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La investigación abierta en el gobierno federal para dar con los “grupos de interés” que armaron la estrategia para presentar a grupo Tecnoradio como “nuevo jugador”, a pesar de sus vínculos familiares y empresariales con Grupo Radiorama, va con todo y llegaría incluso a denuncias penales contra los involucrados en el intento de fraude que dejó mal parada a la reforma de telecomunicaciones del presidente Peña Nieto en su primera licitación de concesiones de radiodifusión.
El ridículo también fue para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que condujo el proceso de licitación en el que este misterioso grupo sorprendió a instituciones e industria, al quedarse con la mayoría de frecuencias licitadas, 37 en total (34 en FM y 3 en AM), ofreciendo pagar una cantidad total, con descuento por ser “nuevo jugador”, de 287 millones de pesos, con lo que superó a grupos establecidos y se constituiría en uno de los mayores conglomerados de radio del país.
Las denuncias hechas en EL UNIVERSAL por el columnista Javier Tejado, directivo de Televisa, pusieron al descubierto que ese grupo, cuya identidad se manejó con total sigilo: ni era un nuevo competidor, como decía, y tenía vínculos empresariales y familiares con el dueño de Radiorama, Javier Pérez de Anda y su familia, que aparecía detrás de los nuevos “compradores” de frecuencias radiofónicas en un intento por ampliar la presencia de su consorcio radiofónico. Las investigaciones documentaron que el presidente de Tecnoradio, Elí Eduardo Bañuelos, está casado con una sobrina del dueño de Radiorama, y siguen indagando para saber qué arreglos se hicieron para ocultar los vínculos entre los dos grupos.
Hay versiones no oficiales que afirman que Pérez de Anda no iba solo en el intento de engañar al IFT, y era “socio de negocios” de políticos del PRI en el Congreso, que estaban detrás la maniobra como “inversionistas ocultos” del nuevo gigante radiofónico que pretendían crear.
En todo caso, el fraude de Tecnoradio, que al final no pagó los 287 millones ofrecidos por las 37 frecuencias, tras evidenciarse los nexos mencionados, parece muy planeado por los empresarios radiofónicos y sus contactos con congresistas. Un nuevo nombre que aparecerá en las investigaciones es el del ex diputado federal priísta por Jalisco, José Noel Pérez de Alba, sobrino también de Javier Pérez de Anda e integrante de la LXII Legislatura federal. Pérez de Alba fue secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, la misma que dictaminó la reforma de telecomunicaciones aprobada en 2013 y que incluía los nuevos esquemas de licitación de concesiones. El ex diputado priísta aparece como socio de los consejeros de Tecnoradio, lo que representaría otra grave violación por un claro conflicto de interés, que abona a la ilegalidad con que actuó el supuesto nuevo grupo radiofónico.
Veremos hasta dónde llegan las investigaciones. Está claro que Pérez de Anda usó a familiares suyos y de su esposa para coludirse y evitar ser investigado por las autoridades; el dueño de Radiorama, confirman varios gobernadores, les estuvo llamando para pedirles que contrataran publicidad en el nuevo Grupo Tecnoradio. La duda es quién más apoyó, desde el Congreso o desde una posición importante, para intentar crear un nuevo grupo de radio con intereses empresariales y políticos. ¿Saldrán a relucir esos nombres de políticos que pudieron estar involucrados o, como piensan algunos, esos ya la libraron?
NOTAS INDISCRETAS… José Antonio Aguilar Bodegas afirma que no invitó a Ulises Ruiz a Chiapas y que no tiene “alianzas” con su amigo el ex gobernador de Oaxaca. El priísta y actual secretario del Campo del gobierno de Manuel Velasco dijo que no ha participado en reuniones donde se critique a la dirigencia nacional de su partido, pero sí ha denunciado la ilegalidad en que se encuentra el actual presidente del PRI en Chiapas, Roberto Albores Gleason, al ocupar al mismo tiempo el cargo de senador y dirigente del partido, además de ser un declarado aspirante a la gubernatura, al que se le ha documentado el uso ilegal de recursos y programas federales, como Prospera, en su proselitismo… A propósito de uso ilegal de recursos federales, en el Fonhapo, según documentos internos sobre la distribución de los apoyos que otorga ese programa federal a los estado, el Estado de México es la entidad que más recursos recibió de enero a abril de este año, con un total de 150 millones de pesos. Ningún otro estado recibió tal cantidad de apoyos del Fonhapo, que llegaron justo antes de que empezara la campaña del PRI por la gubernatura. A esos documentos se suman versiones internas que hablan de 27 vehículos y choferes del organismo de vivienda popular para la campaña de Alfredo del Mazo. Sí, el presupuesto para los más fregados acaba apoyando campañas políticas… Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
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