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Convertido en el “bufón” de Peña Nieto para mostrar un combate simulado contra la corrupción en el país, Javier Duarte de Ochoa sabía muy bien lo que decía cuando, al abandonar su celda del penal de Matamoros en Guatemala, se dio él mismo la señal de inicio para su periplo y juicio de regreso a México: “Que empiece el show… cámara, acción”. Y lo ocurrido en la primera audiencia de su proceso judicial, en el Reclusorio Norte, vino a confirmar que, efectivamente, todo parece un mal show, en el que el ex gobernador de Veracruz es cómico principal y la PGR, de Raúl Cervantes, sus patiños.
“¿Eso es todo?”, pregunta el juez con cara de incredulidad. Los tres fiscales de la PGR, asustados, trastabillean y se miran unos a otros hurgando desesperados entre los papeles. Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez son los tres agentes del MP que, sin el apoyo de la ausente Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, balbucean como en comedia de situación, sin atinar la respuesta a las interrogantes del juez y la defensa del acusado. “Es la primera vez que yo los veo a ustedes… La defensa ha hecho preguntas muy simples, y ustedes no pueden forzar las respuestas. Es evidente la dificultad para encontrar los datos que les están siendo requeridos”, dijo el juez a los improvisados agentes federales.
¿Nueve meses desde que se les fugó Javier Duarte en octubre de 2016 y tres meses desde que lo capturaron en abril pasado no fueron suficientes para tener un caso bien armado y unos agentes del Ministerio Público que dominaran a la perfección los números, las cifras, los datos en los que se basa la acusación de lavado de dinero y operaciones con recursos provenientes del erario por 438 millones de pesos?
“Los números no cuadran, eso está claro”, dijo el juez, cuando los funcionarios que envió el procurador Cervantes Andrade nomás no podían responder con claridad a los cuestionamientos del propio Duarte y sus abogados que con 20 preguntas tuvieron para exhibir la falta de preparación y el desconocimiento del caso de los fiscales de la PGR. Si en esta audiencia, que era solo inicial, apenas pudieron acreditar 38 millones de pesos desviados por el ex gobernador priísta, ¿qué nos hace pensar que en el resto del juicio podrán probar la cifra de por sí menor de 438 millones, que no representa siquiera 10% del monto total de 5 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación documentó como recursos públicos federales malversados y sin comprobar su destino en el gobierno duartista?
La desconfianza de la vox populi no ve en toda esta trama de la corrupción priísta en los tiempos de Peña (saqueo-complacencia-protección-fuga-detención-extradición y juicio) una intención real de hacer justicia y castigar al autor del caso más grande de corrupción documentado y conocido hasta ahora en el sexenio de la corrupción.
El caso de Javier Duarte, cuyo juicio inició justo un día antes de que entraran en vigor las leyes, normas e instituciones que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción, no es el mejor augurio para el nuevo entramado institucional que busca poner fin al fenómeno delictivo (vulgo: saqueo) que hoy más irrita y molesta a una enojada y decepcionada sociedad mexicana. Si la actuación inicial de la PGR de Peña y Cervantes va a marcar la forma en que representarán a la sociedad en el enjuiciamiento al corrupto ex gobernador, entonces todo está perdido. Se confirma por qué al país le urge una Fiscalía General autónoma, independiente y fuera del manejo discrecional y político del Presidente de la República.
Es una vergüenza que mientras en Brasil, Guatemala o Perú están enjuiciando y sentenciando a ex presidentes de la República y hasta a presidentes en funciones, aquí no podamos siquiera probarle las acusaciones a un gobernador acusado de corrupción y éste siga siendo protegido y ayudado desde el mismo gobierno que debe acusarlo y probar sus delitos.
NOTAS INDISCRETAS…
A quienes pensaban que los desafortunados “resbalones” en Twitter y en declaraciones del secretario Gerardo Ruiz Esparza eran obra de torpes asesores o manejadores de redes, se equivocan; gente cercana a su oficina confirma que ha sido el propio titular de SCT quien, de puño y letra, ha tuiteado sus desafortunados mensajes, primero sobre “Se rescató el vehículo Jetta del socavón del Paso Express de Cuernavaca. Lamentablemente los dos ocupantes fallecieron”, y el segundo y aún más desafortunado, cuando declaró en una entrevista que la indemnización de un millón de pesos a la familia “no se está haciendo por alguna cosa más que por el mal rato que pasaron”. En ambos casos fue solito el secretario, sin asesores de por medio, el que expresó su verdadera personalidad que, según dicen sus asesores cercanos, es “la de un príncipe al que no se le puede ni dirigir la palabra porque se molesta” ¿Se irá el príncipe?... Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
