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Una vieja práctica de las autoridades mexicanas es negar lo que no quieren que se sepa y tratar de construir, a fuerza de “versiones oficiales”, la realidad y su verdad. Los ejemplos de esa política de comunicación, basada en la vieja máxima de negar hasta lo evidente, sobran. Y van dos recientes. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo el miércoles 24 de febrero al mediodía, a periodistas locales y corresponsales en su estado, que ese mismo día viajaría a la Ciudad de México para sostener una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Los reporteros preguntaron el motivo de esa reunión que él mismo anunció y si tenía que ver con rumores que campeaban sobre su posible dimisión al cargo y el gobernador les respondió:
“No le voy a solicitar nada (a Osorio Chong), es una de las reuniones que tenemos de forma periódica. Los gobernadores tenemos una comunicación permanente con quien es el responsable de la política interior del país y como parte del Sistema Nacional tanto de Seguridad, como de otros temas”, les dijo. Y abundó: “De manera constante evaluamos, comentamos y generamos este tipo de reuniones para fortalecer aún más la vinculación entre las entidades federativas y el gobierno de la República”.
Tras la confirmación de Duarte, esa misma tarde varios periódicos y portales de internet consignaron la noticia de la que dijeron “no hay información oficial”. Y nunca la hubo, pero el anuncio que Duarte hizo del encuentro nunca fue desmentido ni se negó la reunión. El sábado, en este espacio, consignamos que dicha reunión, oficialmente era negada por voceros de la Segob, se llevó a cabo y que, según fuentes cercanas, en ella se trató el tema de la situación social y política de Veracruz, con una recomendación del funcionario federal para que el gobernador “valorara los riesgos de continuar en el cargo”. Y ante esa recomendación, según nuestras fuentes, el gobernador habría pedido continuar y que se le diera la oportunidad de enfrentar la inestabilidad y denuncias en su estado.
Ayer, después cinco días, Javier Duarte salió en inusual conferencia acompañado de su esposa, de su gabinete en pleno y de diputados locales y federales del PRI a desmentir lo que él mismo dijo a los medios el 24 de febrero: “Es falso. No hay ni una oportunidad, ni tiene por qué habérmela dado (Osorio). La oportunidad me la dio el pueblo veracruzano, que es al que me debo”, dijo grandilocuente el mandatario veracruzano que negó haberse reunido con el titular de Segob, aunque sí confirmó su viaje del miércoles a la Ciudad de México.
El otro episodio reciente que confirma la inconsistente y cambiante información gubernamental, ocurrió también la última semana y tiene que ver con el caso de Humberto Moreira, en España. El diario español El País documentó en dos reportajes (22 y 28 de febrero) versiones que ya habían circulado en la prensa mexicana sobre “apoyos” federales en el proceso judicial y la liberación del ex líder priísta en España. “El gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, dijo el diario en su edición internacional.
La única respuesta oficial a esos señalamientos la dio el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, el 23 de febrero, desde Ciudad Juárez, donde negó “cualquier gestión” del gobierno de México para liberar a Moreira. “Eso no quiere decir que no hiciéramos preguntas para conocer la circunstancia de un mexicano en otro país, respecto de su detención, pero descarto alguna gestión para su liberación”, dijo Osorio.
Pero ayer, cuando de nueva cuenta El País volvió a la carga y documentó que el agregado diplomático de la PGR, Abraham Pérez Daza —hermano del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza— recogió y trasladó en un auto oficial, en el aeropuerto, a los abogados de Moreira, el mismo Osorio precisó sus dichos de antes y habló sólo por la Secretaría de Gobernación para decir que “no intervino de ninguna manera en apoyo a Moreira”, por lo que pidió a los medios “hacerle las preguntas correspondientes a la SRE y a la PGR”.
Mientras la procuradora Arely Gómez reconoció que sí habló con la fiscal española para “conocer detalles del caso (Moreira)”, pero negó que su llamada fuera irregular. Eso sí, la misma procuradora dijo que su agregado diplomático en España ya fue llamado a cuentas por el órgano interno de control de PGR para que explique “las gestiones que realizó para ayudar a Humberto Moreira”. ¿Y entonces, dónde está la verdad y dónde la mentira?
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