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Mientras el país no se repone aún del nefasto crimen de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua, y periodistas de todo el país exigen justicia y castigo a los asesinos, en Guerrero prevalece también la impunidad de otro asesinato de un periodista que denunció los vínculos de la narcopolítica en esa entidad, al hacer pública la protección a Raybel Jacobo, líder del grupo de Los Tequileros, por parte de priístas del estado como el diputado local Saúl Beltrán. La tarde del dos de marzo pasado, justo después de transmitir un reportaje en el que denunciaba el escondite donde se ocultaba Raybel en la región de Tierra Caliente y los nexos con el diputado Beltrán, dos sicarios a bordo de una motocicleta mataron a tiros a Cecilio Pineda, en Ciudad Altamirano, sin que hasta el momento el gobierno de Héctor Astudillo haya capturado a los asesinos.
Cuando mataron a Cecilio, director del periódico La Voz de Tierra Caliente y ex colaborador de EL UNIVERSAL, había pasado más de un mes de que el 30 de enero pasado, el noticiero nocturno de Televisa presentó un video en el que el diputado del PRI Saúl Beltrán Orozco aparecía en un festejo junto a Raybel Jacobo de Almonte a quien las autoridades responsabilizan de la inseguridad en la Tierra Caliente (secuestros, homicidios, extorsiones y disputas por el territorio por el tráfico de drogas). Incluso periódicos de la región como El Sur y el propio periodista asesinado habían publicado un acta de nacimiento y un libro de bautizos que confirma el vínculo de compadrazgo entre el líder de Los Tequileros y el diputado priísta.
Pero a pesar de todas esas evidencias nada ha sucedido casi dos meses después. Ni el gobierno federal ni el del estado han podido atrapar a Raybel Jacobo y ni siquiera han procedido contra el diputado Beltrán Orozco por sus vínculos con la delincuencia organizada. Lo único que sí ocurrió fue el crimen brutal contra Cecilio Pineda, por sus denuncias contra El Tequilero y los narcopolíticos del PRI.
El 1 de febrero el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, hizo pública la existencia de una orden de aprehensión en el Ministerio Público en contra del diputado Saúl Beltrán, emitida el 9 de enero pasado, y anunció que “se promovió juicio de procedencia ante el Congreso del estado”. Es decir, que según el fiscal Olea, primero se giró la orden de aprehensión y después se solicitó el desafuero del legislador, en un grave error de procedimiento que fue aprovechado por el diputado priísta para cuestionar la actuación del MP del fuero común, ya que se procedió en su contra sin haber sido previamente desaforado, por lo que Beltrán promovió un amparo por “violaciones al debido proceso”.
Ese error, casi de primaria para un fiscal estatal, impidió la detención del diputado Beltrán y le abrió las puertas para ampararse; y ante ello Olea Peláez sólo atinó a acusar al agente del Ministerio Público que solicitó la orden de aprehensión contra el legislador priísta, al igual que el de la juez que la concedió, afirmando que ambos “fueron obligados por la delincuencia organizada mediante amenazas o soborno para no agotar el procedimiento legal respectivo y consignar la indagatoria con muchos errores”. Lo que no explicó el fiscal de Guerrero es que cuando él difundió la existencia de esa orden de aprehensión y anunció el inicio del juicio de procedencia, validó la actuación ilegal de sus subordinados.
Tanta torpeza e impericia del fiscal, el MP y hasta del juez, hace dudar, ¿quién autorizó la consignación del diputado Beltrán Orozco y por qué razón se gestionó e hizo pública la existencia de una orden de aprehensión en su contra, a sabiendas que cuenta con fuero y que conforme al Código Penal del estado de Guerrero, se incurre en la comisión del delito contra la administración de justicia? ¿Fue de verdad un “error” o fue más bien una estrategia jurídico-política en la que se equivocaron intencionalmente para ayudar y proteger al legislador priísta y de paso a su compadre delincuente?
Porque hoy es muy probable que el diputado Beltrán Orozco logre un amparo de la justicia federal ante las violaciones graves en el procedimiento en su contra y que los funcionarios de la Fiscalía estatal y hasta los jueces involucrados terminen acusados de delitos en la impartición de justicia. Mientras tanto Raybel Jacobo seguirá libre y su compadre priísta con fuero. Y el crimen de Cecilio Pineda impune; el gobernador Astudillo seguirá diciendo que “no lo hemos podido capturar” y el gobierno federal —como hiciera en Iguala antes del crimen de los 43 de Ayotzinapa— sigue evadiendo su responsabilidad de investigar a la delincuencia organizada que opera en Guerrero y a los políticos que la protegen. ¿Volverán a pretextar, como hicieron en su momento con José Luis Abarca, que el caso del diputado Saúl Beltrán y sus vínculos con el narcotráfico es un “asunto local”?
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