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El estado actual del caso Ayotzinapa depende mucho del cristal con que se mire. Si se trata del cristal del Presidente de la República, la masacre de 43 estudiantes es algo que ya no debe recordarse —“¡Ya supérenlo!”, pidió a padres de las víctimas— y si es posible esa tragedia debe olvidarse y omitirse de la historia para recordar a Iguala sólo como el lugar donde se firmó el Plan de Independencia que dio origen a nuestra primera Bandera nacional y no como escenario de la barbarie; pero si la óptica es la del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que padece y enfrenta todos los días la inestabilidad y violencia en ese estado, entonces la desaparición de los 43 normalistas es “una herida profunda, que no puede ignorarse ni olvidarse hasta en tanto no se esclarezca lo sucedido”.
Porque mientras para el presidente Enrique Peña Nieto la investigación del caso Ayotzinapa ha sido “profunda y transparente” y “durante año y cinco meses el Estado ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia”, para el gobernador Astudillo los hechos del 26 de septiembre no se han esclarecido “a profundidad” ni se ha sometido a la ley “a todos los responsables”, lo que convierte a la tragedia de Ayotzinapa en “una herida sin sanar”, en donde “gente inocente perdió la vida o resultó herida”.
Y así las opiniones discordantes siguen, dependiendo a quién se le pregunte. Para los padres de los 43 estudiantes, por ejemplo, Ayotzinapa sigue siendo un tema sin justicia y el Estado no ha respondido a sus reclamos de conocer el destino final de los cuerpos de sus hijos; o si se le pregunta a los expertos internacionales del GIEI o a los Forenses Argentinos —a los que Peña reconoce como “colaboradores” de la investigación oficial— los cuerpos de los 43 normalistas no pudieron ser quemados en un basurero en Cocula y por tanto la investigación oficial ha mentido sobre la forma y el lugar donde los desaparecieron. Si la misma pregunta es abierta a la sociedad, la respuesta sería totalmente disímbola: por un lado están los que piden ya cerrar el tema de esos “muchachos revoltosos que se lo buscaron”, y por otro los grupos que al grito de “fue el Estado” y “vivos los queremos”, han vuelto el caso un tema político a nivel internacional contra el gobierno de Peña Nieto.
Pero más allá de las visiones encontradas, llama la atención la premura del Presidente por borrar del discurso y de la historia la desaparición y muerte de los 43 normalistas, como hizo ayer en su primera visita a Iguala desde que ocurrió la masacre del 26 de septiembre de 2014, para celebrar el Día de la Bandera. Peña Nieto ni siquiera mencionó en su mensaje a los 43 normalistas y más bien habló de una investigación concluida, cuando su misma procuradora, Arely Gómez, ha afirmado que “el caso Ayotzinapa aún está abierto y las investigaciones continúan y no se cerrarán” porque “la prioridad es el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad”.
¿Cuál es entonces la prisa del Presidente por desaparecer de la memoria histórica un caso que, a decir de su propio gobierno, aún está abierto? Es cierto que a Iguala se le debe recordar como la cuna donde se firmó la independencia de México entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en un Plan que dio origen a la nación independiente que ahora somos y a la bandera tricolor que nos representa. Pero también Iguala será recordada, lo quiera o no el Presidente, por el horror que vivieron no sólo los 43 normalistas, sino otros habitantes que aquella noche fueron víctimas de la violencia, y por ser ejemplo de la peor corrupción y colusión entre el crimen organizado y la autoridad municipal, que ocurría a los ojos de los gobiernos estatal y federal, que nunca hicieron nada hasta que sobrevino la tragedia. Decía Cicerón que “los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”; pero Peña nos pide olvidar, “superar” y enterrar aquella tragedia.
NOTAS INDISCRETAS… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó anoche al INE restablecer la difusión de los promocionales del candidato panista en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los magistrados federales revocaron los fallos del INE y de la autoridad electoral tamaulipeca, al considerar que el candidato del PAN sí se separó a tiempo del cargo de senador (120 días antes) por lo que cumple con los requisitos de elegibilidad. Ahora sí, que comience la disputa de cárteles, perdón, la disputa electoral en Tamaulipas… Los dados mandan Serpiente. Falla el tiro.
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