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El momento no pudo ser más simbólico para expresar el desencuentro y la enorme desconfianza que marcan en estos momentos la relación entre Enrique Peña Nieto y la acechada y golpeada prensa mexicana. Mientras el Presidente pedía “un minuto de silencio” en señal de duelo por los periodistas caídos, asesinados, la respuesta de los reporteros presentes en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos fueron gritos de rabia y exigencia: “¡Justicia!, ¡justicia! ¡No más discursos!.. ¡Se abren carpetas de investigación que no finalizan! ¡Que no haya impunidad!”, se escuchó en medio del silencio que guardaban los gobernantes de toda la República reunidos, cinco años después, para acordar “protocolos”, “acciones y medidas urgentes” para investigar los crímenes contra periodistas (33 en lo que va del sexenio).
El escepticismo flotaba en el ambiente de Los Pinos cuando, con cara compungida y gesto apretado que no ocultaba la incomodidad por los reclamos, el Presidente, los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México intentaban por primera vez mandar un mensaje político e institucional, con el anuncio de “medidas de protección”, para decir que sí les preocupa la masacre de periodistas, activistas y luchadores de derechos humanos, ocurrida los últimos años en la República, ante la indolencia e incapacidad de todos ellos y sus áreas de seguridad y procuración de justicia.
Esa masacre que hoy tiene al gremio periodístico encabronado, dolido, decepcionado. Con la rabia de ver tirado en el pavimento de Culiacán, el cuerpo baleado de Javier Valdez, o el de Miroslvaba Breach, en las calles de Chihuahua, o el de Cecilio Pineda en un autolavado de un pueblo de la Tierra Caliente, o el de Maximino Rodríguez que yace en el estacionamiento de un centro comercial de La Paz o el de Ricardo Monlui afuera de un restaurante en Yanga, Veracruz, frente a su esposa y sus hijos o… el de tantos otros, de 38 periodistas que, según la CNDH, han sido asesinados en esta administración o los 153 ejecutados desde el año 2000. Esa lista roja de comunicadores a las que se suman activistas y defensores de derechos, que ha hecho de México un “territorio letal” para el periodismo y un área de muerte también para quienes se atreven a exigir justicia, sea como padres que buscan a hijos desaparecidos o como defensores de derechos.
Porque a 5 años de iniciado su gobierno y 38 periodistas muertos después (se habla hasta de 45), el Presidente y los gobernadores apenas intentan entender la gravedad del problema: “Un crimen contra un periodista es un atentado a la libertad de expresión y contra la ciudadanía… Tienen razón quienes dicen que no se mata la verdad matando periodistas”, dijo Peña en un intento forzado de mostrar empatía, repitiendo consignas que hace años resuenan en las calles y en las plumas de periodistas ignorados que protestan por la violencia que mata a compañeros. Y ahora sí, sin una explicación de por qué no antes, por qué la apatía, la omisión y la negligencia de todos ellos —que al permitir la impunidad alentaron a los asesinos a seguir disparando balas para callar plumas incómodas—, sin ofrecer siquiera una disculpa por el tiempo perdido y la culpa de no haber actuado a tiempo, Peña ofreció que “el gobierno de la República está resuelto a actuar con firmeza para detener y castigar a los responsables de los asesinatos de periodistas”.
Y anuncios que repiten lo que siempre debió ser su obligación y reconocen la insensibilidad ante la masacre: “fortalecer estructura y presupuesto del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos (el mismo que su secretario de Hacienda dejó sin recursos este año por considerarlo “no prioritario”); se creará un esquema nacional de coordinación con los estados, y un protocolo para la protección de periodistas en situación de riesgo, y se fortalecerá la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Prensa, ese elefante blanco que no ha resuelto un solo homicidio de periodistas en varios años y al que hoy se le dotará de “mayores recursos, ministerios públicos especializados”, etc., etc.
Luego la obviedad hecha discurso, que ayer sonó a mea culpa del Presidente: “Es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente, ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado”. Y ahí una importante corrección: ya no es “amenaza”, Presidente, sino una práctica consumada del narcotráfico que, solapado y coludido con el poder político federal y estatal, mata o elimina impunemente a cualquier periodista que se rebela o incomoda; pero que tampoco es la única fuente de agresión y muerte para informadores, pues según Artículo 19, 53% de las agresiones a periodistas provienen también de los poderes políticos y caciquiles.
Sólo en una cosa se puede dar razón al Presidente: “el homicidio de periodistas y defensores de derechos humanos es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad”, que afecta a todos los ciudadanos de este país. Por lo demás, cuesta mucho darles siquiera el beneficio de la duda a un Presidente y 32 gobernadores que han sido cómplices de esta violencia, por omisión, complicidad o negligencia. En todo caso, nos atendremos a la máxima bíblica de Santo Tomás ante los anuncios y “compromisos” de ayer en Los Pinos: “Hasta no ver…”
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