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¿Quién habrá desviado más recursos o habrá obtenido mayores beneficios por hacer operaciones indebidas con recursos presupuestales, los líderes de la CNTE o algunos ex gobernadores o gobernadores en funciones?
La pregunta vale porque después de ver la manera enérgica en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto actuó contra los dirigentes de la conflictiva Sección 22 del magisterio —a los que detuvieron y encarcelaron la madrugada de ayer acusados de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita— no queda duda: el gobierno está dispuesto a todo, incluida la fuerza del Estado, para defender su reforma educativa ante el embate radical de la disidencia magisterial.
La captura de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, números 1 y 2 de la CNTE en Oaxaca, con sendas órdenes de aprehensión y su traslado inmediato a un penal federal en Hermosillo, Sonora (el mismo al que mandaron al líder de autodefensas michoacano, José Manuel Mireles), es todo un mensaje para los maestros disidentes que se oponen a la reforma con paros, plantones y actos de sabotaje cada vez más radicales en Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México. En vez del diálogo que exigían los maestros, y que empezaban sectores de las entidades mencionadas, ante la negativa reiterada del secretario de Educación, Aurelio Nuño, la respuesta federal es el sometimiento (por la fuerza y por la vía de acusaciones judiciales a sus líderes) del movimiento opositor a la reforma educativa.
Esa es una decisión política y de Estado ante un movimiento que se radicalizaba cada vez más en sus protestas y para frenarlo y desmantelarlo, el gobierno peñista apostó al expediente de la corrupción de sus dirigentes, curiosamente el mismo que utilizó en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, quien fue apresada por los mismos delitos (lavado y operaciones con dinero de procedencia ilícita) y también por oponerse a la reforma educativa del Presidente. Nada mal el cálculo gubernamental que, seguramente logrará muchas adhesiones de quienes aplaudan que se castigue a los líderes de la Sección 22, acusados de enriquecerse gracias de sus agremiados y al presupuesto educativo; ya lo hizo una vez con la captura de Gordillo, que le generó a Peña Nieto uno de sus mejores momentos de aprobación en las encuestas.
Pero aquí surgen dos dudas fundamentales: la primera, para desarticular a todo el movimiento disidente del magisterio, ¿van a encarcelar a todos los líderes, también a los de Chiapas, Guerrero, Michoacán o la CDMX?, ¿o cómo evitarán que los detenidos Núñez y Villalobos, junto con otros dirigentes menores, se conviertan en “mártires” para la combativa CNTE y que ésta escale y aumente su protesta y su radicalización, lejos de pararla?
Y la segunda duda, relacionada con nuestra pregunta inicial, es si el expediente de la corrupción, que decidió aplicar el Presidente y su gobierno a la disidencia magisterial, también se utilizará en contra de políticos (gobernadores, ex gobernadores de cualquier cargo público) señalados por desvíos millonarios de recursos públicos y también por amasar enormes fortunas bajo sospecha de corrupción. Porque a muchos nos gustaría —y seguro también daría puntos en las encuestas al Presidente— ver la misma energía y la fuerza del Estado utilizada para capturar a los líderes magisteriales, acusando y deteniendo a un Javier Duarte, a un Ángel Heladio Aguirre o a un Guillermo Padrés, sólo por mencionar algunos de muchos políticos ligados a escándalos de corrupción. O qué, ¿la cárcel sólo es para los disidentes y para los amigos pura gracia y protección?
NOTAS INDISCRETAS… El tuit de Peña Nieto, con el que lamentó ayer la muerte de 50 personas en un bar gay de Orlando, Florida, calificado por el presidente Obama como el tiroteo “de odio y terror más letal en la historia de Estados Unidos”, provocó reacciones en redes sociales. Algunos usuarios se preguntaron (sin restar importancia a un hecho de homofobia tan lamentable y condenable en el vecino país) dónde estaba el tuit del mandatario mexicano cuando atacaron a un bar gay en Xalapa, el pasado 22 de mayo, donde murieron cuatro personas y 13 más resultaron heridas. O incluso cuestionaron por qué no hubo condolencias y mensaje del Presidente cuando esta semana 11 integrantes de una familia en Coxcatlán, Puebla, fueron asesinados brutalmente a manos de un joven que violó a una de las hijas de esa familia sin recibir castigo. ¿Será que no eran estadounidenses y por eso sus vidas valen menos?.. Los dados mandan Serpiente doble. Mal inicio de semana.
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