Con los mismos argumentos rebuscados y tecnocráticos con los que aumentó de golpe los precios de las gasolinas y el diesel el pasado 1 de enero, ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló, momentáneamente y por segunda ocasión, nuevos aumentos programados a los precios de los combustibles y concedió, como graciosa concesión, una disminución de 2 centavos a los precios máximos fijados para las 90 regiones del país, como un “estímulo fiscal” que estará vigente hasta el próximo lunes, porque a partir del martes fluctuarán nuevamente los precios máximos con avisos publicados por la Comisión Reguladora de Energía y el compromiso del gobierno para “mitigar” los aumentos con más “estímulos fiscales”.
Esa fue la decisión que tomaron en el gabinete económico reunido en Los Pinos desde la noche del jueves y que se hizo pública ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda.
Que si el dólar bajó, que si bajaron los precios de las gasolinas y del petróleo, que si las “medidas de austeridad” del gobierno funcionaron, todos argumentos económicos y técnicos para justificar la que claramente es una decisión política, igual que la del pasado 2 de febrero, y tiene que ver con dos cosas que no dicen pero saben en el gobierno federal: primero, que no hay condiciones sociales que resistan un nuevo aumento a las gasolinas, que podría encender nuevamente los ánimos de una protesta e ira social que no ha cesado por el gasolinazo de enero, y segundo, que ante la proximidad de las elecciones de junio próximo, especialmente en el Estado de México, Peña y su grupo no quieren echar más leña al fuego de una elección en la que ya de por sí la tienen difícil para evitar perder su bastión estratégico y tierra natal del Presidente que, por primera vez, puede llegar a la alternancia política.
Como sea, más por razones políticas que económicas y porque, como dice el refrán, “el miedo no anda en burro”, el gobierno peñista confirma con sus decisiones de frenar nuevos aumentos a los combustibles, que detrás del incremento que se vendió a los mexicanos como “un acto de responsabilidad” y “una decisión dolorosa pero necesaria”, por la incapacidad del gobierno de seguir subsidiando el costo de las gasolinas, también había un componente altamente recaudatorio e impositivo con el que la administración Peña Nieto buscó subsanar su pésima forma de ejercer el gasto público, llena de dispendios, endeudamiento, corrupción y desorden. Esa es la factura que nos pasaron a todos los ciudadanos a partir del 1 enero de 2017: llenar los huecos y cubrir las deficiencias de un manejo irresponsable e irregular de la Hacienda pública heredado por Luis Videgaray y legitimado y encubierto por el actual secretario José Antonio Meade.
Porque al final eso es lo que arroja el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública del año 2015, cuando aún estaba al frente de la SHCP el ahora flamante canciller Videgaray. Un manejo irregular de 165 mil millones de pesos gastados de forma irregular, de cuyo monto 100 mil millones aún no solventan las distintas dependencias federales, y el resto corresponde a desvíos y manejos turbios de estados y municipios, confirma lo que tanto se había comentado y escrito lo mismo en análisis de prensa como en los discursos de los opositores políticos: que en este sexenio buena parte de la corrupción sin precedentes que campea por todo el país, y en los distintos niveles de gobierno, tiene que ver con la inocultable realidad de que “cuando la cabeza está podrida y sumida en la corrupción —entiéndase la Presidencia— el resto del cuerpo —gabinete, otros Poderes federales, organismos autónomos, estados y municipios— también estará igual de putrefacto y corrompido”.
¿Obispos morenistas en el Edomex? La reunión se llevó a cabo en diciembre de 2016 en Toluca, en vísperas de la Navidad. Una comida privada que ofrecía el Presidente a los 11 obispos del Estado de México, encabezados por el cardenal de Tlalnepantla, José Carlos Aguilar Retes. Acudían los purpurados de las diócesis de Toluca, Teotihuacán, Atlacomulco, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tenancingo, Cuautitlán y el obispo de Ciudad Altamirano, que aunque se ubica en Guerrero, abarca municipios del sur de la entidad mexiquense. Al Presidente lo acompañaba el gobernador Eruviel Ávila, según relatan fuentes cercanas a aquel encuentro.
Y en medio de la comida, entre la sopa y el postre, se habló de varios temas que rondaban la política, la situación social y las próximas elecciones mexiquenses de este año.
En algún momento el Presidente preguntó a los monseñores. “¿Y cómo ven a nuestros posibles candidatos?”, refiriéndose a los más de 5 aspirantes priístas que se movían en ese momento en pos de la candidatura. Y la respuesta llegó en voz de uno de los obispos: “Pues la verdad es que no conocemos a ninguno. Ni nos han buscado. A la que sí conocemos es a la maestra Delfina, esa es una de las nuestras”, dijo el monseñor que contestó la pregunta de Peña Nieto, y de quien la fuente pidió el anonimato.
Las caras del Presidente y el gobernador pasaron de la sorpresa a la incomodidad, ante la inesperada respuesta. “Bueno, pues ahí les encargamos al que sea nuestro candidato”, repuso Peña tratando de ignorar el comentario del obispo, pero el prelado rápido le replicó: “Más bien nosotros les encargamos a la maestra Delfina, que no le vaya a pasar nada porque ella es una de las nuestras”, repitió el obispo, quien se refería de esa manera a la labor de catequista católica que en alguna época de su vida realizó la hoy candidata de Morena, quien profesa además esa religión.
¿Os quedó claro el mensaje hermanos míos?
No los quieren en el campestre. Una carta dirigida a los “Miembros del Consejo de Administración del Club Campestre de la Ciudad de México”, el campo de golf más antiguo y de más tradición política y social en la Ciudad, circula entre los socios activos de ese club para solicitarle al órgano directivo que rechace las solicitudes de dos “candidatos a socio residente” que se inscribieron recientemente para formar parte del exclusivo listado de asociados: Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI y el diputado local en la Asamblea Legislativa de la CDMX, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.
Las candidaturas a socios residentes de Ochoa Reza y su esposa Greta Quetzali Rojas Sánchez, así como la de Mauricio Toledo, se presentaron el pasado 10 de febrero, según copias de ambos documentos en poder de esta columna y, al enterarse, uno de los socios activos escribió la mencionada carta, fechada el 13 de febrero de 2017 y dirigida a los miembros del Consejo de Administración, a quienes corresponde analizar y decidir si se aceptan las candidaturas de nuevos socios residentes. La carta circula para que la firmen quienes estén de acuerdo en que se les niegue la solicitud a Ochoa y esposa, y también a Toledo, con los siguientes argumentos:
“En mi carácter de socio activo del Club Campestre de la Ciudad de México, S. A. de C.V., y de conformidad con lo establecido en los estatutos vigentes de nuestro club, me permito manifestarle mi oposición a la solicitud de admisión como socios de los señores Enrique Ochoa Reza y Mauricio Alonso Toledo. Quisiera dejar claramente señalado que no se trata de una animadversión de carácter personal, sino un acto de solidaridad con el sentir de la mayoría de los socios con los que he platicado al respecto. Son del dominio público los escándalos y acusaciones que los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión) han publicado en fechas recientes, al menos durante los últimos dos años, derivados de su actuación como funcionarios públicos, uno como director de la Comisión Federal de Electricidad y otro como delegado en Coyoacán. Me parece que su inclusión en el club, lejos de abonar a la convivencia familiar dentro de nuestras instalaciones, será motivo de discrepancias entre los socios. Agradeceré tomar en consideración el contenido de la presente cuando el Consejo analice esta situación. Atentamente”, y luego se deja el espacio para que firmen los socios que apoyen el rechazo a los dos políticos, uno del PRI y otro del PRD.
En el caso de la solicitud de Ochoa aparecen los nombres de seis socios activos del Club que lo recomiendan junto a la foto de él y su esposa con sus respectivos nombres, mientras que Toledo aparece sólo su nombre y fotografía.
¿Serán aceptados el dirigente priísta y el diputado perredista en el Club Campestre o les negarán el acceso como socios al campo en donde en sus 111 años de existencia han desfilado políticos, diplomáticos, deportistas y hasta periodistas de la élite social y política de décadas?
Notas indiscretas… Tras el amparo concedido ayer y largamente pospuesto por el Poder Judicial, más por razones políticas que jurídicas, Elba Esther Gordillo saldrá en unos días más de la habitación de un hospital en la Colonia Roma que le había sido acondicionada como celda, para ir a continuar su proceso legal en su domicilio, ubicado en Polanco. Una de tres: o los jueces, que habían acatado hasta ahora la “línea política” del gobierno para negarle ese beneficio de ley a la Maestra ya no tuvieron más argumentos para retrasarle la aplicación de un derecho legal que le correspondía desde hace más de un año, o alguna negociación política fina se hizo con la enferma pero aún activa ex dirigente del SNTE, tal vez relacionada con las próximas elecciones locales, o de plano ocurrió el milagro de la aplicación de la justicia sin motivaciones políticas. ¿Usted por cuál se inclina?... De la orden del día del Consejo Político Nacional del PRI para el próximo martes 21 de febrero, lo más destacable es la emisión de la Convocatoria para la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del priísmo que se realizaría el próximo mes de agosto, una vez pasados los comicios de Coahuila, Nayarit y el Estado de México… Giran los dados. Doble Escalera. Semana de contrastes.
sgarciasoto@hotmail.com
