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De regreso a casa, Zaray Montoya subió a sus hijos al asiento posterior del automóvil compacto. Al niño de un año y seis meses lo colocó en medio, bajo el cuidado de la nana. Su otra hija de ocho meses iba en su silla, sujetado por el cinturón de seguridad.
Un policía de tránsito pasó al lado del vehículo y le marcó el alto. Detuvo su marcha y preguntó el motivo. “Lleva un menor sin el cinturón de seguridad”, contestó, mientras metía la cabeza en el auto para hurgar con la mirada.
Sin mayor discusión, la madre de familia recibió la infracción; sin embargo, un mal presagio corrió por su mente cuando vio pasar a su esposo, Roberto García Villalobos Bilbao, con quien libra una batalla legal por un juicio de divorcio necesario y ahora por la guarda y custodia de los menores. El hombre grabó los hechos y después bajó de su unidad para platicar con el agente.
El incidente ocurrió el 21 de marzo y para el 1 de junio, de este año, la juez de lo familiar Edilberta Salgado Nájera validó la exhibición de la boleta de infracción en el juicio y consideró que la madre puso “en riesgo la integridad de sus infantes al haber sido omisa en poner el cinturón de seguridad a los niños”.
Con ese argumento le quitó, de manera provisional, la guarda y custodia de los infantes y la concedió al progenitor, una mamá “debe procurarlos en todo momento, privilegiando los intereses de los menores frente a otras personas, en todo lo que favorezca, propicie o beneficie la conservación de su integridad personal, su salud física y mental”, se lee en el fallo de Salgado Nájera.
Ernesto Segura Hernández, abogado de Zaray, dice que en una reunión con la juez le dijo que en toda su trayectoria nunca había conocido una resolución tan arbitraria.
“No es posible que en una época en que los derechos del menor son preponderante, se le prive de la convivencia con su mamá. Hay tratados internacionales que dictan que es muy dañino que los infantes no estén con sus mamás hasta mínimo los cinco años.
“Cuando hablé con la juez, le dije: ‘Esto es inaudito’. Me contestó que tenía razón y me preguntó: ‘¿Qué hacer?’”, relató el abogado.
Pero el juicio de divorcio necesario entre Zaray Montoya Manzano y Roberto García Villalobos Bilbao tiene una historia con episodios de violencia intrafamiliar, antecedentes penales y una separación obligada por supuestos actos de humillación contra la mujer. Los juristas también cobran relevancia en el caso porque van siete litigantes despedidos por la madre, bajo la presunción de coludirse con el padre de sus hijos y permitirle ganar el juicio de divorcio, y ahora de guarda y custodia de los menores.
Zaray Montoya declara que el último de ellos, Carlos Gibrán Haro Álvarez, presidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, presentó ante la juez un escrito con un texto cuyo relato no fue realizado por ella y tampoco firmado. En ese documento acepta el descuido de su hijo y argumenta que se debió a una crisis de enojo, producto de un desencuentro con su esposo en una entrega de los niños.
“Yo no dije nada de eso y tampoco firmé el documento, por lo que estamos pidiendo la intervención de un perito en grafoscopia para demostrar la falsificación de mi rúbrica”, dijo. Ese documento, que figura en el expediente 52/2016-1a, fue clave para el dictamen de cambio de guarda y custodia. El abogado llamó a su cliente y le reprochó no estar presente en la audiencia. “Usted no me dijo nada abogado, pero voy para allá, sí llego”, respondió Zaray. “No llega, así que después le informo, no pasa nada”, contestó el abogado.
El romance
Zaray y Roberto se casaron hace dos años. Ella tiene una hija de su primer matrimonio, cuyo marido murió, mientras que él cumple su tercer enlace y en las dos anteriores relaciones también litigó la custodia de sus hijos. En uno de los casos fue denunciado por llevarse a su hijo sin el consentimiento de la mujer.
“El señor tiene antecedentes penales por allanamiento de morada, violencia familiar y una denuncia de secuestro de otro de sus hijos, pero eso no lo sabía cuando nos casamos hace dos años”, cuenta Zaray.
El romance se esfumó rápido porque durante el embarazo de su segundo hijo, Roberto le fue infiel. Ella le pidió el divorcio y una casa para vivir con sus hijos. Se separaron y le dio una vivienda con daños estructurales, por lo que pidió una construcción más nueva, “puesto que el señor tiene muchas casas”, dice.
La petición molestó a su todavía esposo, quien la golpeó en el vientre —conociendo que su embarazo era de alto riesgo—cuando se dirigía a tomar un taxi.
Ella tomó una piedra y se la aventó, pero cayó en el parabrisas del auto de Roberto. Se armó un escándalo y un vecino llamó a la policía, los dos terminaron en el Ministerio Público. Roberto fue ingresado a los separos por dos denuncias de su anterior esposa. En ese lugar Zaray comenzó a sangrar y la llevaron con un médico particular, después se enteró que su esposo la demandó por daños a su coche. Los abogados de Zaray dicen que la judicialización de las carpetas por daños al auto fue muy rápida, mientras que las tres carpetas contra él por violencia familiar, con fotos y testigos, siguen un curso lento.
“Duramos 10 meses de casados. Tengo dos bebés con él, mi Rafa y mi Ale, lo dejé y después regresamos y me volví a embarazar, pero ese regreso sólo duró un mes. Me chuté todo mi embarazo en el juzgado”, afirma Zaray.
Juicio de divorcio
Luego de abandonar los separos, Roberto inició el juicio de divorcio necesario y posteriormente le pidió a su esposa retirar las denuncias penales y a cambio le daría beneficios en el convenio de separación.
Zaray retiró las denuncias; sin embargo, su esposo no cumplió con su palabra y la acusó de rebeldía por no contestar la demanda de divorcio. Ella dice que para justificar su ausencia de los juzgados presentó documentos de amenaza de aborto; sin embargo, sus abogados le decían que no eran necesarias.
Afirma que en una amenaza real de aborto marcó a su esposo y le comunicó que iría al hospital. Cuando Roberto llegó le entregó un papel y condicionó el ingreso al centro médico a cambio de firmar un documento, por el que renunciaba a la custodia de sus hijos.
“Me negué. Entonces me agarró y me tiró de la cama. Un amigo que me acompañaba se fue contra él, pero salió corriendo. Pedí el video en el hospital, pero no me lo dieron, sólo me entregaron pastillas para el dolor. Nunca llegó el médico legista”, lamenta.
La infracción
Así continuó la relación hasta que el 21 de marzo, día en que Roberto convivió con su hijo en el Departamento de Orientación Familiar. Roberto salió primero y le siguió Zaray en su automóvil, por eso se dio cuenta cuando el agente de tránsito infraccionó a su esposa.
Por la “curiosidad” anotó el número de patrulla para indagar qué había sucedido y el 24 de marzo encontró al mismo oficial, pero en otro sitio de Cuernavaca, por lo que le preguntó sobre lo ocurrido. Tres días más tarde acudió al módulo de infracciones para solicitar una copia de la boleta dado que el oficial sólo le dio el número de folio.
Con esos datos ofreció como pruebas supervinientes los informes de la policía vial y el 3 de abril el juzgado admitió las pruebas. En seguimiento de su estrategia legal, García Villalobos solicitó el sigilo de la infracción y su admisión de pruebas alegando que los nuevos abogados de su esposa trabajaron en el ayuntamiento de Cuernavaca y tenía el temor de que manipularan la información de las pruebas solicitadas. El juez le concedió la secrecía.
El parte oficial dice que la infracción fue porque el menor no traía cinturón de seguridad y la madre tampoco portaba licencia. El 12 de mayo se llevó a cabo la diligencia para desahogar las pruebas, pero Zaray dice que no fue enterada por su abogado Carlos Gibrán Haro Álvarez, quien entregó un documento que no redactó ni tampoco firmó.
Para su dictamen, la juez consideró una petición anterior de cambio de guarda y custodia del padre, en el que exhibió fotografías con supuestos golpes en la cabeza de su hijo. La juez, dice Zaray, “nunca consultó la opinión de un médico para valorar la gravedad de los supuestos golpes y su decisión en cuanto a la infracción, con la que me quitaron la custodia, evidencia un acto irregular cercano a la corrupción”. Además, la juez permitió una segunda irregularidad porque a sus niños se los quitaron de manera arbitraria.
“El fin de semana le tocaba ver a los niños y los entregué el viernes. El lunes los iba a recoger a las 09:30 horas, pero no llegó y en cambio me dijo la sicóloga que tenía que ir al juzgado. Ahí estaban sus abogados y me dijeron del cambio de guardia y custodia, pero no me dieron a los niños”, relata Zaray.
Su abogado Ernesto Segura afirma que las autoridades debieron notificar del cambio de guarda y custodia, pero ellos aprovecharon que tenían la convivencia y el papá no los regresó. “La resolución debió ser: ‘Te los entrego y notifico me entregues a los menores’. Si eso hubiera pasado metemos un amparo y suspendemos la entrega de los niños, pero está tan amañado que lo hacen cuando el padre tenía la convivencia. Hay un contubernio”, acusa el abogado.
