Indolente el presidente Enrique Peña Nieto, que ante la tragedia que costó la vida a dos personas no tuvo más que “condolencias” para la familia de Juan Mena y su hijo, desdén —“ese no es tema hoy”— y parsimonia (“no anticipemos juicios”), cuando lo que pedían a gritos los familiares y la sociedad era “justicia”. Cobarde el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, que ante las evidencias de negligencia y corrupción en una obra mal diseñada, mal ejecutada y cobrada a sobreprecio por dos constructoras que no eran las más calificadas, primero mintió culpando “a la lluvia”, luego dijo que eran “gajes del oficio”, para después ofrecer que si había “responsabilidades las asumiré con gusto”. Quince días después se aferra con uñas y dientes al cargo, sin asomo de dignidad y mucho menos responsabilidad.
Inepto el gobierno de Graco Ramírez, en donde se limitaron a avisar burocráticamente de las fallas, errores y deficiencias en la construcción y operación del Paso Exprés de Cuernavaca, pero no ejercieron la facultad estatal de clausurar o cerrar una obra que no reunía las condiciones de seguridad para el paso de vehículos automotores, y mostraron todavía más ineptitud cuando, ocurrida la tragedia, sus áreas de emergencia y protección civil no fueron capaces de activar protocolos de rescate rápido y efectivo para salvar con vida a los señores Mena, quienes sobrevivieron al impacto de la caída y murieron por asfixia casi dos horas después, esperando una ayuda que les pudo haber salvado la vida, y que rescatistas de la Coordinación de Protección Civil del gobierno tardaron nueve horas para poder sacar el automóvil ya con los dos cuerpos con varias horas de fallecidos.
Hoy, dos semanas después de esa tragedia humana, que desnudó la mala calidad, los sobreprecios, retrasos y el tráfico de influencias y corrupción con que se realizan las obras de infraestructura en el actual sexenio, nadie asume la responsabilidad. A las empresas constructoras no se les inhabilita ni se les cancelan otros contratos federales en curso y si acaso se les obliga a “construir un viaducto”, un puente que parchará una obra por la que cobraron más de dos veces su valor original y entregaron mal y con retraso; no hay funcionarios sancionados ni culpables por la muerte de dos personas y de manera vergonzosa e indignante los gobiernos federal y del estado de Morelos se echan la culpa mutuamente, negándose los dos a asumir sus culpas en una tragedia anunciada y no evitada por ninguno de los dos niveles de gobierno.
Y mientras las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y el gobierno de Morelos discuten públicamente de quién fue la responsabilidad de detectar las fallas que ya presentaba la obra y prevenir la tragedia —anoche Graco estaba en la Segob reunido con subsecretarios de las dos dependencias federales— siguen sin conocerse los peritajes o dictámenes oficiales sobre las causas del socavón, a pesar de que el gobierno prometió que “en quince días” el grupo de expertos designado tendría listo el informe oficial de lo ocurrido.
La negligencia federal se confirma con un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2015, difundido ayer, y en el que la instancia de supervisión y fiscalización había alertado, desde diciembre de 2016, a la SCT y a su Órgano Interno de Control, de “obras de mala calidad” en el Paso Exprés y de que funcionarios de esa dependencia instruyeron a las constructoras Aldesa y Epccor a modificar el proyecto original de la obra sin estar autorizados para ello.
Desde el año pasado la ASF alertó que en las pruebas de control de calidad sobre la colocación de la carpeta asfáltica, la SCT no se cercioró de que las contratistas emplearan el volumen adecuado de cemento —145 kilos por metro cúbico— por el que se les pagó. También desde diciembre pasado los auditores federales cuestionaron que el Paso Exprés “no cuenta con obras fundamentales para su operatividad, como retornos, acotamientos, laterales interiores y exteriores, además de accesos y salidas de esa carretera para vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento. Finalmente la Auditoría confirmó que el precio original de la obra era de 976.8 millones de pesos, cuando al final las constructoras cobraron 2 mil 332 millones, es decir 2.3 veces el valor original de la obra.
¿No es suficiente todo eso para acabar con la indolencia, la cobardía y la ineptitud que hoy dominan desde la Presidencia de la República, la SCT y el gobierno morelense? ¿Necesitan otra tragedia para asumir sus responsabilidades y actuar con dignidad? ¿O de plano apuestan al habitual olvido de los mexicanos que, cuando venga el nuevo escándalo, ya no se acordarán del socavón ni de sus muertitos? ¿No es tiempo ya, presidente Peña, de hacer juicios, sacar conclusiones y evitar la impunidad en su sexenio? O de plano ese “no es tema” todavía y le tiembla la mano para correr a su secretario-amigo-cómplice.
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