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La política antidrogas de México dio ayer un giro importante con la decisión del gobierno federal de extraditar, de golpe y en un mismo día, a 13 narcotraficantes juzgados y sentenciados que purgaban condena en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, para ser procesados y juzgados en distintas Cortes de Estados Unidos por delitos como narcotráfico, asociación delictuosa, lavado de dinero y homicidio de agentes y ciudadanos estadounidenses.
La extradición masiva se da luego de que hace dos meses y medio la fuga de Joaquín Guzmán evidenció la vulnerabilidad del sistema de seguridad y procuración de justicia, aún en cárceles de “máxima seguridad”, y responde a presiones de Washington y a acuerdos bilaterales para que México flexibilice su política de extradiciones, para evitar que se repita lo sucedido con Guzmán Loera, cuya extradición fue negada por el gobierno mexicano en mayo pasado, por inconsistencias en una primera solicitud de Estados Unidos. Dos meses después el capo más buscado por la DEA se escapó por un túnel, justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto y la mayor parte de su gabinete estaban de gira en Francia.
Fuentes federales confirmaron que la petición de extradición del Chapo Guzmán, que según la procuradora Arely Gómez se formalizó el 25 de junio pasado —dos semanas antes de su fuga— no fue la primera. “Antes de esa solicitud hubo otra que fue analizada por el gobierno mexicano y fue rechazada por estar mal planteada”, señaló la fuente consultada.
En ese contexto se decidió que Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, del Cártel de los Beltrán Leyva, y Eduardo Costilla Sánchez El Coss, del Cártel del Golfo, junto con otros 11 sicarios, jefes de plaza y lugartenientes de diversas organizaciones, fueran enviados para su enjuiciamiento en Cortes de Texas, Louisiana, Illinois, Arizona, Arkansas y California, que los reclaman por diversos delitos.
El próximo en la lista de “extraditables” mexicanos sería Ismael Zambada Imperial, El Mayito Gordo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, actual líder del Cártel del Pacífico. El pasado 10 de septiembre un juez federal autorizó la extradición del hijo mayor de Zambada, luego de que una Corte del Sur de California, con sede en San Diego, lo reclamó el 25 de julio de 2014 por tráfico de mariguana, heroína y cocaína por la frontera con Estados Unidos. El Mayito Gordo podría ser extraditado en las próximas horas desde el Penal de Puente Grande donde fue recluido, tras ser detenido en 2014 por la Marina en Sinaloa.
Coincidentemente, ayer se conoció el testimonio de Adalberto Salles Gallegos ante esa misma Corte de California, donde el testigo declaró que Ismael El Mayo Zambada, junto con sus hijos Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo e Ismael Zambada Sicairos (El Flaco), “han lavado parte de su fortuna en Los Ángeles, California”, a través de una red de comercios y empresas que les facilitaban las operaciones para después ingresar el dinero “lavado” a México, en donde era depositado “en bancos y casas de cambio”.
Está claro que la política de extradiciones se agilizará en México y que el destino de varios capos del narcotráfico que hoy purgan condenas aquí o se encuentran prófugos, serán las cárceles de Estados Unidos, en un notorio giro de la posición mexicana, que históricamente era más reacia a la extradición de grandes capos. En esa lista de “extraditables” también está Joaquín El Chapo Guzmán, si es que es capturado, y seguramente varios jefes más del narcotráfico mexicano a los que, para evitar otro ridículo monumental por fugas de los penales, enviarán al destierro judicial en suelo estadounidense.
NOTAS INDISCRETAS… Voceros del secretario de Gobernación se comunicaron ayer a esta columna para comentar que cuando habló ante el Senado de la inexistencia de “facultades del Estado mexicano”, Miguel Osorio se refería a las 10 reformas que propuso el presidente Peña Nieto en diciembre de 2014 para ampliar la injerencia federal en la seguridad de los municipios, cuya aprobación sigue pendiente en el Congreso. El secretario no ignoraba, siguieron sus voceros, que existieron averiguaciones previas en contra de José Luis Abarca y su esposa anteriores a los hechos de Iguala, donde murieron 43 normalistas. “Se estaba investigando, se avanzaba en la indagatoria y, antes de que ocurriera esa tragedia lamentable, estaba por detenerse a Abarca por el delito de enriquecimiento ilícito, que era el más avanzado y probado. Pero el tiempo nos ganó”, dijeron los voceros de Osorio. Si el hubiera existiera… Los dados mandan Escalera. Buen tiro.
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