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En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutimos la aprobación de un derecho para todas las personas —desde su nacimiento— a un ingreso básico universal. ¿Puede/debe el estado garantizar que los nueve millones de habitantes de la capital del país reciban una cantidad de dinero mes con mes con cargo al erario? Es demagógico.
Entregar a todos los habitantes una cantidad en efectivo, sin que importe si son ricos o pobres, si lo necesitan o no, cuál es su edad o condición social, es algo que puede atraer a simple vista; pero carece de fundamento.
Propongo reflexionar sobre diez de las sinrazones de este ingreso que, vistas desde otra perspectiva, son diez razones para su rechazo por parte de diputados y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos y una democracia igualitaria:
El derecho al goce de una vida digna es universal e innegable. Pero el ingreso básico universal, antes que un derecho, es una política pública: debe ser discutida como tal y no en la carta de derechos de la capital;
Esta política es inadecuada para el objetivo que persigue y resultaría contraproducente para promover el desarrollo de las personas mediante del trabajo;
La inclusión de este aparente derecho confundiría, engañaría y defraudaría a quienes sin atención lo vean plasmado en la Constitución de la Ciudad. Que nadie promueva prerrogativas “de cartón”, sin sustancia, en la carta de derechos;
La Constitución de los capitalinos no es laboratorio para experimentos sociales o económicos. El ingreso básico universal es una propuesta distributiva que no se ha puesto en práctica en ningún lugar del mundo como ahora se sugiere;
Desvía la atención del problema que realmente debe preocuparnos ¿qué haremos para garantizar el derecho de las personas a un trabajo y a un salario dignos? Pone el acento, en cambio, en cómo entregar dinero a quienes no logran encontrar un empleo así;
La propuesta se traduce: o bien en incrementar los impuestos que ya se pagan al doble, o quedarnos sin escuelas, sin hospitales, sin oficinas, sin registro civil…sin gobierno.
Si se aprueba en la Ciudad de México, y posteriormente en otras entidades federativas, implementar el ingreso básico universal en el país, entregando a cada persona mil pesos al mes, implicaría un gasto de entre el 10 y 11% del PIB. Esta cantidad es precisamente lo que ahora se recauda como impuestos. (1)
¿De qué se sostendría el gobierno si todo se distribuye entre los habitantes como ingreso universal? ¿Cómo se mantendrá el sistema educativo, los hospitales, el registro público, las cárceles, los juzgados, el servicio de bacheo? Los servicios públicos perecerían, a menos claro, que se eleven los impuestos al doble ¿Quién vota a favor?
Debemos aprender de la historia y de lo que ha ocurrido en otros países con ejercicios similares. El programa de renta mínima, implementado en Brasil en 1991, tuvo un escasísimo impacto en los niveles de pobreza;
Aprendamos de la lección que nos dieron los suizos el 5 de junio del año pasado al votar no en el referéndum que les propuso aprobar el otorgamiento de una renta básica de más de 40 mil pesos mensuales de por vida a cada residente en el país. Lo hicieron porque esa medida debilitaría su nación, su infraestructura, su situación económica interna y externa y, con ella, la perspectiva de vida de sus habitantes;
Es contraproducente con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nadie, ni en sus peores pesadillas, podría aspirar a una ciudad en la que exista un incentivo para el desempleo, la falta de productividad y la dependencia, en lugar de la autonomía, el trabajo digno y la ciudanía activa plena. La Constitución no debe ser receptáculo de medidas dedicadas a transformar ciudadanos en clientes; derechos en dádivas y asistencia social en votos.
Porque será imposible controlar el flujo de habitantes que, procedentes de otros estados deseen venir a la Ciudad con miras a recibir esta renta básica. ¿En cuánto se incrementaría la población? ¿Vamos a proponer “un muro” para cerrar el acceso a nuestra Ciudad?
Una democracia depende de la calidad de la discusión que se proponga en sus órganos parlamentarios. Estas reflexiones esperan abonar a ese objetivo en relación con este tema.
(1) Ver Huerta Quintanilla, Rogelio: “El ingreso ciudadano en México: impacto y viabilidad” en: Problemas del desarrollo: revista latinoamericana de economía, UNAM, vol. 40, número 159, México, 2009, disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/pde/article/view/14678, enero 2017.
Diputada Constituyente
@cynthialopezc1
