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Haber ofrecido servicio de comedor a elementos de la Policía Estatal podría ser el móvil del secuestro de un médico en Gómez Farías, una de las regiones de mayor violencia en el estado en las últimas semanas. De acuerdo con su familia, el hecho podría tratarse de una venganza del crimen organizado en contra de quienes atienden a los policías en el poblado.
El doctor Blas Juan Godínez fue privado de la libertad la madrugada del jueves, cuando un grupo indeterminado de hombres irrumpió en su casa, hizo disparos a puertas y ventanas, para finalmente llevárselo por la fuerza. El médico era el director de la Clínica Regional, perteneciente a la Secretaría de Salud.
Su hijo, del mismo nombre, declaró a la prensa local que existen dos líneas de investigación sobre el hecho: la primera apunta a que los delincuentes lo retuvieron para forzarlo a que atendiera a algún herido por enfrentamientos entre bandas rivales, ya que en la región se han registrado diversas balaceras en los días recientes.
Sin embargo, señaló que igualmente él ha enfrentado ese tipo de situaciones —porque también es médico—, y por experiencia propia o de otros doctores de la comunidad, cuando ello ocurre los grupos del crimen organizado permiten avisar a sus familias que están bien y que habrán de volver tan pronto curen a los lesionados, lo cual en este caso no ocurrió.
Blas Godínez hijo precisó que la otra línea apunta a que su padre sufrió una represalia, ya que es propietario de un restaurante en el que comen los agentes policiacos estatales destacamentados en la zona.
“En la misma noche también fue secuestrado el propietario del otro restaurante en donde dan servicio a los oficiales”, reveló.
Considera que quizá los grupos delictivos buscan que los residentes de este municipio rural sientan temor de ofrecer cualquier servicio a las corporaciones policiacas que fueron enviadas a atender la ola delictiva de la zona, en medio de la cual han sido incendiadas al menos seis casas y más de 10 vehículos en las últimas dos semanas.
Pasantes piden seguridad. Ayer, de manera simultánea, estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Juárez y de la Universidad Autónoma de Chihuahua realizaron protestas pacíficas para exigir a las autoridades del estado que garanticen la seguridad de los médicos pasantes que realizan su servicio social en la región serrana y en el noroeste del estado.
El jueves, 10 pasantes de Medicina fueron sacados de Gómez Farías y zonas cercanas por elementos de la Policía Estatal, a petición de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tras conocerse el secuestro del doctor Godínez.
Ante ello, los estudiantes de las dos ciudades demandaron a las autoridades ofrecer condiciones de seguridad para quienes ejercen la Medicina en regiones conflictivas, en respuesta la Secretaría de Salud emitió un posicionamiento en el que señaló: “A pesar de ser retirados los pasantes en unidades médicas como la de Gómez Farías, no se suspenderá la prestación de los servicios médicos. Se revisa la reasignación de los prestadores de servicio social en esa y otras zonas del estado para que no se afecte este procedimiento dentro de la formación de los estudiantes universitarios”.
Darán bono por inseguridad. A finales de octubre, la Secretaría de Salud de Chihuahua (SS) anunció que aumentará 50% el sueldo al personal médico que labora en zonas de violencia. Lo anterior, luego de que en varios municipios doctores y enfermeras manifestaron su intención de renunciar debido a que grupos criminales robaron ambulancias y privaron de la libertad al personal para que atendiera a heridos por los enfrentamientos entre grupos rivales.
La dependencia tiene el reporte de que hombres armados se apoderaron en algunas ocasiones —sin dar a conocer cuántas— de ambulancias, y en una ocasión un enfermero fue privado de la libertad para que atendiera a pistoleros que resultaron heridos en una balacera.
El titular de Salud estatal, Ernesto Ávila, informó en esas fechas a la Comisión de Salud del Congreso que para incentivar al personal a no dejar el servicio ofrezca una compensación adicional correspondiente al 50% de su sueldo mensual.
Las zonas más afectadas por la violencia reciente son Namiquipa, Uruachi, Ignacio Zaragoza, Bocoyna, Gómez Farías y Madera, en estos dos últimos lugares las clínicas locales cerraron dos días y el personal fue enviado a Ciudad Cuahutémoc por la presencia de grupos del crimen organizado, confirmó Carlos Ruiz Vázquez, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV.
