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En la esquizofrenia del presidente Enrique Peña Nieto por explicar las causas que lo llevaron a golpear la economía de todos los mexicanos con el aumento al precio de las gasolinas, la variación de argumentos ha sido constante. De los precios internacionales de las gasolinas, pasamos a los precios internacionales del petróleo como la razón que orilló al gobierno a adelantar esa medida, para luego decir que no es por causa de la reforma energética (aunque la liberalización sí estaba contemplada y Carstens diga que sí fue parte de la reforma) y más adelante argumentar la falta de recursos para mantener el subsidio, hasta caer en la última explicación que se inventó el Presidente: que la riqueza petrolera del país, puesta por él mismo como “la gallina de los huevos de oro”, se “nos fue secando” y hoy “los mexicanos tienen que pagar la gasolina a su precio real”.
En toda esa maraña de explicaciones y justificaciones se esconden las verdaderas razones ocultas del gasolinazo, no explicadas ni aceptadas por el gobierno peñista: que el desorden en su manera de ejercer el gasto público, aunado al endeudamiento histórico que nos dejó Luis Videgaray en las finanzas públicas, los orilló a suspender el subsidio histórico a las gasolinas; que eso, sumado a su intención de acelerar la construcción de un “mercado privado” de gasolinas que facilitará la entrada y las ganancias de grupos empresariales nacionales y extranjeros; y, finalmente, que el elevado impuesto de hasta 40% que se cobra en cada litro de gasolina, junto a la crisis inducida del sistema de refinación nacional de gasolina y diesel, son las razones reales por las que tuvieron que aumentar de golpe los precios de los combustibles.
La metáfora poco afortunada del presidente Peña, “la gallina de los huevos de oro”, remite a la imagen más socorrida entre los mexicanos, según la cual ha sido el gobierno, sus directivos y hasta el sindicato petrolero —sin dejar de lado a empresas privadas y políticos que hacen negocios a través de la corrupción— quienes han usufructuado y aprovechado las millonarias ganancias que históricamente dio la industria petrolera. Es decir, que los “huevos de oro” sólo sirvieron para engrosar fortunas, cuentas y patrimonios familiares de presidentes, funcionarios, líderes sindicales y empresarios vivales, y de esa no vieron ni siquiera un cascarón la mayoría de los mexicanos.
¿Quiénes mataron a la gallina? La quiebra técnica de Petróleos Mexicanos, que se consumó en el gobierno de Peña Nieto, fue el resultado de un largo y deliberado proceso de desmantelamiento y debilitamiento de la empresa petrolera nacional que inició en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la fragmentación de la petrolera nacional en cuatro grandes direcciones que rompieron el poder monopólico que tuvo la empresa pública desde su creación en 1938. Lo que vino después fue el desmantelamiento paulatino de la industria petroquímica y de refinación con Ernesto Zedillo, y la corrupción y el dispendio que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón terminaron por sentenciar a la quinta compañía petrolera del mundo a un proceso de reducción ante el saqueo de sus ganancias, vía impuestos, y la falta de modernización e inversiones.
Ni siquiera en la época de mayor bonanza petrolera, cuando los precios del barril de crudo rondaban los 120 dólares, a Pemex se le permitió capitalizarse y reinvertir sus utilidades. Un billón 281 mil 907.7 pesos documentó la Auditoría Superior de la Federación como excedentes de los ingresos petroleros del año 2000 y hasta febrero de 2010, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, dinero que fue “dilapidado en el gasto corriente de la burocracia federal y de los gobiernos estatales y municipales” por las dos administraciones panistas.
Pero el saqueo a Pemex no paró ahí. En la administración de Peña Nieto, la dirección a cargo de Emilio Lozoya se caracterizó no sólo por el dispendio y la corrupción que privaron en la paraestatal, con decisiones tan cuestionadas como inviables financieramente como la adquisición de astilleros en Galicia por 600 millones de dólares o la compra de plantas de Fertinal y otras en 732 millones de dólares cuando ese mercado estaba en crisis y saturado. ¿Supo el presidente Peña de las decisiones caprichosas y absurdas de su protegido Lozoya? Hay quien dice que sí y que las avaló a pesar de que su consejero e influyente amigo, Luis Videgaray, se oponía al derroche de recursos. ¿Quién se benefició o a quién se benefició con esas compras millonarias?
Ya para entonces la crisis de los precios del petróleo había comenzado y los ingresos de Pemex disminuían notablemente, afectando su producción, que comenzaba a caer en más de un millón de barriles en la administración peñista. La “gallina” daba señales de agotamiento y casi agonizaba cuando, desde el gobierno federal, se retiraron “en secreto” 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE, situación que contribuyó a descapitalizar a las dos empresas productivas del Estado, cuya falta de liquidez comenzaba a representar un “enorme peligro” para la estabilidad de la economía mexicana, según alertaban las calificadoras financieras internacionales.
Una investigación del diario estadounidense en línea The Huffington Post, en su edición en México, documentó en septiembre de 2016 que esos retiros al patrimonio nacional se realizaron de 2013 a 2015 mediante diversas solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada entonces por Videgaray, y firmadas por el subsecretario de Ingresos Miguel Messmacher, en las cuales se solicita a los directores de Pemex y CFE realizar los pagos correspondientes por concepto de “Aprovechamientos”. Por medio de ellos, el gobierno federal obtuvo ingresos extraordinarios que pasaban desapercibidos en el paquete económico que el Ejecutivo entrega cada año al Congreso, al ser etiquetados en el rubro de “Otros”, sin mayor especificación.
Documentos obtenidos por el Huffington Post México, a través de solicitudes de información, revelan que Pemex realizó dos pagos: uno por 65 mil millones de pesos en diciembre de 2013 y otro por 70 mil millones en diciembre de 2014, montos que en total suman 135 mil millones de pesos. Para solicitar estos retiros a las empresas públicas del sector energético, la Secretaría de Hacienda utilizó una figura legal poco conocida, llamada “Mecanismo de Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación”. Esta maniobra propicia que los recursos obtenidos así puedan ser utilizados a discreción a la hora de rendir cuentas, según ha advertido la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2014.
Nadie sabe a dónde fueron a parar esos 240 mil 518 millones de pesos extraídos de manera discrecional a Pemex y CFE. Y vuelve entonces la pregunta al Presidente, ¿quién mató a la gallina de los huevos de oro?
Notas indiscretas… Detrás de los anuncios del gobierno federal para “apoyar el patrimonio familiar” ante el aumento de las gasolinas, uno resulta tan falaz como los argumentos oficiales sobre el “gasolinazo”. El anuncio de que el gobierno busca a 3 millones de adultos mayores de 65 años para que cobren sus fondos de “ahorro para el retiro” es en realidad una estratagema para mover un fondo de 50 mil millones de pesos que, desde el año 2000, está en poder del gobierno y del que nunca tuvieron interés en buscar a sus legítimos dueños en 16 años. Ese fondo forma parte de un total de 100 mil millones de pesos de ahorros de retiro que no fueron reclamados por homonimias o personas que sólo trabajaron un año y nunca supieron que acumularon fondos de retiro. En 2003 la mitad de esos recursos, 50 mil millones se tomaron para crear la Financiera Rural, que nació en el gobierno de Vicente Fox y que sustituyó al Banrural. En ese momento Agustín Carstens era el secretario de Hacienda y José Antonio Meade fue el primer director de la Financiera que, indebidamente, tomó recursos de los trabajadores para su creación, a pesar de que diputados federales de esa época, como el priísta Samuel Aguilar, cuestionaron la legalidad de la medida. Por eso Meade sabía muy bien de los otros 50 mil millones que están ahí de esos fondos de retiro que nunca fueron reclamados, pero que tampoco el gobierno nunca se preocupó por buscar y entregar a sus verdaderos dueños. ¿Qué les hace pensar ahora que muchos de esos beneficiarios están aún vivos? ¿No será que en el fondo van a decir que después de un tiempo los buscaron y como no aparecieron el gobierno dispondrá de esos recursos como ya lo hizo ilegalmente en 2003?... En Chihuahua hay quien recuerda el dicho de que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, y lo dicen por el pleito que se trae el gobernador Javier Corral con el alcalde independiente de Ciudad Juárez, Armando Cabadas. El pleito que comenzó por la designación de Jorge González Nicolás como jefe de la Policía Municipal de Juárez por parte del alcalde, y que el gobernador impugnó por haber sido funcionario del gobierno de César Duarte, sigue escalando. Esta semana Corral estaba convocado a una reunión que delegados del gobierno federal sostendrían en Ciudad Juárez para informar las acciones que la Federación tiene contempladas en esa región del estado. A la reunión llegó Cabadas, pero nunca se presentó el gobernador, quien en un desplante le dejó todo el foro al alcalde, quien aprovechó para exponer los proyectos que su administración tiene contemplados y que requieren apoyos e inversión del gobierno federal. La meta, dijo Cabadas, es que la Federación aumente su inversión de 286 millones de pesos en 8 programas ejercida en 2016. ¿Y el gobernador? En su berrinche… Se detienen los dados. Serpiente doble. Sigue la caída.
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