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El argumento de un embate político desde el gobierno federal para desacreditar un logro “histórico” de los capitalinos —con el que en un principio el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, y otras autoridades defendieron a la Constitución de la Ciudad de México— hoy ya no se sostiene ante la andanada de recursos jurídicos e impugnaciones que hoy se ciernen sobre la torpedeada Carta Magna capitalina. Si bien la Presidencia, a través de su Consejería Jurídica y de la PGR, iniciaron las acciones, hoy la cantidad de recursos presentados (3 controversias constitucionales, 4 acciones de inconstitucionalidad y 1 amparo) ya no dejan dudas de que algo estuvo mal hecho en la discusión, redacción y promulgación de la primera Constitución de la capital de la República que, todo indica, tendrá vida efímera.
El último órgano en sumarse al cuestionamiento, ya casi masivo de instituciones, al texto constitucional, fue el Senado de la República que ayer interpuso la tercera controversia para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine una invasión de la casta capitalina a “las facultades exclusivas del Congreso de la Unión” al legislar desde el texto local en materias como la educación, la salud, migración, laboral, penal, de monumentos históricos y seguridad pública.
Antes que el Senado, en distintas acciones se ha impugnado la validez de la mayor parte del articulado de la carta capitalina: 39 artículos cuestiona la PGR; 33, la CNDH; 10, Presidencia; 2, el Tribunal Superior de Justicia del DF, y a eso se suman los amparos interpuestos por Morena y Nueva Alianza, de los cuales el primero cuestiona la formación misma de la Asamblea Constituyente al considerar ilegal que legisladores federales hayan sido electos al mismo tiempo como diputados constituyentes violando la Constitución que prohíbe a los congresistas ocupar otro encargo. Ese sólo amparo, que analiza la Primera Sala, podría echar abajo todo el proceso constitucional e invalidar, de origen, a la Constitución de la CDMX.
La idea de que todo “el ataque” viene desde la Federación se contradice con la controversia presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que preside Edgar Elías Azar. Porque el magistrado, que renuncia hoy sorpresivamente al cargo, después de 9 años de reelecciones, apoyado por los gobiernos del PRD, se rebeló contra Miguel Ángel Mancera y contra la Constitución, con la que nunca estuvo de acuerdo porque afectaba su control político en el Tribunal capitalino. Elías Azar, con su renuncia al cargo, sería la primera víctima y confirma la crisis por el texto constitucional.
Porque de proceder al menos uno de los casi 10 recursos interpuestos y si la Corte llegara a declarar inconstitucional la Carta local, se estaría ante un fracaso político monumental, que involucraría a prestigiados políticos y juristas que asesoraron al jefe de Gobierno y acompañaron la discusión del texto presentado hace mes y medio como ordenamiento “de avanzada” para la Ciudad y el resto de la República. Al costo político, que podría impactar incluso proyectos políticos futuros, habría que sumar el costo económico superior a los 500 millones de pesos que sufragaron los contribuyentes capitalinos entre la elección de los diputados, la instalación y los trabajos de la Asamblea Constituyente en los casi cinco meses en los que funcionó ese órgano legislativo.
Varias preguntas surgen ante el posible destino que tenga la decena de impugnaciones al texto capitalino: ¿Quién va a pagar todos esos costos, los políticos y los económicos, si, como todo apunta, los ministros de la Corte terminan por fallar sobre la inconstitucionalidad de una parte o de toda la Constitución que fue estandarte de muchos políticos en la Ciudad de México? ¿Edgar Elías fue presionado para renunciar al Tribunal que, se supone, es un poder autónomo en la ciudad, por disentir sobre la Constitución?, ¿el embate desde Los Pinos, secundado por otros poderes e instituciones, contra la Carta de la ciudad, supone el fin de la alianza política de facto entre Mancera y Peña Nieto? Todas esas preguntas se van a despejar en cuanto la Corte entre al estudio de las impugnaciones. Y al parecer no falta mucho.
NOTAS INDISCRETAS... Mientras en la Mesa Directiva del Senado insisten en que la elección del nuevo coordinador parlamentario del PRD sólo es facultad de la bancada de ese partido y no de su dirigencia nacional, la crisis desatada por Miguel Barbosa en su partido ya comenzó a escalar y a tomar tintes de “guerra sucia” entre perredistas. La aparición de un departamento en Miami con valor de 14 millones de pesos, no declarado en su momento, pero ya reconocido por la dirigente nacional, Alejandra Barrales, supone que la crisis ya se tornó en “guerra civil” en el sol azteca. Ahora Barrales tendrá que demostrar que, como dice, todo salió de sus “ahorritos”…Los dados repiten Serpiente. Se complica la semana.
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