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Hace unos días el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, avivó una vez más —fiel a su apellido— el fuego de la crítica a políticos y gobernantes que, por sus “omisiones”, contribuyeron a que se agravara el problema del robo de combustibles en el país. La declaración del general, sin citar nombres, encontró destinatarios específicos en el análisis de sus palabras: que si aludía a los gobernadores, especialmente al ex de Puebla, Rafael Moreno Valle, y al actual, Antonio Gali, por ser el estado con mayores problemas y donde los huachicoleros atacaron al Ejército causándole cuatro bajas; que si se refería a las áreas de Seguridad Pública federales, dependientes de la Secretaría de Gobernación, o si de plano su comentario era otra más de sus críticas a las fallas de la autoridad civil.
Más allá de interpretaciones, el comentario del titular de la Sedena vuelve a poner el dedo en la llaga de un problema que, en los últimos 10 años y especialmente en lo que va de este sexenio, se salió de control ante la inacción y omisión de todas las autoridades del Estado mexicano, comenzando por las federales, responsables de la operación de los ductos de Petróleos Mexicanos, que toleraron y permitieron que floreciera un millonario negocio, auspiciado y controlado por los cárteles del narcotráfico, que en el robo de combustibles hallaron una forma “fácil” y con “bajo riesgo” de obtener millonarias ganancias utilizando, como saben hacerlo, a la población más necesitada como su mano de obra y carne de cañón.
El señalamiento de Cienfuegos también alcanza a los gobernadores, que durante años supieron del problema que ocurría en sus estados, que involucraba a familias y municipios enteros dedicados a esta actividad ilícita, y poco o nada hicieron para señalar y mucho menos combatir el problema, bajo el argumento de que, al tratarse de “instalaciones federales estratégicas”, no era su responsabilidad vigilar ni estaba entre sus facultades actuar para impedir el ilícito que florecía en sus territorios. La culpa alcanza incluso a los municipios que, aunque impedidos no sólo por falta de capacidad, facultades y recursos, tampoco hicieron nada para denunciar un delito en el que su población se veía inmiscuida, llegando incluso a varios casos de alcaldes que, coludidos con las bandas de la ordeña, obtuvieron beneficios económicos y respaldo político de la delincuencia organizada.
Pero en el reparto de culpas por las “omisiones” de las autoridades civiles, el general secretario parece haber omitido a otro actor responsable que tampoco hizo su trabajo para evitar que creciera y se multiplicara el saqueo ilegal de los combustibles que pertenecían, con el consecuente desfalco, al presupuesto federal: los soldados del Ejército, comisionados y contratados por Petróleos Mexicanos para que, a cambio de una compensación económica especial que pega la empresa petrolera a la Defensa, se hicieran cargo de la vigilancia, patrullaje y supervisión de la seguridad en puntos neurálgicos de la red federal de ductos formada por una extensión de 17 mil kilómetros (48 oleoductos, 78 gasoductos, 11 gasolinoductos y 4 oleogasoductos) para la transportación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos para el abasto a toda la República.
¿Por qué el general no mencionó el contrato que existe entre Pemex y la Sedena para la realización de esas labores de vigilancia y seguridad, por la cual la secretaría a su cargo cobra anualmente una suma importante de recursos?, ¿acaso se le olvidó o no lo consideró parte de las “omisiones” que ayudaron a que creciera el robo de combustibles?
Porque además, en varios estudios sobre el fenómeno de corrupción que ha favorecido la industria ilegal del robo de ductos, también aparecen los militares, encargados de la vigilancia, como un eslabón más en ese cadena de fallas, omisiones y colusión, que han ayudado a que hoy, en lo que va de este sexenio, a Pemex —y con él a todos los mexicanos— le hayan robado más de 100 mil millones de pesos por la extracción ilegal de gasolinas y diesel, que se disparó en más de 55% en este gobierno, y que ha significado la pérdida de 14 mil millones de litros en los últimos 8 años, según datos oficiales de la misma petrolera.
Y entonces, lo del general secretario fue ¿también otra omisión o sólo memoria selectiva?
NOTAS INDISCRETAS... Lo cierto es que los señalamientos del titular de la Defensa calaron fuerte en Puebla, donde Rafael Moreno Valle, de inmediato se deslindó con el argumento de que se trata de “instalaciones federales”. Y es que el raspón de Cienfuegos, dicen, puede afectar no sólo las aspiraciones presidenciales del poblano, sino también su idea de imponer en la gubernatura en 2018 a su esposa, Martha Ericka Alonso, que de por sí ya se le ha complicado por la intención de su sucesor, Antonio Gali, de apoyar al actual alcalde de Puebla, Luis Banck. A ver si no hay rutpura en el Maximato poblano… Para los dados. Otra Serpiente.
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