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Justo cuando arrecian las críticas de organismos de Derechos Humanos nacionales y extranjeros en contra de las fuerzas armadas por presuntas violaciones graves y abusos militares contra civiles, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a esas críticas con la reafirmación de que el Ejército seguirá en las calles en el combate a la delincuencia durante lo que resta de su sexenio y, por primera vez, delineó el concepto de “seguridad interior” como la responsabilidad que cumplen los 66 mil elementos militares que, diariamente, recorren el territorio nacional.
La declaración de Peña el jueves pasado, en el marco de la entrega de reconocimientos a 25 unidades operativas castrenses que se destacaron en el combate a la delincuencia organizada (10 de la Marina, 14 del Ejército y 1 de la Fuerza Aérea), va más allá de la defensa reiterada que el presidente ha hecho a últimas fechas de la labor de las Fuerzas Armadas, luego de casos como el de Tlatlaya y más recientemente Aquila y Calera, además de los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. El elemento novedoso es que en esta ocasión el presidente no sólo exaltó los valores de las instituciones castrenses, sino que las definió además como coadyuvantes de la seguridad pública y como las responsables de la “seguridad interior”.
La definición presidencial tiene que ver con algo que desde hace años demandan las élites militares del país: la aprobación de una ley que ofrezca garantías constitucionales y legales a su actuación en labores de seguridad pública y patrullaje civil, pues hasta ahora ni en el sexenio de Felipe Calderón ni en lo que va del actual gobierno, les han resuelto la necesidad de una reforma legal que les dé certidumbre ante su actuación en la vida civil. Por eso llamó la atención que Peña Nieto introdujera por primera vez el concepto “seguridad interior”, pues así se denomina la iniciativa de ley que tienen lista en la Secretaría de la Defensa y que han insistido, sin éxito, para que sea discutida y aprobada en el Congreso.
La iniciativa castrense, denominada Ley de Seguridad Interior, propone un marco normativo para las fuerzas armadas en labores de seguridad y vigilancia en el territorio nacional. Establece protocolos, normas y reglas de conducta para los militares que participen en estas acciones y define los límites y responsabilidades de su actuación e interacción con la población civil. Justo hace unos días el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, insistía en la necesidad de que se atendiera el reclamo de las fuerzas castrenses para evitar la incertidumbre jurídica y constitucional en su actuación en una labor para la que no fueron capacitados ni está en el origen de sus facultades constitucionales.
La pregunta sería si ahora sí, aprovechando el inicio de la próxima legislatura, el presidente Peña escuchará la petición de las Fuerzas Armadas para que, además de los reconocimientos, discursos y elogios, se les otorgue un marco jurídico y legal a su actuación en la vida civil. Por ahí parece apuntar el mensaje presidencial cuando habló del “compromiso indeclinable del gobierno de la República” en el combate a la delincuencia, en donde definió que se seguirá utilizando “toda la fuerza de la ley y los recursos institucionales para enfrentar a quienes amenazan a nuestra población”. ¿Les dará Peña Nieto con su flamante mayoría priísta en el Congreso la Ley de Seguridad Interior que demandan los militares?
Violencia de taxistas contra Uber
El funcionamiento de Uber, la aplicación de transporte privado de pasajeros, generó está semana nuevas tensiones no sólo en el Distrito Federal sino también en Guadalajara, donde taxistas organizados comenzaron a presionar a las autoridades —con actos violentos en contra de conductores y unidades de Uber— para que regulen a la empresa que vino a romper el monopolio de transporte personal.
Auspiciados por centrales como la CTM y la CROC, los grupos de taxistas tanto en el DF como en Guadalajara han emprendido una estrategia de protestas e intimidación en la que incluso se solidarizaron con manifestaciones similares que esta semana tuvieron lugar en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, donde también los conductores de taxi se oponen al funcionamiento de Uber.
En el caso de la Ciudad de México la violencia de los taxistas en la zona del aeropuerto reavivó un tema que el gobierno del Distrito Federal ya había dejado claro al imponer algunas regulaciones y cobros a Uber, tal y como lo demandaron las organizaciones de taxistas. Sin embargo, la posición del jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, ha sido clara desde el principio: “Se privilegiará el interés de la ciudadanía” que, cansada del mal servicio de los taxis, ha manifestado preferencia por otras opciones como Uber y Cabify.
La posición de Mancera y de su administración es no dar marcha atrás en la operación de Uber y Cabify en la ciudad y tampoco tolera que haya violencia de grupos de taxistas. El objetivo es que haya una competencia real y los ciudadanos tengan la opción de elegir el que más les convenga, y para ello no sólo se aplicarán las normas para regular a Uber y Cabify, con su pago de derechos, sino también se promoverá el uso de aplicaciones entre los sitios y agrupaciones de taxistas.
En el caso de Guadalajara y su zona Metropolitana, el reto es tanto para los alcaldes de los municipios aledaños como para el gobernador Aristóteles Sandoval. Junto con las protestas de taxistas afiliados a la CTM y a la CROC, dos de las centrales obreras priístas, también se ha suscitado un movimiento de la sociedad tapatía que demanda que permanezca el servicio de Uber como una opción de mayor calidad a los usuarios. El gobernador Sandoval convocó ayer a mesas de diálogo, luego de que se realizarán marchas de taxistas y se reportaran al menos 10 casos de agresiones contra conductores de Uber. No le haría mal a Aristóteles Sandoval voltear a ver el modelo de regulación que impulsa Mancera y que incluye el cobro de derechos hacia Uber y Cabify, junto con la promoción y apoyo para que los taxistas utilicen también las Apps. Pero, sobre todo, en lo que tendría que tener cuidado el gobernador jalisciense y los alcaldes de Guadalajara es en no permitir la violencia, pues al final lo que debe privar, por encima de intereses de los taxistas o filiaciones políticas, es el interés de los ciudadanos por tener un servicio de transporte de calidad.
NOTAS INDISCRETAS… Justo cuando el PAN y el PRD se aliaban para enfrentar al “monstruo verde” de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco, las denuncias de los dos partidos sobre irregularidades cometidas en los pasados comicios locales se estrellaron con los videos difundidos donde el alcalde panista a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas, recibe dinero en efectivo —1 millón 400 mil pesos según se menciona en la grabación— de un constructor al que el candidato le promete “todas las obras que te voy a dar”. El problema para Gustavo Madero y Carlos Navarrete es que con esos videos se les va a dificultar su campaña contra las fechorías que denuncian del góber verde. Y es que PAN y PRD también están pagando el costo de haber descuidado por años su estructura y bases en el estado, las cuales pusieron al servicio de dos gobernadores polémicos como Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines. Durante 12 años las dirigencias del panismo y el perredismo dejaron hacer y deshacer a esos dos mandatarios y se desentendieron de los atropellos a sus partidos y militancia en el estado. Por eso cuando, un par de meses antes de la elección, tanto Navarrete como Madero vieron venir la operación de Velasco, que recibió millonarios apoyos de la Federación desde las elecciones federales, cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde y ahora gritan las placas del trailer verde que los arrolló, con todas las mañas y artes que aprendió bien del PRI… A través de su director de Administración, Héctor Ortega, el INAI envió una carta a esta columna en la que precisa que los despidos en el instituto de transparencia “no fueron masivos” y que de las 562 plazas que tiene el órgano, 171 “dejaron de prestar sus servicios” desde mayo del 2014 a la fecha. La mayoría de esos despedidos, afirma, se fueron por “renuncia voluntaria” o convenio de terminación laboral (166). Por otro lado, el INAI niega que, ni antes de su creación ni en esta nueva etapa exista el Servicio Profesional de Carrera para sus empleados… Paran los dados. Serpiente doble. Semana de altibajos.
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