleados y circulación; en las listas incluidas en la Cuenta Pública del 2016, figuran constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “ fantasmas ” que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.
Un gran número de estas empresas “fantasmas” reportaron domicilios fiscales en el Estado de Puebla, donde al hacer una investigación periodística, se detectó que en lugar de compañías hay casas habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.
Durante el último año del gobierno de Duarte de Ochoa (2016), se detectó un presunto desvío de recursos públicos de seis mil 883 millones de pesos , de los cuales dos mil millones corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.
El informe de los resultados de las auditorías practicadas por el Orfis, encontró irregularidades en el pago de la Secretaría de Finanzas por dos mil 268 millones de pesos a 135 empresas por concepto de gastos de difusión erogados de enero a noviembre de 2016.
El fraude oficial
Se detectó la falta de evidencia de haber realizado los trámites administrativos y financieros referentes al pago, documentación justificativa y comprobatoria consistente en dictámenes de procedencia, contratos, facturas y testigos, además de no exhibir registros contables de esas operaciones.
Por vez primera en la historia del Órgano de Fiscalización, incluyó la lista de 135 empresas a las cuales se les pagaron servicios, entre ellos medios de comunicación legalmente establecidos y que consultados informaron contar con todos los testigos de sus servicios y facturas.
Sin embargo, en esa lista aparecen constructoras, inmobiliarias y distribuidoras a las cuales la tesorería del Estado les pagó mil 642 millones de pesos en los que se encontraron anomalías.
Al realizar una investigación periodística, se encontró, por ejemplo, que dos empresas compartían la misma dirección en Puebla. Se trata de Constructora Haguen y Edificaciones Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las cuales se les pagaron 71 millones de pesos.
En una visita física a la dirección, se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen a las empresas.
Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla. Se trata de Edificaciones Abissimus, Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia Bello Horizonte, a las cuales, en conjunto, se les pagó más de 250 millones de pesos.
Al hacer una verificación física de la dirección se encontró una casa habitación de un piso en color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia y no existen indicios de la operación de empresas.
La Constructora Cehya recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio fiscal la avenida 25 Poniente 104 de la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación de esa constructora.
En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz.
Se encuentra edificaciones Tatsumi, dedicado al comercio al por mayor de materiales de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos; Distribuidora Olibama con 32 millones y sin registro en internet.
Además de la Constructora e Inmobiliaria Bioscoun con 38 millones; Comercializadora AD Puebla con 165 millones; Comercializadora Ipfilon con 61 millones; Comercializadora Tsu con 27 millones; Negocios y comercio de Puebla con 108 millones, todas ellas sin registro alguno en la web de su existencia o de sus servicios.
En otro apartado, el informe establece que se encontraron operaciones pagadas por 215 millones de pesos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado a seis empresas que aparecen en los Registros Federales de Contribuyentes (RFC´S) con operaciones simuladas de la base de datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de fecha 23 de junio de 2017.
Las compañías se configuran de acuerdo al artículos 69-B del Código Fiscal de la Federación, señaladas como empresas con operaciones presuntamente inexistentes. Se trata de Agregados Facere, S.A. de C.V.; Comercializadora Calidadtel, S.A. de C.V.; Promociones Velot Sia, S.A. de C.V.; Promotora Empresarial JMD, S.A. de C.V.; Publi Zarey, S.A. de C.V.; y Santy Desarrolladora y Acabados, S.A. de C.V.
El órgano auditor, reportó que como evento posterior en la solventación al Pliego de observaciones, la Coordinación General de Comunicación Social reconoció haber realizado operaciones por un monto de 409 millones de pesos, del cual presentaron información relativa a trámites administrativos y financieros, así como documentación comprobatoria.
Sin embargo, se reportó que los mil 642 millones de pesos restantes “no fueron tramitados por la Coordinación General de Comunicación Social y desconocen los motivos que tuvo la Tesorería para realizar esos
ahc
