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San Luis Potosí.— En el Congreso local se conformó una red de corrupción en la que se usaron empresas fantasma para facturar más de 25 millones de pesos como supuestas ayudas sociales —como materiales de construcción uniformes y despensas—, y en la cual estarían involucrados 25 de los 27 diputados, acusó Ciudadanos Observando.
Explicó que la organización acudió a las direcciones registradas en las facturas para confirmar la existencia de las empresas y lo que encontró fueron casas abandonadas, viviendas que no corresponden a oficinas, incluso una escuela de manejo y una lavandería.
Entre las empresas a las que se les entregaron recursos están Comercializadora Delguer, que recibió 5 millones 168 mil 066 pesos; A&M Proveedora de Insumos para la Construcción, que facturó 4 millones 558 mil 548 pesos, y Comercializadora Avidro S.A. de C.V., que obtuvo 5 millones 131 mil 784 pesos, entre otras.
De acuerdo con la organización, las empresas fantasma son ofrecidas mediante un catálogo por agencias de las llamadas outsourcing, y varias de ellas están ligadas a diputados o funcionarios del Congreso.
Entre los diputados señalados por la organización están los priístas José Luis Romero Calzada, Martha Orta Rodríguez y la panista Josefina Salazar Báez, quienes son los que más facturaron en las presuntas empresas.
González Covarrubias destacó que los legisladores Óscar Vera Fábregat, del partido Conciencia Popular, y Lucila Nava Piña, de Movimiento Ciudadano, son los únicos que no registraron este tipo de facturas.
“Estas mismas irregularidades ya fueron registradas ante la procuraduría del estado y además de que ya se pidió la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR)”, sostuvo González Covarrubias.
El dirigente de la organización señaló que este escándalo evidencia que se conformó toda una red en la que los diputados no actuaron solos, pues existe una responsabilidad compartida entre los legisladores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Oficialía Mayor del estado, hasta hace unas semanas a cargo de Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.
“Muchos diputados tramitaron estos apoyos, pero quienes autorizaron los mismos fue la Jucopo, todos tienen su nivel de responsabilidad”, detalló González Covarrubias.
