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Las denuncias de espionaje contra el gobierno mexicano no son algo nuevo; históricamente se ha documentado cómo, desde la época del partido de Estado, las escuchas telefónicas, los seguimientos personalizados y hasta la vigilancia y acoso permanente fueron prácticas comunes del régimen priísta contra opositores y disidentes del sistema. Con sus distintas estructuras y denominaciones, la DFS, Inteligencia Militar, policía federal o Cisen, las “policías políticas” y agencias de seguridad siempre espiaron a organizaciones y personajes considerados “peligrosos”, “amenazas” o incluso “agentes extranjeros”. La práctica se realizó siempre desde las instancias federales, aunque también hay gobiernos estatales que, en su afán de control y vigilancia, impulsaron sus propios “centros de espionaje”, algunos ubicados en el Estado de México.
La técnica más recurrente han sido las escuchas telefónicas, que aún hoy se realizan y son motivo de filtraciones constantes de conversaciones entre dirigentes políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Esa práctica nunca se fue, pero ahora se ha sofisticado con nuevas tecnologías que realizan espionaje ya no basado en líneas domiciliarias, ni en seguimiento de personas con fichas físicas —como las que aún se guardan en un enorme archivo del Cisen con datos, vida y milagros de personajes públicos— sino en el uso de malware que convierten a los teléfonos celulares —que hoy tienen 8 de cada 10 mexicanos— en auténticos espías de la vida privada, personal y profesional de esos mismos personajes.
Eso es lo que ayer denunció el New York Times en un reportaje que afirma que el gobierno mexicano, a través de diversas agencias de seguridad (PGR, Cisen y el Ejército) habría espiado a través de sus celulares a varios dirigentes de Organizaciones No Gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas a los que se les inoculó en sus aparatos móviles el llamado software malicioso Pegasus, que convierte a los teléfonos móviles en robots espías que lo mismo reportan conversaciones telefónicas que correos, mensajes de texto, chats, videos, fotografías, ubicación y hasta funcionan como cámara y micrófono que transmite, en vivo y directo, cualquier actividad del dueño del teléfono infectado.
Los casos mencionados ayer por el NYT de activistas como Juan Pardinas, del IMCO, Mario Patrón, del Centro Pro, o los periodistas Carmen Aristegui (a quien incluso intentaron espiar a su hijo cuando era menor de edad) Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, autores estos últimos del reportaje de la Casa Blanca de Las Lomas, constituyen una gravísima denuncia en contra de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que, en el discurso dice respetar la “libertad de expresión y de crítica”, así como el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, pero en la práctica permite que, según el rotativo estadounidense, sus agencias de seguridad espíen a “personajes incómodos”, utilizando la tecnología.
No es la primera acusación de este tipo al gobierno peñista, sin que haya algo más que un deslinde y una recomendación desganada para que los personajes espiados “denuncien ante la PGR para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes”. Lo mismo que ayer dijo en una carta al editor del NYT el Director de medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, fue lo que declararon desde el gobierno el pasado 24 de mayo cuando los dirigentes de 10 organizaciones civiles acusaron a la administración de Peña Nieto de “espionaje contra activistas” y se levantaron de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
Fundar, Imco, Artículo 19, Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Social Tics, Cultura Ecológica y Control Ciudadano rompieron con el gobierno peñista por la misma razón que ayer documentó el NYT: espionaje a Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO. La denuncia la hicieron desde febrero al gobierno mexicano, al que pidieron investigar esos señalamientos, y como no hubo respuesta alguna, decidieron abandonar la iniciativa de Gobierno Abierto y denunciar a México para que fuera desconocido por esa iniciativa global que promueve justamente la transparencia gubernamental.
Esta es la segunda denuncia pública y fundamentada que, en menos de un mes, acusa de espionaje al actual gobierno federal. Si no hay una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades, se estaría validando y reconociendo una práctica violatoria de derechos y garantías constitucionales, además de que se confirmaría que con Peña no sólo retrocedimos en indicadores sociales, en seguridad y violencia, o que volvió el “partido de Estado” en las elecciones; también sigue, más sofisticado e igual de intimidante, el #GobiernoEspía.
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