Al atraso y la marginación históricas que siempre lo han caracterizado, el sur de México suma ahora nuevas condiciones negativas. La ingobernabilidad y la violencia han convertido a esa región geográfica del país en una zona de caos, donde la ausencia de legalidad y el vacío de autoridad son llenados por la acción de poderes de facto que, ya sea en forma de crimen organizado, guerrillas subversivas o de organizaciones sociales de presión como la CNTE, imponen al resto de indefensos ciudadanos su ley de terror y sabotaje, ante un Estado inexistente, ineficiente y rebasado.
No es casualidad que la región del sur, formada por Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sea hoy una de las más conflictivas para Enrique Peña Nieto y que ahí se hayan generado las peores crisis sociales y políticas que han marcado a su gobierno. Si bien la problemática de esos estados no comenzó en esta administración, es un hecho que en los cuatro años que van del sexenio peñista se han agravado las condiciones de violencia, ingobernabilidad y explosividad social que afectan a esa zona.
Las imágenes de ayer en las tres entidades eran un buen ejemplo de la crisis que vive el sur. En Guerrero la violencia no cesa y tan solo en Acapulco se reportaron ayer 11 asesinatos violentos, que se suman a hechos tan graves como el asesinato en Tixtla del juez de paz, Juan Octavio Morales, acribillado por sicarios con disparos de armas de alto calibre y tiro de gracia ayer por la mañana. Apenas el sábado se habían reportado otras nueve ejecuciones en el estado, lo que confirma que a pesar de los operativos federales en marcha y las promesas presidenciales de devolverle la paz, la entidad guerrerense sigue fuera de control en materia de seguridad.
A eso se suma la situación en Oaxaca y Chiapas, donde continúan los bloqueos y plantones de la CNTE que ya ocasionan pérdidas millonarias a comercios y negocios que resienten la caída en sus ventas ante el sabotaje del magisterio. Tan sólo en Oaxaca más de 2 mil 600 negocios han cerrado por los bloqueos magisteriales, y ayer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CESP) revelaba a EL UNIVERSAL que, aunque no hay un cálculo preciso ni exacto, se estima que las protestas de la Coordinadora en varios estados se estiman en 4 mil 200 millones de pesos, además del impacto a las actividades productivas en esas entidades.
Ayer el Consejo Coordinador Empresarial, que junto a la Coparmex se reunieron con el presidente en Los Pinos el pasado 22 de junio y le pidieron acciones para apoyar a las empresas y negocios de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, emitió un nuevo llamado a los gobiernos federal y estatal para que actúen ante el nivel de “disrupción de la legalidad el orden y la paz pública” en esas entidades. “Ya basta; los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado”, dijo ayer Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, al advertir del riesgo de que, por encontrar una solución negociada, el gobierno ceda en la aplicación de la ley y de la reforma educativa.
Hoy, tras ver las imágenes en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, que protestaban contra la reciente visita del presidente de México y le recordaban la muerte no aclarada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (algo que se repite a cualquier país del mundo que visita), no hay duda de que el sur es la región que marcará la gestión de Enrique Peña Nieto. Y falta ver cómo resuelve el laberinto sin salida en que se le ha convertido el conflicto de la CNTE y el estrangulamiento, que ya provoca hartazgo y cansancio ciudadano, en Oaxaca y Chiapas.
El sur está en llamas. Y no se ve cómo este gobierno, a dos años de su fin, pueda apagarlo.
NOTAS INDISCRETAS…La noticia y la imagen difundida por EL UNIVERSAL desataron indignación: agentes de la Policía Fiscal del SAT decomisaron y destruyeron un cargamento de mochilas llenas de útiles escolares y artículos de higiene que serían donadas a niños de escasos recursos en Coahuila. El argumento fue que “no habían pagado impuesto de importación”, a pesar de que se trataba de materiales que la iglesia Stepping On Waters traía desde Oklahoma, Estados Unidos, para donarlos a niños pobres de Coahuila. ¿Así es como el SAT de Aristóteles Núñez demuestra su ferocidad, destruyendo útiles escolares para niños mientras a empresarios que evadieron impuestos en los Panamá Papers no los toca ni con el pétalo de una auditoría? Vaya valor, don Aristóteles…Los dados abren con Serpiente. Mal inicia la semana.
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