Más Información
Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder
“Vamos a dar apoyo a los pequeños agricultores por sequía en Sonora”; Claudia Sheinbaum instruye a Berdegué
Derrota de México en disputa por maíz transgénico contra EU; estos son los argumentos de Sheinbaum y AMLO para prohibirlo
Entre las decisiones que se cocinan en Los Pinos, de cara a la sucesión presidencial de 2018, el relevo en la dirigencia nacional del PRI es de los primeros pasos que se ven necesarios y urgentes dentro del mismo priísmo. La realización de una Asamblea Nacional en agosto, de pronóstico reservado —por la agitación interna que vive el partido y el reto de operar las mesas de trabajo sin “sorpresas” o rebeliones de corrientes que suele haber en esos cónclaves— requieren, a decir de los priístas de la cúpula, de un “dirigente más experimentado, un priísta probado y que inspire más respeto entre los militantes y grupos del partido”.
Al riesgo de una Asamblea Nacional que se salga de control, se añade la conducción de un proceso para elegir al candidato del PRI a la Presidencia, ya sea abierto y con varios aspirantes moviéndose en campañas internas o incluso una decisión presidencial cerrada en la que el dirigente del PRI tendría que tener un liderazgo fuerte para operar la elección que se haga en Los Pinos y evitar divisiones o fracturas internas como las que hoy se ven posibles si el “ungido” por el dedo presidencial no tiene el perfil de militancia y experiencia que demandan varios grupos y corrientes dentro del priísmo.
Hay grupos que ya empujan nombres y perfiles para sustituir a Ochoa Reza; se menciona a tres políticos de experiencia política y partidista. El primero de la terna es el director del ISSSTE, José Reyes Baeza. Al ex gobernador de Chihuahua se le analiza como una de las opciones no sólo por la lealtad y confianza que le reconocen en Los Pinos, sino por considerarlo también un operador político capaz y con una militancia priísta reconocida. Aunque Reyes Baeza tiene buena relación con varios de los aspirantes a 2018 que se mencionan en el gabinete, se le ve más cercano al secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y al titular de Salud, José Narro.
El segundo es otro ex gobernador, José Calzada Rovirosa, de Querétaro. Del actual secretario de Agricultura es conocido su interés por ocupar el despacho principal de Insurgentes Norte y se le considera uno de los pocos ex mandatarios estatales del PRI que salió con “buena imagen” de su estado, aunque en su contra algunos esgrimen el hecho de que perdió la sucesión de su entidad a manos del panista y actual gobernador, Francisco Domínguez. Calzada, dicen algunos, “juega para Calzada”, refiriéndose a la sucesión presidencial, aunque otros lo ven como propuesta cercana a Luis Videgaray.
Y finalmente el tercer político que suena para el PRI es el senador Emilio Gamboa Patrón. Cercano al afecto y la comunicación con el Presidente, el líder senatorial que ha sobrevivido a más de 6 sexenios siempre en posiciones de poder, es visto como un operador de confianza para Peña Nieto y tiene la ventaja de que el actual CEN priísta fue integrado en su mayor parte por él, con operadores de su confianza, en una alianza con Videgaray para arropar al inexperto Ochoa Reza cuando fue impuesto en el partido en agosto de 2016. Gamboa tiene el colmillo y la experiencia de haber vivido cinco sucesiones presidenciales y ha sido un cercano operador de las reformas e iniciativas peñistas.
El relevo en el PRI podría darse a más tardar en julio, en la idea de que la nueva dirigencia se meta de lleno a la organización y preparación de la XXII Asamblea y en la implementación del nuevo esquema que preparan ya en Los Pinos para elegir al próximo candidato priísta a la Presidencia. Del liderazgo que se elija para el viejo partido se derivarán también señales y definiciones para un 2018 que sigue siendo cuesta hacia arriba para el PRI.
NOTAS INDISCRETAS… El fallo de la Suprema Corte de Justicia ayer sobre la transparencia y la rendición de cuentas arroja un poco de luz sobre el oscuro panorama de la corrupción institucionalizada en el país. Porque los ministros ordenaron que a partir de ahora todos los servidores públicos y funcionarios estarán obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, desde el Presidente, gobernadores, legisladores, funcionarios y hasta los propios ministros y magistrados. Ya no podrán escudarse, dijo la Corte, en supuestas “razones de seguridad personal”, ni en riesgos de ser secuestrados u otros pretextos para evitar la transparencia. El mandato de SCJN es que los ciudadanos que integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción sean los encargados de diseñar el formato de las declaraciones 3de3 que serán obligatorias para evitar “mañas y trampas” de políticos y candidatos que juegan con el discurso de la transparencia, cuando lo único que hacen es ocultar sus riquezas de dudosa procedencia. ¿Acatarán los políticos la decisión de la Corte, comenzando por los propios ministros y el Presidente?... Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.