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Tres palabras resumen, casi una semana después, lo que ocurrió en las elecciones estatales del 5 de junio en 14 estados y sus respectivas campañas: suciedad, incertidumbre y sorpresa.
La suciedad fue más que evidente y nos dejó, a electores y actores políticos, la sensación de que, en la necesaria transparencia y denuncia a que se deben someter los candidatos en campaña, hubo excesos que rebasaron toda lógica de competencia democrática civilizada al abusar de denuncias y filtraciones anónimas en redes sociales que pierden consistencia y rayan en calumnia y difamación sin elementos probatorios.
La incertidumbre todos la vivimos cuando, semanas antes de los comicios y la misma noche de las votaciones, las cerradas contiendas, combinadas con la excesiva lentitud con que fluyeron los resultados oficiales, los errores de las encuestas y la actitud temeraria e irresponsable de los partidos y sus candidatos, generaron una dinámica de confusión y caos en donde todos se proclamaban ganadores.
Y finalmente la sorpresa cuando, después de la media noche —y en algunos casos antes con los conteos rápidos oficiales y particulares— tomó forma la debacle histórica del PRI, que perdía bastiones importantes por primera vez a manos de un PAN ganador, un PRD que se oxigenaba con las alianzas, y una fuerza emergente, Morena, que si bien no lograba ganar gubernaturas confirmaba su tendencia creciente.
Hoy los análisis, comentarios y las tan gustadas “lecturas” en el mundo político han repasado hasta el cansancio las causas y factores que contribuyeron a esos resultados: que si fue “un voto de castigo” contra la corrupción y la indolencia del gobierno de Peña Nieto que ve “mal humor social” donde hay niveles de auténtico enojo; que si fueron los gobernadores del PRI, corruptos e incapaces que desataron la ira de sus gobernados que salieron masivamente a votar en su contra; que si fue la inseguridad y la violencia en algunas regiones lo que provocó el rechazo de los votantes; que si fueron las alianzas PAN-PRD que funcionaron contra el PRI; que si fue el aviso de lo que viene en 2018 ante la decepción peñista; o que si, en medio de la irritación y el desencanto, los electores prefirieron la opción conservadora y conocida del panismo a la propuesta radical de López Obrador y su Morena, que ya no tienen el monopolio de la inconformidad. En fin, tantas interpretaciones y respuestas como se quiera ver.
Lo que es un hecho es que, pasados los comicios y en espera de la etapa de impugnaciones y recursos legales a los que tienen derecho los partidos (que en algunos casos sólo dan “patadas de ahogado”, aunque en otros sí vuelcan auténticos ejércitos de abogados en busca de modificar, revertir o de plano anular los resultados), la vida de los estados y de la República continúa y, poco a poco, las aguas que la turbulencia electoral agitaron vuelven a su cauce.
Diálogo, cárcel o reconciliación. Hay estados donde el eco de los tambores de guerra permanece y se escuchan amenazas de “cárcel” para los gobernadores salientes, como en Chihuahua o Veracruz, donde los ganadores, Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, afirman que cumplirán su principal promesa de campaña, que fue llevar a juicio y al banquillo de los acusados a los mandatarios en turno, en medio de la expectativa de muchos y el escepticismo de otros. Pero también hay casos en los que, terminada la disputa por el poder, retorna el diálogo y la política.
Por ejemplo, los “primos” de Veracruz, que se enfrentaron en campaña, ya se reunieron a comer el miércoles pasado en una mesa de un concurrido comedero político de La Alameda Central, en la Ciudad de México. Ahí, a Héctor Yunes y Miguel Angel Yunes, los vieron de lo más tranquilos departiendo, en un encuentro que deja claro que el pleito no era de familias, sino de enemigos políticos, pues mientras Yunes Linares hace las paces con su primo, se enfrasca en una nueva confrontación pública con el gobernador Javier Duarte, a quien, reitera, llevará a la cárcel.
La respuesta de Duarte, con un mensaje beligerante, en el que se defiende de las acusaciones del panista Yunes, a las que califica “de balandronadas y amenazas” y señala que “quien hoy agrede y vocifera… tiene un pasado de corrupción y perversiones que trata de ocultar bajo un ridículo disfraz de justiciero y vengador”, dijo en clara alusión al virtual gobernador electo. Rechazó las acusaciones de desvíos y dijo no temer “a los que usan la violencia verbal”. Al mismo tiempo, Duarte anunció la promulgación de una reforma constitucional, aprobada por el Congreso estatal, que elimina el fuero del gobernador del estado, en lo que se interpretó como una amenaza al gobernador entrante, quien dijo, sí tiene “denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona”.
El mismo nivel de encono se observa aún en Chihuahua, donde el ganador de la elección del 5 de junio, Javier Corral, ha dejado claro que el ofrecimiento de “castigo a la corrupción” que lo llevó a derrotar de manera contundente al priísmo en la entidad, no fue sólo un discurso de campaña. “No tiene vuelta de hoja, estoy convencido de que para reconciliar la diversidad política en la unidad, debemos pasar por el encarcelamiento de César Duarte. La sociedad chihuahuense no encontraría motivos verdaderos para unificarse, si primero no se hace justicia… Esa denuncia es un expediente hoy voluminosos, muy robusto, en donde ya se contienen los elementos suficientes para ejercer acción penal en contra del gobernador; en eso no hay titubeo ni retractación alguna”, dijo el virtual gobernador electo a EL UNIVERSAL esta semana.
Y mientras en Veracruz la guerra política no cesa, aún después de los comicios, en Quintana Roo, donde la lucha fratricida entre priístas y familias terminó en ruptura y en la primer derrota del PRI en los 42 años de existencia de ese estado, el gobernador Roberto Borge dejó a un lado el dolor de la derrota y buscó telefónicamente a su odiado rival, Carlos Joaquín González. Los dos se reunieron el martes por la tarde en la casa de Gobierno, en Cancún, y hablaron de iniciar, lo más pronto posible, la transición de la administración estatal. Eso no quita, dicen los joaquinistas, que haya habido pacto de impunidad y el compromiso del gobernador electo, de investigar la deuda de 25 mil millones de pesos que dejará Borge al estado, se mantiene.
Más allá de la forma en que los partidos diriman las diferencias, sea por los cauces institucionales o sea por la vía de llevar a la justicia a los gobernadores salientes, a nadie debe escaparse el principal mensaje que los votantes mandaron en estos comicios: el hartazgo ciudadano, expresado en forma de votos, puede derrotar no sólo a la más poderosa maquinaria partidista, sino que tiene la capacidad, aún en medio de la incipiente e imperfecta democracia mexicana —sometida todavía a la coacción, la compra y el tráfico de votos por la pobreza— de ejercer con decisión el “voto de castigo” ante los gobernantes ineptos, frívolos o corruptos. Y que cada quien tome el adjetivo que le quede.
Y en ese mensaje contundente, que sacudió a la clase política y gobernante, las elecciones locales tuvieron la tarea de recomponer el escenario político, que fue uno antes del 5 de junio y es otro a partir de los resultados de esas votaciones —al menos en lo que se refiere al equilibrio de fuerzas rumbo a la sucesión presidencial—, al mostrar a un PRI no tan fuerte como se creía, a un PAN que capitalizó el descontento social, a un PRD que sólo sobrevivió con las alianzas, y un lopezobradorismo que, aunque creciente, ya no tiene el monopolio de la inconformidad social contra el gobierno de Peña Nieto, que hasta ahora había detentado.
Notas indiscretas… La llegada de la Policía Federal ayer a Chiapas parece la señal de que, ahora sí, después de varias semanas de que dejaron complicarse las cosas en ese estado por la insurgencia radical de la CNTE, el gobierno federal parece decidido a ir al rescate del vapuleado gobernador Manuel Velasco. Y es que en varias visitas que hizo a Los Pinos y a Gobernación, el mandatario chiapaneco se quejaba de que no tenía ni margen ni capacidad de maniobra para resolver el conflicto con el magisterio, al tratarse de un problema federal y ante la posición de cerrazón al diálogo que sostiene en la SEP Aurelio Nuño. De hecho, en el gobierno chiapaneco estaban convencidos de que, lejos de buscar ayudarles con el endurecimiento de las protestas magisteriales, a las que se sumaron varios grupos y organizaciones radicales en la entidad, desde el despacho de la SEP les mandaban “dardos envenenados” que en poco ayudaban a distensar el ambiente. Tal vez por eso, aún antes de la llegada de los federales, que ayer arribaron en un número importante al estado, el gobernador Velasco había comenzado a ejercer la fuerza pública con la policía local y había contenido varias acciones del magisterio que, sin embargo, mantiene secuestrada la actividad en Tuxtla Gutiérrez y en al menos 60 municipios del estado con acciones cada vez más radicales. Y en medio del caos que vive el estado, sólo una voz insistía en la necesidad de diálogo, la del senador Luis Armando Melgar que, tomando distancia de la cerrazón federal y del rebasamiento del gobierno estatal, ha esgrimido la necesidad de que se instale una mesa de negociación para poner fin al conflicto que tiene hartos y al borde del colapso a los chiapanecos. ¿Será que el presidente Peña Nieto ya decidió ir al rescate de su amigo el gobernador Velasco?.. Los dados mandan Escalera Doble. Bueno el tiro.
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