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Del “Si no pueden que renuncien” en el sexenio de Felipe Calderón, pasamos al “Si no pueden, que venga la ONU” en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque si a Calderón la sociedad civil, en voz del empresario Alejandro Martí, le cuestionó públicamente por su incapacidad para frenar la violencia e inseguridad en que sumió al país por su sangrienta guerra contra el narco, ahora al presidente Peña son cada vez más las voces que ponen en duda la capacidad y confiabilidad de su gobierno y de su procuraduría para investigar y sancionar temas tan graves como el espionaje a activistas civiles, periodistas, políticos y ahora también a integrantes del Grupo de Expertos Internacionales de la CIDH, que revisó el caso Ayotzinapa.
La denuncia del Citizenlab de Canadá, que documentó el espionaje sufrido por varios integrantes del GIEI que trabajaron en México a invitación del gobierno peñista, entre febrero de 2015 y abril de 2016, ocasionó que ayer se reavivaran las exigencias de que otro grupo de expertos internacionales, estos de la ONU, vengan al país para encargarse de las investigaciones y denuncias de espionaje cometido desde el gobierno federal con el software Pegasus contra personajes de la sociedad civil, el periodismo y la política. La petición parte de la desconfianza de que la PGR de Raúl Cervantes actúe con la independencia y autonomía necesarias para investigar y acusar a algún área del mismo gobierno al que pertenece, de comprobarse el espionaje gubernamental.
Ayer el PAN, la organización Artículo 19 e integrantes del mismo GIEI consideraron que, ante la gravedad de que expertos de la CIDH hayan sido víctimas de espionaje en México y el impacto que eso puede tener en el derecho internacional, es necesario que el gobierno de Peña Nieto acepte que un panel de especialistas designados por la ONU conduzca las investigaciones que actualmente están en manos de la PGR, a fin de deslindar responsabilidades sobre el espionaje denunciado y aplicar castigo a los responsables.
No es la primera vez que en el actual sexenio surgen estos reclamos de intervención internacional para indagar y castigar delitos graves, ante la incapacidad o la desconfianza en las áreas de procuración de justicia y de seguridad. En el fenómeno creciente e incontrolable de los desaparecidos, por ejemplo, y el descubrimiento constante de fosas clandestinas con cientos de cuerpos humanos en varias regiones del país, varias organizaciones civiles, formadas por madres y de desaparecidos que con sus propios recursos buscan y detectan la fosas, claman por ayuda internacional, ante la incapacidad, apatía e indolencia de autoridades federales y estatales para rescatar e identificar los miles de cuerpos encontrados en varios estados.
El tema de la corrupción, la inoperancia del sistema de justicia y la violencia también ha sido objeto de peticiones para que venga ayuda desde instancias como la ONU ya sea para investigar o para coadyuvar en situaciones en las que el gobierno mexicano no sólo parece rebasado, sino que se desconfía de la capacidad y de la autonomía de las procuradurías para castigar los delitos y aplicar la justicia en un país en donde 99% de las denuncias quedan en total impunidad.
Históricamente México y sus gobiernos han sido reacios a aceptar la ayuda internacional en temas de seguridad y justicia, con el argumento de la “soberanía” y el “injerencismo”. Sin embargo, experiencias de países como Guatemala, con su Comisión de la Verdad formada por la ONU, terminaron con un nuevo y exitoso sistema de justicia, de combate a la inseguridad y castigo a la corrupción con el que hoy el vecino menor centroamericano le pone la muestra a nuestro país. La pregunta obligada es ¿llegó la hora de reconocer que, ante la incapacidad y la desconfianza que generan gobiernos rebasados y cómplices en temas como la violencia, la corrupción y la justicia, no es momento de exigir y aceptar que venga la ayuda desde la ONU?
NOTAS INDISCRETAS…En México nada pasa y nada cambia, solo se transforma: Bartlett en confesión tardía de un fraude histórico y Lino Korrodi en converso extremo, de “Amigo de Fox” a “Amigo de AMLO”. Así, la política mexicana no cambia, sólo se transforma…Y hablando de “amigos” la que ya sumó uno a su desairada campaña presidencial es la ex gobernadora Ivonne Ortega. Resulta que el dirigente de la Canadevi, Carlos Medina, se sumó al proselitismo de Ivonne y está organizando “redes empresariales” en favor de la candidatura de la yucateca. Pero el líder de los vivienderos, a quien dirigentes de Cemex culpan de encarecer los precios de la vivienda y pedir subsidios del gobierno, no se mueve de a gratis y ya le pidió a Ivonne la Secretaría de Economía. Claro que para eso la yucateca tendría primero que ser candidata del PRI y luego ganar la Presidencia, cosa que se ve en chino…Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.
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