La incapacidad de todo el aparato de seguridad federal, encabezado por células de inteligencia de la Secretaría de Marina, para atrapar a Javier Duarte de Ochoa, después de tres meses de búsqueda y operativos fallidos, empieza a despertar toda clase de versiones en círculos políticos y de seguridad federal. Desde la queja de un alto mando de la Marina que acusa que Duarte recibe “pitazos” que le han ayudado a escapar en al menos cuatro ocasiones de operativos para capturarlo, hasta una versión inquietante que repiten en algunos sectores informados: que el ex gobernador de Veracruz, prófugo de la justicia, estaría muerto, con la idea de desaparecer la delicada información que tenía sobre financiamientos y transferencias de recursos públicos al gobierno federal.
A una fuente cercana a la búsqueda de Duarte se le preguntó de esa versión y dijo no tener “ningún elemento que apunte a eso”. Mencionó dos hechos que indicarían que el ex mandatario sigue vivo: primero, su familia, que es vigilada de manera constante y permanente, y que de saber de un posible fallecimiento hubiera dado aviso para que la dejaran en paz por el acoso policiaco; y el segundo hecho tiene que ver con su esposa Karime Macías Tubilla, quien también desapareció junto con él y lo acompaña en la huida, considerada por autoridades como el “cerebro” detrás de las operaciones financieras y el lavado de dinero del que se acusa a su esposo.
Lo único cierto es que pasan los días y Duarte no aparece. Como experimentado mafioso, acostumbrado a huir y esconderse de las autoridades, el político priísta ha burlado hasta ahora a toda la inteligencia del gobierno federal, incluidos los experimentados agentes de élite de la Marina que recapturaron a Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2016, hoy extraditado a Estados Unidos. Al señalamiento de que el ex gobernador recibe filtraciones de información desde las mismas áreas de seguridad que lo buscan, se suma la idea que permea en algunos sectores de que grupos políticos o personajes de muy alto nivel querrían su “desaparición”.
Esa idea se refuerza con la información que tiene el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, y con la que —antes de tomar posesión y cuando temía una acción judicial que le impidiera asumir el gobierno— amenazó públicamente que “cimbraría a México”. Esa información que Yunes nunca difundió, y por cuyo ocultamiento habría alcanzado acuerdos políticos y financieros con el gobierno federal, consiste, según fuentes allegadas al actual gobernador, en varias horas de grabación en video con testimonios directos de algunos socios y ex colaboradores de Duarte que, interrogados por Yunes Linares, le habrían dado información detallada, con montos, datos y fechas, de “transferencias de recursos públicos que salieron del estado hacia áreas del gobierno federal”. Esa información, que incluye detalles de a dónde se transfería el dinero y los usos a los que se destinaba, sería la “bomba” con la que Yunes amenazó al gobierno, pero que al final decidió guardar cuando le garantizaron no sólo su llegada al cargo, sino apoyos y financiamientos por varios miles de millones de pesos para enfrentar la quiebra en que recibió la administración veracruzana.
Si como piensan en las áreas de investigación encargadas de buscar y ubicar el paradero de Javier Duarte, éste sigue vivo y oculto hacia el sur del país o en algún país de Centroamérica, donde pagaría por protección policiaca, tendrían que apurar su captura y mejorar sus técnicas de búsqueda, comenzando por detectar a los “topos” que le filtran información. Porque a medida que pasa el tiempo y hoy, que en la complicada escena veracruzana reaparece hasta el antecesor de Duarte, Fidel Herrera, para revivir su añejo y acérrimo pleito con el gobernador Yunes Linares, todo apunta a un prolongado show mediático y político para distraer la atención de preguntas que siguen sin respuesta: ¿dónde está Javier Duarte y por qué no pueden o no quieren atraparlo?
NOTAS INDISCRETAS…Aunque su enfoque de control y censura se refiere en mayor parte a la información en radio y la televisión, los Lineamientos Generales sobre Defensa de las Audiencias, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que entran en vigor el 1 de febrero, también obligan en su artículo 11 a que las páginas o portales de internet que se editan en México “deberán contar con los elementos de accesibilidad establecidos por el World Wide Consortium” o W3C por sus siglas en inglés. Es decir, que a partir del 1 de febrero las normas del W3C, un consorcio internacional que busca la expansión y la calidad de la web, se convierten en ley en México, así nomás por las pistolas del IFT y sus comisionados. ¿Será el inicio de la ansiada regulación del internet y las redes sociales que tanto ha anhelado, sin éxito hasta ahora, el poder político?...Se baten los dados. Tocó Escalera. Subida.
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