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En la desconfianza que rodeó a la captura de Javier Duarte hay una pregunta que se repite: ¿cuánto tiempo pasaría en la cárcel el ex gobernador priísta si llegara a ser encontrado culpable de los delitos de los que se le acusa tanto por el gobierno federal como en el estado de Veracruz? La duda parte del escepticismo que provoca en la población las prácticas extralegales que históricamente hay en los juicios a figuras de la política, que rara vez llegan a prisión o a completar una condena porque son liberados, ya sea bajo fianza o por acuerdos políticos.
Y en las voces que opinan sobre cuál será el castigo final para el detenido en Guatemala hay de todo: desde ciudadanos que creen que será traído para un juicio “arreglado” y terminará exonerado de los delitos más graves y pagando unos cuantos años de cárcel, hasta la petición de “cadena perpetua” que —con más víscera que sustento jurídico— hizo el gobernador Miguel Angel Yunes, protagonista de un pleito político y personal con Duarte, y demandado también ante la PGR por diversos delitos.
Un análisis de abogados penalistas sobre los delitos de que acusan a Javier Duarte, tanto en la orden federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, como en las órdenes estatales por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal, tendrían penas máximas que van de los 14 años, en el caso de lavado, enriquecimiento y peculado, y hasta 30 años en el de delincuencia organizada que es el más grave. Las condenas, acumulables y purgables de manera sucesiva, llevarían, en el supuesto que a Duarte lo declararan culpable de todos los delitos que le imputan, a una pena total de cárcel por 72 años. Falta ver si le pueden probar las operaciones financieras y para ello primero tendrían que probar el enriquecimiento ilícito, y luego la delincuencia organizada. ¿Podrá y querrá hacerlo la PGR?
Porque aunque Peña Nieto recurra al lenguaje florido para responder a los mexicanos que cuestionan trasfondos en estas capturas: “No hay chile que les embone”, se queja el mandatario; la realidad es que hay muy pocos elementos para creer que a Duarte se le vaya a dar un “castigo ejemplar”.
A las sospechas se suma ahora otra: ¿por qué si el gobierno de Guatemala reconoció que Duarte entró de manera ilegal a su país, la PGR de Raúl Cervantes no aprovechó su situación migratoria para promover su inmediata deportación o expulsión, en términos de la legislación y tratados en esa materia? Era la vía más rápida y segura para traer al ex gobernador a México e iniciarle de inmediato el juicio en el nuevo sistema penal. Pero en vez de eso, la Procuraduría decidió recurrir a la extradición, como si la estancia del político veracruzano en territorio guatemalteco hubiera sido legal. Y si ese fuera el caso, ¿ no se dio aviso oportuno a México del ingreso de Javier Duarte y su esposa Karime Macías al país centroamericano? ¿A eso se refería la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, cuando dijo que si no detuvieron antes a Duarte fue porque no se lo había pedido el gobierno mexicano con una orden con fines de extradición?
Y otra vez la suspicacia por “pactos” o “estrategias pactadas”, porque con una extradición que aún puede llevar meses, el gobierno peñista parece seguir administrando el tema Duarte con intenciones muy distintas al “golpe a la impunidad” que presumen. Lo dicho “No hay chile que les embone”, dijera el estadista.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de malos manejos, la Secretaría de Función Pública, a través del OIC del Sistema de Servicios Aeroportuarios de la CDMX inició la investigación administrativa 2017/SACM/DE4 en contra de funcionarios del Aeropuerto Benito Juárez, por “conductas irregulares”. La investigación fue informada por la SFP en un oficio a la diputada del PAN, Claudia Sánchez Juárez, presidenta de la Comisión del ramo en San Lázaro, luego de que la legisladora denunciara tráfico de influencias del director del Aeropuerto, Alexandro Argudín, por concesiones de restaurantes otorgadas a su hijo, además de maltrato a pasajeros provenientes de Sudámerica y otras irregularidades. Veremos qué arrojan las investigaciones… Mujeres políticas de varios partidos denuncian en un video la intentona de dirigentes en Tabasco para modificar las disposiciones del INE que otorgaron 11 diputaciones para mujeres y 10 para hombres, además de 9 alcaldías a mujeres y 8 para hombres en un intento por alcanzar la equidad de género a nivel estatal. “El sexo sí importa y queremos que nos cumplan”, dicen mujeres como Ady García, ex diputada federal, Mariana Gómez del Campo, senadora, Alicia Dagdoug, Aracely Quevedo, Tere Patiño y Mónica Fernández. “Queremos boletas electorales con sexo femenino, tenemos derecho y lo dice la ley. No nos van a desaparecer de la política”, dicen las mujeres ante la iniciativa de los políticos tabasqueños. Guerra de sexos en la política… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
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