Más allá de discusiones bizantinas sobre la sonrisa del secretario de Hacienda, y si ésta fue burla o si le gusta mucho a su mamá, en el Presupuesto Federal 2017 presentado por el gobierno hay dos grandes certezas: la primera, que todos, contribuyentes y ciudadanos, pagaremos los efectos de un presupuesto fuertemente recortado y recesivo que, en aras de agradar a las calificadoras internacionales —que de cualquier modo lo critican— destina más recursos a pagar deuda (568 mil millones de pesos) que a todo el gasto social en el país en salud, educación y desarrollo social (566 mil millones de pesos); y la segunda certeza es que, para pagar la deuda pública —aumentada bajo la gestión de Luis Videgaray— los que menos ponen son los altos funcionarios de la burocracia federal, cuyos sueldos no sólo permanecen intocados, sino inaccesibles e incomprensibles para la gran mayoría de mexicanos.
La alta burocracia no sufre recorte alguno en sus percepciones, publicadas en el Presupuesto del próximo año. Para ellos, cuando se trata de cobrar la quincena, no hay ni austeridad ni recorte, ni mucho menos “servicio de deuda”. De entrada, llama la atención que al reportar los sueldos de los funcionarios, la mayoría de las dependencias intentan engañar con un sueldo mensual que aparece en una primera página, en el que no incluyen compensaciones, prestaciones y otros “bonos” que se otorgan a sus titulares y directores. Esos ingresos aparecen desglosados después en otros apartados y en otras hojas, lo que aparenta que perciben un ingreso más bajo del que en realidad cobran mensualmente.
Los únicos que reportan en un solo apartado todos sus sueldos, compensaciones y prestaciones son los del Poder Judicial, lo que hace creer que son los que cobran los sueldos más altos, cuando en realidad otros funcionarios, como los del INE, Inai, Inegi, ASF o el mismo presidente de la República, lo que hacen es reportar de manera separada su sueldo mensual, sus bonos o compensaciones y sus prestaciones.
Una revisión al Presupuesto de Egresos Federal 2017 (http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2017/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf) deja ver los onerosos sueldos mensuales de nuestros altos funcionarios y gobernantes, junto a sus elevadas prestaciones sociales que, en conjunto, forman ingresos que pueden ir desde los 358 mil 654 pesos mensuales que cobra un ministro de la Corte, más aguinaldo de 380 mil pesos y prestaciones por más de 1 millón 600 mil pesos al año; hasta los 357 mil 735 que devenga un consejero electoral, más prestaciones de 1 millón 140 mil al año que incluyen aguinaldo de 537 mil pesos, seguros de vida y seguros de separación hasta por 437 mil pesos.
Eso por no mencionar los 288 mil pesos mensuales que cobra un consejero del Instituto Nacional de Evaluación más prestaciones de casi 1 millón de pesos en el año; o los 274 mil que se pagan cada mes a los consejeros del Ifetel con sus prestaciones que casi alcanzan los 900 mil pesos mensuales. En el caso del presidente de la República su percepción real mensual, contando compensaciones es de 288 mil pesos, más casi 1 millón de pesos en prestaciones anuales. Los secretarios de Estado sólo se informa de su percepción mensual de 199 mil pesos, más 40 mil pesos mensuales por seguros de vida y de riesgo, pero no se detallan otras compensaciones, bonos y aguinaldos.
En cuanto al auditor superior de la Federación, también de manera separada se reportan sus ingresos, que sumados ascienden en total a 286 mil pesos mensuales, más 1 millón 66 mil mensuales de prestaciones anuales y 867 mil como “estímulo por resultado de evaluación de desempeño”.
Un caso evidente de ocultamiento de ingresos reales, es el de los diputados y senadores. En el caso de los diputados, el presupuesto menciona que sólo reciben 161 mil 909 pesos mensuales, pero no reporta a cuánto ascienden los pagos que les dan a cada diputado por módulos de atención ciudadana o asistencia legislativa, o incluso por presidir comisiones parlamentarias que según documentó EL UNIVERSAL les pueden significar hasta 88 mil pesos mensuales. Y los senadores repiten el mismo esquema, según el presupuesto sólo cobran 227 mil 294 pesos mensuales, pero a eso hay que añadir 600 mil pesos en prestaciones, un aguinaldo no especificado y los pagos por comisiones y “apoyos legislativos”, sin contar asesores y personal de apoyo, que ni siquiera aparece reportado en el presupuesto federal.
Así, como en el juego de la matatena, al común de los mexicanos nos toca “todos ponen”, si se trata de ser “responsables” de “apretarnos el cinturón” y de “pagar deuda”. Pero a los altos funcionarios de los tres poderes o de los llamados organismos “ciudadanos autónomos” la austeridad nomás no les toca. A ellos sólo les toca “ganas todo”.
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