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Si, como piensan la mayoría de los mexicanos, la captura de Javier Duarte de Ochoa fue un asunto pactado o administrado por el gobierno federal con la idea de ganar una supuesta rentabilidad electoral para las complicadas elecciones que enfrenta el PRI en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, podría afirmarse desde ahora que el cálculo fue fallido. En medio del escepticismo generalizado, que se niega a reconocer un logro de la justicia mexicana en esa sorpresiva y tardía detención, es muy difícil —y así lo reconocen en altos niveles del gobierno— que el tener a Duarte preso y sujeto a juicio en estos momentos, vaya a generar algún beneficio que impacte el competido escenario electoral en los tres estados que eligen gobernador en junio próximo.
“Darnos no, sabemos que no nos va a dar, pero más que buscar que nos diera, la captura en estos momentos puede al menos evitar que Duarte nos siga quitando votos”, comentó a esta columna un alto funcionario del gabinete. Y tal vez allá apunte la escueta declaración que hizo el Presidente sobre las detenciones, en menos de una semana, de dos ex gobernadores que en su momento fueron amigos y aliados suyos: Tomás Yarrington y Duarte. “Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado contra la impunidad”, dijo ayer Peña sobre esas capturas ocurridas mientras él estaba de vacaciones.
Lo que se buscaría entonces es detener en estos comicios el “efecto Duarte”, que en 2016 provocó sangría de votos para el PRI y la pérdida de 8 de 12 gubernaturas en disputa. Por ahora el operativo de “inteligencia” que llevó a detenerlo en Guatemala no tuvo el impacto que en el gobierno buscaba y despertó más especulaciones y suspicacias sobre la información oculta tras la versión oficial.
Un tema que impactó negativamente fue que el subprocurador Alberto Elías Beltrán, descartara que Karime Macías, la esposa de Duarte, no sería detenida porque no hay orden de aprehensión en su contra. Eso avivó versiones de un arreglo con la familia del mismo Duarte negociado a cambio de información sobre su paradero.
Con todo, la fuente federal consultada asegura que Karime “no está exonerada” y si bien en este momento no hay acusación en su contra, “no significa que no pueda haberla en un futuro”. Eso lleva a pensar dos cosas: primero que el presidente Peña pidió respetar “a la familia”, como cuando afirman que se molestó porque Yunes exhibió diarios y cosas de la señora en un montaje político en febrero; y segundo que, dejar libre a la esposa, podría ser un “as bajo la manga” que el gobierno se guarda para tener un elemento de presión y control sobre lo que Duarte sabe y puede declarar en un juicio sobre las redes políticas y de complicidad que lo protegieron.
Un dato confirmado sobre la detención es que Javier Duarte supo que estaba cercado día y medio antes de que la Policía Nacional de Guatemala y la AIC entraran por él al complejo de Atitlán. El jueves por la noche, cuando lo ubicaron y tendieron un cerco los dos gobiernos en torno a la lujosa residencia que rentaba, Duarte supo que no había escapatoria y —aunque la fuente no dice si hubo o no comunicación con él en ese lapso— lo que sí afirma es que al saberse copado mandó traer a sus hijos en un vuelo privado desde Toluca, ya sin ninguna precaución, para despedirse de ellos. Y lo hizo, todavía junto a su esposa. Por eso cuando los agentes entraron al complejo, a él lo encontraron solo en un pasillo, mientras el resto de la familia permanecía encerrada en las habitaciones. Y ya no mostró sorpresa, aunque quiso jugar con los agentes al cambiarse el apellido, pero tras tomarle las huellas dactilares, vino el esposamiento y luego su sonrisa, esa sonrisa que para algunos rayó en el cinismo y la soberbia, y para otros en el nerviosismo y el delirio; en el primer caso sería la sonrisa de quien se sabe protegido y en el segundo, de quien se evade de la realidad.
NOTAS INDISCRETAS… Sigue el enojo en el gobierno federal por la “burda maniobra política” de Miguel Ángel Yunes al colgarse la medalla de una detención en la que no participó. De hecho, en la PGR se quejan de que Yunes politice el tema, cuando ni siquiera ha terminado de comprobar los 420 millones de pesos que le entregó públicamente el procurador Raúl Cervantes entre noviembre de 2016 y enero de 2017. A la fecha el gobernador panista sólo ha podido comprobar 350 millones y del resto no ha entregado comprobación. Así que desde el Paseo de la Reforma le mandan un mensaje al grillo de Xalapa: que en vez de andar politizando y colgándose de investigaciones federales mejor atienda la inseguridad que sigue creciendo en su estado. ¡Zas!...Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
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