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La eterna pregunta que ronda al viejo partido —desde que en el año 2000 perdieran la Presidencia de la República— vuelve hoy ante el complicado escenario que enfrenta el priísmo de cara a 2018. Tras su regreso al poder hace cinco años, de la mano de un carismático Peña Nieto, hoy el PRI se enfrenta al dilema de perder nuevamente el gobierno de la mano de un desgastado Peña Nieto; y para evitar que su regreso a Los Pinos resulte fugaz, con una derrota que hoy parece inevitable en las presidenciales del próximo año, los priístas ven en su Asamblea Nacional de la próxima semana el último llamado: reinventarse o perder.
Dos mesas serán escenarios centrales de la sorda batalla por la sucesión priísta del próximo año: la de Estatutos, en Campeche, donde en teoría podrían darse los mayores cambios, aunque la tendencia y la operación política de las últimas horas apunta a un gran acuerdo cupular para “que no se mueva nada de los estatutos”; y la mesa de “Visión de Futuro” en Guadalajara, a donde irán la mayoría de los pesos pesados del priísmo, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Osorio Chong, Emilio Gamboa, Ivonne Ortega, Arturo Zamora, además de varios gobernadores que se han anotado, porque parece que ahí se van a tomar definiciones importantes sobre la pregunta que da título a esta columna.
Lo que se vive de fondo es la lucha por saber cómo va a definirse su candidato presidencial, si por el método histórico y tradicional del “dedazo” y la decisión unipersonal del Presidente o si, como empujan la mayoría de grupos y militancia de los estados, hay posibilidad de “abrir” la elección a una consulta a la base y “dar piso parejo” a los aspirantes, algo que supondría una cesión de la definición que hoy corresponde al presidente Peña Nieto.
Para evitar discutir sobre “candados” y modificaciones estatutarias, se está operando desde el CEN para que no se modifiquen los estatutos —ni para abrir ni para cerrar el paso a ningún aspirante interno o externo—, que se queden como están, y que a cambio haya pronto una sesión de Consejo Político Nacional en donde se discuta expresamente la posibilidad de una consulta abierta a las bases para elegir al candidato presidencial del PRI.
Pero los políticos no siempre tienen palabra y las Asambleas Nacionales siempre son terreno fértil para las “rebeliones espontáneas” Y por lo pronto se percibe un fuerte jaloneo por la sucesión entre un grupo fuerte que impulsa la idea de un “priísta identificado y militante probado”, posición que apunta claramente a Miguel Osorio Chong como primera opción, con José Narro en la segunda línea; y la otra corriente predominante que pide que la militancia o los 10 años no sean requisito indispensable, y esos ven en Aurelio Nuño o José Antonio Meade como sus cartas a 2018.
¿Quiénes van con una u otra opción? Con Osorio y/o Narro podrían coincidir desde Manlio Fabio Beltrones, si es que él decide no entrar a un proceso abierto, hasta Ulises Ruiz, Ivonne Ortega, José Murat, gobernadores y otras figuras políticas tradicionales ¿Quiénes impulsan a Nuño? Enrique Ochoa, Carlos Salinas de Gortari, Emilio Gamboa y otros grupos de poder. ¿Quiénes quieren habilitar a Meade, sin cambio estatutario pero con una alianza con otros partidos que le abriría la puerta como externo? Luis Videgaray y todo el grupo ITAM, José Ramón Martell, y gobernadores afines al canciller.
Al final, la lucha en el PRI reedita el pleito que ha vivido ese partido los últimos 30 años: políticos (militantes) contra tecnócratas (economistas neo-priístas y externos). La decisión final está en Los Pinos ¿A quién apunta el dedo: Osorio, Nuño, otro?
NOTAS INDISCRETAS… Gerardo Ruiz Esparza afirma que sí se van a hacer públicos los resultados del peritaje independiente sobre el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. Que serán los propios peritos de la UNAM y Colegios de Ingenieros los que convoquen “en los próximos días” a una conferencia para dar a conocer sus “hallazgos independientes” y que lo que ha retrasado la conclusión de los peritajes es el taponamiento del tubo de drenaje que se colapsó y que no ha podido ser desbloqueado de la enorme cantidad de basura que tiene dentro. También asegura el titular de la SCT que él no ha rehuido su responsabilidad en ningún momento y que si no renunció fue porque el presidente Peña le pidió esperar al peritaje técnico, “antes de sacar conclusiones”, aunque niega que se le pueda culpar a él de lo ocurrido. Sobre las empresas, asegura que “sí habrá sanciones fuertes” contra las constructoras, si es que el peritaje concluye que hicieron mal las cosas o incumplieron con las especificaciones de calidad de la obra. “Puede haber sanciones fuertes hasta de tipo penal e, incluso, si hay los elementos, se les pueden rescindir otros contratos con el gobierno federal”, dice Ruiz Esparza. Veremos qué sucede cuando se conozca el peritaje independiente… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
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