Con apenas un año de creado, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos (INAI), ya empieza a enfrentar dudas y cuestionamientos de la sociedad, tanto por las pugnas internas que se han desatado entre los comisionados que se disputan el control y posiciones de poder en el instituto, como por algunas decisiones que han tomado sobre transparencia y reserva de datos, lo que ha ocasionado que ONG´s cuestionen la actuación del órgano autónomo de transparencia.
Podría decirse que, a 14 meses de la reforma constitucional que le dio vida, terminó la “luna de miel” para el INAI y sus comisionados, pues las organizaciones de la sociedad civil que avalaron su designación en el Senado de la República —con excepción de Rosendoevgueni Monterrey quien no tuvo respaldo ciudadano— han criticado actitudes y decisiones del órgano nacional como el de reservar por tres años las bitácoras de viaje del helicóptero de Conagua que utilizaba el ex director David Korenfeld, acusado de corrupción en el uso de la aeronave oficial, además de denunciar simulación en la integración de los secretarios Técnicos tripartitas en los gobiernos estatales para favorecer a algunos gobernadores.
Al mismo tiempo que enfrentan la crítica de las ONG´s, al interior del INAI afloran también desencuentros no sólo en la operación cotidiana del instituto sino en la organización del Sistema Nacional de Transparencia anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, y que, por ley, corresponde encabezar a los consejeros del instituto. Cuando se habla ya de pugnas de poder, parece a que a los siete comisionados de transparencia se les olvida que ellos llegaron al cargo precisamente para terminar con la lamentable historia de enconos y guerra interna protagonizada por los anteriores comisionados del IFAI, y ahora parecen repetir esa historia.
Y es que el IFAI desapareció justamente cuando la elección de Gerardo Laveaga, el 18 de enero del 2013, desató una serie de rencillas y enfrentamientos por el control del instituto que se hicieron públicas cuando el comisionado Ángel Trinidad, en plena sesión pública, exhibió la pereza de su compañero Laveaga y su ambición por quedarse para sus dominios la quinta parte de los cargos del instituto (eran entonces cinco comisionados).
Esas intrigas llevaron al Senado, con el aval de las organizaciones de la sociedad civil, a la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, con la que se creó un nuevo instituto, con nuevas atribuciones y más comisionados —pasó de 5 a 7— y con nuevo rostro que diera confianza a los ciudadanos. Así, los legisladores determinaron que el nuevo IFAI también cambiaría de comisionados, aun cuando a los anteriores se les permitió participar en el proceso de selección, pero ninguno de ellos tuvo apoyo.
Guerra y Monterrey, los nuevos “jefes”. Pero esa lección de poco valió para que los nuevos comisionados, que rindieron protesta ante el Senado el 14 de mayo de 2014, escarmentaran en cabeza ajena, y ya desde su designación empezó una lucha interna por la presidencia del Instituto que recayó finalmente en Ximena Puente de la Mora, una de las primeras y más destacadas especialistas en materia de protección de datos personales y quien al momento de su designación era presidenta del órgano de transparencia de Colima.
Antes de que se designara a Ximena, otros dos comisionados se peleaban por la presidencia: Óscar Guerra Ford, quien construyó una trayectoria en materia de transparencia en el instituto de transparencia del Distrito Federal y su cercanía con el gobierno de Marcelo Ebrard, y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, más conocido como Eugenio, quien se desempeñaba como presidente del instituto de transparencia del Estado de México, y que llegara a ser comisionado por su cercanía con el grupo de Peña Nieto, aun cuando fue el único miembro del INAI al que las ONG´s civiles le negaron el aval.
Cuando se eligió a Puente como presidenta del INAI, hace 14 meses, aparentemente terminó la pugna entre Guerra y Eugenio, pero en realidad cada uno de ellos formó un bloque interno que desde entonces se disputa cada puesto, cada plaza, cada designación de la estructura del INAI como si en ello les fuera la vida. Guerra Ford y Monterrey, cada uno con sus comisionados aliados, insisten en fortalecer sus posiciones porque los dos pretenden relevar a Puente de la Mora llegado el momento en poco menos de dos años y mantienen una tensión permanente en el instituto, a pesar de que el comisionado Francisco Javier Acuña se empeña en difundir en cada foro o evento público que “son como hermanos”.
El reparto de “huesos”. Uno de los síntomas más claros de que los integrantes del INAI están perdiendo el rumbo y repiten la misma historia del IFAI, es que a los nuevos comisionados no les produjo el menor rubor publicar en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 2014, la derogación de cuatro acuerdos del anterior IFAI y autorizarse sin más la contratación de personal del instituto. A partir de entonces, la constante ha sido pedir renuncias para deshacerse paulatinamente de todo lo que tenga tufo de Laveaga, Artz, Trinidad, de María Elena Pérez Jaén, e incluso de la misma Jacqueline Peschard, ésta última la única comisionada que conservó su prestigio en ese viejo IFAI.
Pero el tamaño de la estructura del INAI les quedó chica para la voracidad de los nuevos comisionados, quienes encontraron en la obligación de sus nuevas funciones —y que ahora deberán fiscalizar en temas de transparencia a más instituciones— el pretexto ideal para incrementar sustancialmente el número de plazas, sobre todo las de mayor jerarquía, para acomodar a sus incondicionales y pagar sus compromisos políticos con quienes los impulsaron. Así, el nuevo Instituto Nacional parece extraviar el camino de su autonomía ciudadana y va siguiendo los pasos que llevaron a desaparecer al viejo IFAI.
Notas indiscretas… Alguien debe avisarle al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, que le quedan sólo dos meses a su efímera y gris gubernatura. Porque pese a todo lo que no hizo a su llegada al gobierno, donde prácticamente era invisible, Ortega pretende ahora proponer “soluciones” extravagantes y alocadas a algunos problemas de su estado. Como lo que planteó esta semana al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, a quien el mandatario interino propuso realizar un cruce de nóminas para subsanar irregularidades y “proceder conforme a derecho”. Con eso Ortega pretendió responder a un desplegado del Consejo Universitario que exigió que el gobierno estatal les entregue 500 millones de pesos del subsidio federal a la institución, de los cuales 200 millones se deben desde la época de Ángel Aguirre Rivero. En el equipo de transición de Astudillo ya se quejaron de las ocurrencias de Ortega, quien además ha propuesto volver la Casa Guerrero, la misma que su esposa abrió a los maestros de la CETEG para “un museo y centro cultural”, porque él se fue a vivir con toda su familia a la Casa Acapulco, frente al mar, donde viven 34 familiares suyos y donde se habla de excesos como champagne de importación y un fuerte olor a enervantes. Eso cuando Rogelio Ortega no está volando en su helicóptero, en el que apenas aterriza en comunidades pobres, saluda, y vuelve a emprender el vuelo… En Ciudad Victoria se inauguró un nuevo C4, un centro de Control, Comando y Comunicaciones, desde el cual se pretende reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crímen organizado en la entidad. El gobernador Egidio Cantú, junto con funcionarios federales, estatales y municipales del llamado Grupo Tamaulipas, puso en funcionamiento este centro que tuvo un costo de 8.5 millones de pesos y en donde se operaran las bases criminalísticas con las que se pretende aumentar la inteligencia en la guerra contra los cárteles que se libra en el estado… Mientras las investigaciones contra Humberto Moreira y funcionarios de su gobierno continúan en Estados Unidos por “lavado de dinero”, en Coahuila al gobernador Rubén Moreira le llevó cuatro años refinanciar totalmente la deuda pública del estado, que le heredó su hermano, por un monto de 36 mil 767 millones de pesos. Esta semana el gobierno de Coahuila anunció que cerró un acuerdo con 7 instituciones bancarias para reestructurar sus adeudos, lo que le permitirá ahorrar hasta 3 mil 100 millones de pesos por concepto de servicio de deuda, recursos que serán destinados a proyectos de inversión pública y a mejorar la competitividad del estado. La reestructuración, primera en su tipo en México, protege a futuras administraciones para que no tengan que pagar más intereses por la deuda y fue asesorada por el BID... Se detienen los dados. Escalera doble. Buena semana.
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