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El escándalo internacional por la filtración de los Panama Papers tuvo en México uno de sus capítulos más penosos. Empresarios ligados al poder, ex funcionarios públicos y personajes de la farándula nacional salieron salpicados por las revelaciones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que documentó la sofisticada ingeniería financiera utilizada por encumbrados mexicanos para sacar dinero ganado en el país y presuntamente evadir impuestos.
Las reacciones no se hicieron esperar y la presencia en los documentos panameños de nombres como el del empresario constructor, Juan Armando Hinojosa, amigo personal del presidente Enrique Peña Nieto y quien le vendió la Casa Blanca a su esposa y la casita de Malinalco al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acapararon la atención, junto con el de funcionarios como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y empresas de televisión. El silencio delator de algunos, como el de Hinojosa, y las rápidas aclaraciones y la negación de otros, como las de Lozoya, abonaron al escándalo que rápidamente se tornó en airadas demandas de políticos y congresistas que exigieron al gobierno mexicano una “investigación a fondo” de los presuntos evasores.
Pero en medio del escándalo, la autoridad gubernamental en la materia, el Sistema de Administración Tributaria, que puede ser feroz y despiadado con contribuyentes menores a los que embarga y persigue si dejan de pagar impuestos, se tomó las cosas con calma. El titular del SAT, Aristóteles Núñez, dijo revisarán los Papeles Panameños para ver si hubo evasión, pero aclaró que no es delito, per se, que un empresario o cualquier mexicano tenga dinero invertido en el extranjero. “Sería delito sólo si se dejaron de pagar impuestos por dinero sacado del país”, dijo ecuánime Aristóteles. A diferencia de lo implacable que puede ser el sistema tributario con un empleado o profesionista cautivo, su director hasta se vio benigno al ofrecer que empresarios que invirtieron en las llamadas off shore, creadas por el despacho Mossack Fonseca en paraísos fiscales, podrían “aprovechar el programa de retorno de inversiones” que opera hasta junio próximo.
Y entre la tibieza del SAT —tal vez ligada a los prominentes nombres de los presuntos evasores y a su cercanía con la Presidencia y el poder— y el escándalo político que desató en el país y en varias de las naciones aludidas hay una sola duda que brinca en la impecable investigación periodística internacional que documenta y exhibe una intrincada red de corrupción y evasión global, que tenía como centro neurálgico el despacho panameño y que involucra a 12 jefes de Estado, 128 políticos de varios países, 61 familiares o socios cercanos a políticos, además de empresarios, artistas y futbolistas: ¿por qué no hay ningún empresario, funcionario o político de Estados Unidos en la lista de 140 figuras prominentes de países de todo el orbe? ¿Acaso ningún estadounidense utiliza un concepto como las off shore que casi fue inventado por ellos? ¿Por qué sólo figuran nombres de presidentes y políticos de países como Rusia, Arabia Saudita, España o Argentina y ninguno de una de las economías más ricas del mundo como la que es Estados Unidos?
La misma pregunta se hacían ayer los voceros del Kremlin, que en su intención de defender al presidente ruso, Vladimir Putin —cuyos cercanos colaboradores aparecen en las listas panameñas de evasores— hablaban de una “injerencia de la CIA” en la mayor filtración periodística de que se tenga memoria, superior incluso a los expedientes de inteligencia diplomática de Wikileaks de Edward Snowden, esos sí todos contra la Casa Blanca y el gobierno estadounidense. ¿Será verdad que en Estados Unidos, que acumula la mayor cantidad de multimillonarios en las listas de Forbes, todos están “limpios” de utilizar mecanismos de evasión y paraísos fiscales, incluidos sus políticos y gobernantes?
Por lo pronto es claro que en México no todos están “limpios” y más bien varios aparecen con fortunas e inversiones millonarias no declaradas al fisco de nuestro país. La gran pregunta es si, más allá del escándalo de proporciones internacionales, pasará algo con la grotesca evasión de impuestos exhibida por el salpicadero panameño y sus profundas implicaciones políticas que ya obligaron a la Presidencia de México a calificar el tema de Hinojosa Cantú como un “asunto viejo” y remitir a la cuestionada investigación de Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca. ¿Irán de verdad Hacienda y el SAT contra evasores de “cuello blanco” o se plegarán ante el poder político que los cubre de un escándalo que también a ellos los salpica?
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